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Trump, a punto de evadir controles ambientales para infraestructura

La orden ejecutiva dada dentro de una declaratoria de emergencia busca reactivar la economía afectada por la pandemia a través de permisos más laxos y rápidos para proyectos de infraestructura.


Donald Trump continúa golpeando las leyes de protección medioambiental existentes en Estados Unidos. Es así como en su búsqueda por reactivar la economía, duramente afectada por la pandemia del coronavirus, decidió aprobar una serie de reformas para facilitar y acelerar los procesos de aprobación de proyectos de construcción de infraestructuras. 

Las nuevas medidas suponen cambios en las regulaciones que se encuentran contempladas en la Ley Nacional de Protección Ambiental de 1970 y hacen parte de la Política Nacional Medioambiental (NEPA, en sus siglas en inglés). 

Entre las modificaciones más importantes se encuentran la reducción en un 70% del tiempo en la aprobación de este tipo de iniciativas, las cuales tardaban, en promedio, siete años, y ahora se demorarán máximo dos años, así como el levantamiento de los estudios de impacto ambiental para 
la mayoría de los grandes proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras, minas y tuberías.

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En otras palabras, reducirá el número de proyectos que deberán ser sometidos a los estudios de impacto ambiental, liberando de ese requerimiento a los que no tengan fondos federales significativos.  

De igual manera, también contempla acelerar proyectos de obra civil que serían ejectutados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de otras autoridades en tierras federales, dando pie a las perforaciones o excavaciones, o el paso de oleoductos. De la misma forma, permitiría a las agencias federales utilizar "documentos de carácter estatal, local y tribal" para elaborar de los informes ambientales y autorizaría que los patrocinadores de los proyectos sean los responsables de redactar dichos estudios.

"Por primera vez en más de 40 años, hemos aprobado una nueva regla dentro de NEPA para acabar completamente con la disfunción burocrática del sistema", sostuvo Trump en una conferencia de prensa.

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Según el mandatario, las demoras innecesarias niegan a los ciudadanos oportunidades de empleo, de seguridad económica y dificultan la recuperación de la economía, a partir de la emergencia nacional, manteniendo a millones de estadounidenses sin trabajo. 

"Lo que se  quiere es que se construya una obra más grande, mejor, rápido y a menor costo”, dijo Trump, quien prometió que no se detendrá “hasta que la reluciente nueva infraestructura nos haya hecho de nuevo la envidia del mundo. Solíamos ser la envidia del mundo y ahora somos como un país del tercer mundo. Es realmente triste”, explicó. 

Así mismo, el presidente firmó una orden ejecutiva destinada a hacer cientos de desregulaciones por motivos del coronavirus. "Hemos tenido casos en donde se llevaría 20 años para construir una autopista", dijo el presidente Trump.

Ambientalistas, preocupados por impacto de nuevas normas

Esta medida ha sido fuertemente criticada por los activistas ambientales que aseguran que este nuevo paquete de normas laxativas no tienen en cuenta el efecto ambiental que puede generarse, debido al incremento de la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.  

Ante esta situación, los demócratas denunciaron la orden. "Es una amenaza directa para el medio ambiente y a un sinnúmero de comunidades vulnerables que se ven desproporcionadamente afectados por la crisis climática", dijo la presidente de la cámara de representantes Nancy Pelosi, quien agregó que "sin estas medidas de seguridad importantes, los contribuyentes estadounidenses podría gastar miles de millones de dólares en proyectos que destruyen ecosistemas y especies en peligro de extinción".

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Mientras tanto, el líder de la miniría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que Trump con esta orden dejó en claro su "total desprecio para aquellos que hablan y de luchar por la justicia racial y un medioambiente sostenible". Sostuvo, además, que las revisiones ambientales son fundamentales para la protección de la salud pública y una de las últimas líneas de defensa para dar voz a las comunidades de color, los indígenas y los pobres ante los grandes proyectos de infraestructura que ocurren en sus patios traseros de las casas," dijo Schumer.

Ahora la propuesta regulatoria se someterá a una fase abierta a comentarios públicos que durará dos meses y no entrará en vigor sino solo hasta el otoño, de llegar a ser aprobada. Lo cierto, hasta entonces, es que están garantizadas varias demandas ante los tribunales para prevenir "la estrategia de acoso y derribo de la administración actual, a la regulación y la protección del medioambiente", indicaron los demócratas.