Caraballeda: la última opción antes de perder nuestros derechos

Se cumplen treinta años de la concertación de la llamada “Hipótesis de Caraballeda”, el acuerdo al que se llegó entre Colombia y Venezuela sobre la delimitación marítima entre los dos países.

No obstante que fue un capítulo fundamental de la política exterior colombiana y la explicación de muchas de nuestras diferencias con Venezuela, prácticamente se olvidó. Fue además la demostración fehaciente de que los militares son los que imponen la política exterior venezolana, cualquiera que sea el tipo de gobierno que rija al país.

Después de muchos fallidos intentos, en 1979 los presidentes Turbay Ayala y Herrera Campins, acordaron reanudar las negociaciones para la delimitación marítima entre los dos países. Presidí la delegación de Colombia, de la que hacían parte cuatro distinguidos juristas, dos del partido liberal y dos del conservador.

El equipo colombiano, después de cada reunión, informaba discretamente de sus desarrollos a los principales estamentos nacionales. En 1980 se llegó finalmente a un acuerdo.

En cuando a la delimitación se promediaban las posiciones de las partes; se establecía que el Golfo de Venezuela, sería compartido, incluyendo derechos de navegación y pesca para los buques de ambos estados; y, se acordaba la explotación conjunta de los yacimientos petroleros existentes en el área litigiosa.

Colombia quedaría con más del 60 % de los 10000 millones de barriles de petróleo que ECOPETROL, erróneamente, calculó en ese entonces que existían. Una cantidad enorme, si se tiene en cuenta que ahora, con todo el avance de la tecnología exploratoria, en todo nuestro país podrían existir unos 1500 millones de barriles de reservas.  

Nuestro país, en ese entonces importador de petróleo y que tenía que invertir buena parte de sus ingresos para ese fin, pasaría de la noche a la mañana de la pobreza a la opulencia.

Igualmente, Venezuela se comprometía a vender petróleo a Colombia al precio congelado en la fecha de la firma del acuerdo. La diferencia entre éste y el precio en el mercado mundial, serviría para financiar obras de desarrollo en la frontera colombo-venezolana, incluyendo la preservación de las cuencas hidrográficas comunes. 

Cuando la delegación de Venezuela informó del acuerdo a 2000 oficiales en la Escuela Militar en Caracas, se produjo una bronca que ni el ministro de defensa pudo contener. El canciller y los delegados tuvieron que salir apresuradamente del recinto.  

El expresidente Caldera llamó a su copartidario, el presidente Herrera, y le advirtió que era inminente un golpe militar para derrocarlo por el proyecto de tratado, y que, para evitarlo debía llamar de inmediato al mando militar y a los jefes de los partidos, para asegurarles que no lo firmaría, a menos que hubiera un consenso nacional. Lo que era una utopía, ya que después del incidente, el consenso existiría, pero en sentido contrario.

En una alocución televisada al país, el presidente así lo expresó. Agregando que el acuerdo era simplemente una “hipótesis”.  

Los militares venezolanos exigieron la compra de aviones de combate y de buques de guerra, para imponer a Colombia la exclusión del Golfo del que es ribereño. Esa es la situación actual que nuestro país olvidó, como sucedió por muchas décadas con la periferia nacional. Es casi que un tema incómodo.  

Los tratados sobre solución pacífica de controversias no pasarán de ser para Venezuela “simples pedazos papel” como le dijo el canciller de Alemania Von Betchan-Holfwerg al embajador británico antes de la Primera Guerra Mundial.  

(*) Decano de la facultad de estudios internacionales, políticos y urbanos de la universidad del Rosario.