Juntos por la reconstrucción de Colombia: así será el plan de acción después del terremoto
Hasta septiembre se extenderá la etapa de diagnóstico para empezar la recuperación de los inmuebles afectados y luego sí darle paso a la reconstrucción estructural que tardará entre dos y cuatro años. Entre tanto, ciudades y municipios priorizan necesidades y definen mecanismos para que las nuevas construcciones sean más resistentes. Las muestras de solidaridad no se detienen.
El terremoto del 10 de agosto dejó a Colombia frente a una pregunta más difícil que cuánto costará reparar los daños: qué debe reconstruirse, dónde y bajo qué condiciones. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la factura preliminar asciende a 30 billones de pesos, pero detrás de esas cifras hay ciudades que necesitan recuperar sus barrios y familias que todavía no saben si podrán regresar a la casa que dejaron. La emergencia ocurrió en minutos, pero la reconstrucción tendrá que medirse en años.
El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez, sabe que la primera presión está sobre quienes perdieron su vivienda o ya no pueden volver a ella. “Tenemos más de 195.000 viviendas afectadas por esta catástrofe”, explicó. Más de 31.000 quedaron destruidas y el ministerio calcula que solo la recuperación habitacional podría acercarse a los 16 billones de pesos. Antes de construir habrá que establecer qué predios pueden intervenirse. Las primeras viviendas nuevas podrían empezar a entregarse en 2027.
Y ahí aparece una tensión, porque la emergencia tiene una velocidad distinta a la del Estado. Una familia necesita saber dónde dormirá esta noche; pero una administración necesita meses para evaluar un terreno, definir una solución y ejecutarla. Mientras tanto, hospitales, colegios, vías, puentes, acueductos y empresas también esperan. Julián Buitrago, director del DNP, advirtió que la magnitud del desastre obliga a ordenar las cifras antes de convertirlas en anuncios. “No vamos a improvisar con las cifras de una tragedia de esta magnitud”, aseguró.
Existen recursos públicos, financiación multilateral y más de 2 billones de pesos gestionados o comprometidos por el sector privado a través del Fondo Milagro. Falta consolidar las fuentes y terminar la evaluación de daños y necesidades. Para el director del DNP el reto será “cerrar la distancia entre lo anunciado y la obra terminada”. Y justamente esa distancia es la que tendrá que recorrer el Plan Milagro de Reconstrucción. No será solo reunir dinero, sino decidir dónde ponerlo primero y evitar que una obra mal ubicada reproduzca el riesgo.
Los ingenieros insisten en que esas decisiones no pueden tomarse por la apariencia de los edificios. Hernando Monroy, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), propuso evaluar técnicamente cada edificación. “Primero deben recuperarse los sistemas esenciales y evaluarse técnicamente las edificaciones antes de decidir si se reparan, refuerzan o demuelen”, sostuvo. También deben revisarse fachadas, redes y elementos no estructurales. Para ello Camacol movilizó cerca de 5.000 voluntarios especializados. Sus cálculos indican que alrededor de 180.000 viviendas necesitarán ser reparadas y más de 31.000 deberán ser reconstruidas.
Guillermo Herrera, presidente del gremio, señaló que el terremoto también obliga a mirar las condiciones en que fueron levantadas las viviendas, incluidas las construcciones informales. “El objetivo de una edificación sismorresistente no es que nunca se dañe, sino que proteja la vida”, advirtió. En total, el sismo afectó 16 departamentos y 494 municipios. En unos lugares la prioridad es una vivienda; en otros, un hospital o una vía. En algunos territorios la primera obra que se necesita es una carretera que permita entrar materiales, sacar cosechas y conectar a la población. Por eso el mapa de la reconstrucción cambia cuando se mira municipio por municipio.
En el Valle del Cauca la gobernadora, Dilian Francisca Toro, resumió una tarea que está lejos de terminar: “Todavía falta más de lo que ya se hizo”. El departamento concentra una parte importante de los daños. Hay vías por recuperar, unidades productivas golpeadas e infraestructura básica comprometida. La Gobernación instaló bancos de materiales.
