La UE reduce drásticamente reuniones presenciales a causa de la pandemia

No obstante, la presidencia del Consejo Europeo advirtió que sería "virtualmente imposible" aproximar posiciones entre los eurodiputados sobre el presupuesto a largo plazo del bloque sin que haya conversaciones cara a cara.

Bruselas, sede de las principales instituciones de la UE, tiene una de las tasas de infección por la covid-19 más altas del mundo, en coincidencia con una segunda ola de la pandemia que arrasa Europa.

Lea también: Chilenos aprobaron por mayoría cambiar la Constitución de Pinochet

Una cumbre de la UE tuvo que ser interrumpida este mes después de que tres líderes tuvieron que autoaislarse por haber estado en contacto con personas positivas al virus, y dos ministros de Relaciones Exteriores y un Primer Ministro también fueron contaminados.

Gran parte del trabajo diario en la Comisión Europea y el Consejo se lleva ahora a cabo mediante teletrabajo, y el Parlamento Europeo optó por omitir una sesión plenaria en Estrasburgo.

Sin embargo, los líderes temen que algunos problemas -en particular la disputa sobre los términos del marco presupuestario de siete años de la UE por valor de aproximadamente un billón de euros- solo podrán resolverse después de una negociación en persona.

"Solo las reuniones esenciales necesarias para el funcionamiento de la UE o para coordinar la respuesta a la crisis de la covid-19 continuarán teniendo lugar en persona, y solo con la condición de que se puedan observar estrictamente todas las normas sanitarias y de distanciamiento social", dijo un portavoz de la UE.

Estas medidas, añadió, "se aplicarán mientras la situación de la pandemia en Bruselas lo requiera".

Lea también: OMS advierte sobre "aumento exponencial" de la pandemia

Los líderes de la UE han acordado en principio los términos de un paquete de recuperación pospandemia de 750.000 millones de euros, respaldado por un presupuesto de 1,07 billones de euros para cubrir el gasto de la UE en 2021-2027.

La UE todavía está dividida sobre una propuesta que vincula el acceso de los países a los fondos de la UE y el estado de Derecho en cada uno de ellos.