IMPACTO
Los 9 municipios que le dijeron No a la minería usando la consulta popular
En los últimos 5 años los ambientalistas frenaron con contundencia en las urnas a las empresas mineras. Con la reciente decisión de la Corte Consitucional en el caso de Cumaral, ese mecanismo pierde a futuro sus efectos en el tema extractivista.
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Desde 2013, cuando se hizo la primera consulta popular minera en el país, nueve municipios han usado este mecanismo para blindarse de la exploración y la explotación de minerales e hidrocarburos en sus territorios.
En todos, el ambientalismo se impuso con contundencia, siempre con votaciones superiores al 90% y superando los umbrales de participación. Así lograron frenar el avance de las empresas.
Ahora, con la determinación de la Corte Constitucional que deja sin efecto la consulta de Cumaral, por decidir en el orden municipal sobre el uso del subsuelo, un asunto que es del orden nacional, estos municipios están en vilo.
La decisión, en principio, no es retroactiva, y no afectaría el resultado de esas consultas. Sin embargo, le abriría espacios a las multinacionales para que reactiven sus intereses en esas zonas.
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Piedras
Piedras, un municipio pequeño del norte de Tolima, fue el que abrió el camino de las consultas populares mineras.
El 28 de julio de 2013, sus pobladores fueron convocados a las urnas para decidir si apoyaban o no la explotación de oro en su territorio. El mecanismo se activó frente al alcance que tendría allí el proyecto de La Colosa, en manos de Anglogold Ashanti.
La victoria del No fue rotunda. De las 5.105 habilitadas para votar, asistieron 2.995 a los puestos; 2.971 optaron por la negativa y solo 24 por el sí.
Entonces comenzó una discusión que 5 años después sigue sobre la mesa, y que fue abordada en la decisión reciente de la Corte Constitucional: ¿pueden los pobladores decidir sobre la actividad económica, y especialmente la del subsuelo en sus jurisdicciones?
Tauramena
En ese mismo 2013, este municipio de Casanare le siguió los pasos a Piedras, pero en este caso, los ciudadanos fueron consultados sobre su posición frente a la exploración y explotación de hidocarburos en su territorio, especialmente en 9 veredas "donde se ubica la zona de recarga hídrica de Tauramena", según rezó la pregunta de la consulta.
Es decir, se planteó por primera vez en el tarjetón la polémica disyuntiva de "petróleo o agua". En ese territorio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos le había asignado un bloque conocido como Odisea Tres D a Ecopetrol. El resultado también fue contundente para el ambientalismo: 4.426 votos por el No y 151 por el Sí.
Cabrera
Este municipio de Cundinamarca comenzó la oleada de consultas populares mineras de 2017. Ese mecanismo no se había activado con ese fin hacía más de tres años. Allí había interés por parte de Emgesa para adelantar un proyecto hidroeléctrico que también influiría en municipios vecinos. La pregunta que respondieron el 26 de febrero de ese año fue:
"¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, como Zona de Reserva Campesina, se ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la vocación agropecuaria del municipio?"
El No ganó con el 97% de los 1.505 votos sufragados, que representaban menos de la mitad del censo electoral del municipio.
Cajamarca
La consulta minera de Cajamarca, en Tolima, fue tal vez la más mediática de todas, por la fuerza del movimiento ambiental que allí empezó a gestarse a comienzos de siglo en contra de la explotación de La Colosa, descubierta por Anglogold Ashanti, y catalogada como una de las minas de oro más grandes del mundo.
El 26 de marzo de 2017, un poco más de la tercera parte del censo electoral acudió a las urnas, y la consulta alcanzó a superar su umbral de participación. De esos sufragios, 6.165 fueron en contra de la minería y 76 a favor.
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Cumaral
El caso de este municipio es el que está cambiando el rumbo de las consultas mineras. Ese mecanismo contó con el aval del Tribunal Administrativo del Meta Allí se aprobó que la comunidad debía responder en las urnas esta pregunta:
“¿Está usted de acuerdo ciudadano cumaraleño que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral, se ejecuten actividades extractivas de explotación sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos?”
El resultado, el 4 de junio de 2017, fue aplastante: 7.475 sufragantes se manifestaron por el No, y solo 183 lo hicieron por el Sí. Pero ahora, esa decisión quedó sin efectos por cuenta del fallo de la Corte Constitucional, que indica que un municipio no puede determinar el uso del subsuelo, pues este le pertenece a la Nación.
Con ese fallo, pese a no ser retroactivo, podría generarse un efecto dominó sobre el resto de municipios donde la consulta bloqueó la actividad minera.
Pijao y Arbeláez
La consulta en Pijao, municipio del Quindio, fue sobre la explotación de metales. El resultado de ese 9 de julio de 2017: 2.613 votos en contra y 26 a favor. El umbral para de participación eran 2.100 votos.
Ese mismo día, en Arbeláez, un pueblo de Cundinamarca, los habitantes se manifestaron sobre la explotación de hidrocarburos y la minería a gran escala en su territorio.
El No ganó con 4.312 votos sobre 38 del Sí. Allí había dos bloques petroleros, el Cor 4 y el Cor 33, ya asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos a empresas extranjeras.
Jesús María
En medio del crecimiento del movimiento ambientalista en Santander, este municipio fue el primero en lanzarse a la consulta popular, con el interés de bloquear la explotación de piedra caliza y carbón en su suelo.
"¿Está usted de acuerdo, sí o no, que en la jurisdicción del municipio se realicen actividades de exploración minera y petrolera?". El 97% de los 1.728 votantes marcaron el No en el tarjetón en septiembre del año pasado.
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Sucre
En este municipio santanderano se hizo la misma pregunta que en su vecino Jesús María, al mes siguiente de esa consulta. El resultado fue similar. El 98% de los sufragantes optaron por vetar la actividad minera y petrolera en su jurisdicción.
Según la Agencia Nacional Minera en Colombia hay 135 municipios que están pendientes por adelantar consultas populares.