Cali enfrenta otra escala. El alcalde, Alejandro Éder, priorizó vivienda, infraestructura educativa y servicios públicos, con especial atención en la salud. “Hay 265 IPS afectadas y la recuperación de la infraestructura pública contempla reparaciones y refuerzos estructurales. La discusión, en este caso, no es solamente devolverle a la ciudad los edificios que tenía antes del terremoto, sino recuperar servicios que no pueden permanecer suspendidos mientras avanza una obra que puede tardar meses”, añadió.
En los municipios, el problema se vuelve más concreto. En Toro, por ejemplo, el alcalde, Jhon Fredy Valencia, habla de cientos de familias que necesitan reconstruir sus viviendas. En El Cairo, el alcalde, Orlain Salazar, tiene decenas de estructuras que deben ser demolidas.
En Risaralda, Pereira y Dosquebradas enfrentan una reconstrucción urbana de gran magnitud. El gobernador del departamento, Juan Diego Patiño Ochoa, resumió una dificultad que no aparece completa en el censo. “Hay familias con la casa en pie, pero con la economía en el piso”. Vivienda, educación, servicios y recuperación productiva avanzan al mismo tiempo.
En Pereira, el alcalde, Mauricio Salazar Peláez, priorizó vivienda, colegios y servicios públicos. La ciudad ha retirado escombros y mantiene familias en alojamientos temporales. ‘Techos Dignos’ comenzó a entregar materiales. En Dosquebradas, el alcalde, Roberto Jiménez Naranjo, creó Dpremi para reunir recursos públicos, privados y de cooperación destinados a vivienda, educación e infraestructura. “No se trata solo de reconstruir lo que se perdió, sino de reconstruir mejor y más seguro”, reiteró.
En Chocó la reconstrucción empieza por la conectividad. El departamento reporta daños en 29 municipios, con viviendas, infraestructura educativa y puentes comprometidos. En Quibdó la tarea incluye estabilizar zonas de riesgo, demoler estructuras peligrosas, recuperar viviendas y reactivar la economía. Su alcalde, Rafael Andrés Bolaños Pino, lo resumió así: “La reconstrucción debe ser integral”.
En Istmina, el alcalde, Jaison Mosquera Sánchez, pide un banco de materiales y maquinaria. “La gente ya clama por una acción concreta, contundente de reparación”, advirtió. En San José del Palmar, epicentro del terremoto, el alcalde, León Fabio Marín Moncada, identificó como prioridad la carretera que conecta la cabecera con Cartago, en el Valle del Cauca. El municipio necesita un nuevo colegio y renovar un acueducto de más de 40 años, pero sin la vía se dificulta la recuperación económica. “Para San José del Palmar lo primordial en este momento es la recuperación de la vía”, afirmó. Por allí deben salir las cosechas y entrar los insumos.
Caldas llega a esta etapa con una experiencia marcada por la gestión del riesgo. En Manizales ya se realizaron más de 3.500 visitas técnicas y el municipio aprobó un empréstito de 220.000 millones de pesos para atender la emergencia. El alcalde, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, enfrenta repetidamente la decisión de determinar qué puede recuperarse y qué debe desaparecer antes de convertirse en un nuevo peligro.
El gobernador, Henry Gutiérrez Ángel, puso esa discusión en estos términos. “No se trata simplemente de volver a levantar las viviendas, las escuelas o las vías que resultaron afectadas; se trata de reconstruir sin volver a generar las mismas condiciones de riesgo”, añadió. En Chinchiná, Viterbo y Villamaría eso significa recuperar viviendas, hospitales, acueductos, vías rurales y colegios, y revisar dónde volver a construir.
En Quindío la vivienda está ligada a una pregunta económica: cómo recuperar el trabajo. En Quimbaya, el alcalde, Juan Manuel Rodríguez Brito, ve el golpe en el comercio, el turismo y el campo. “La preocupación más grande que tenemos hoy es la reactivación económica”, señaló. Su propuesta es aprovechar la reconstrucción para sacar a familias de zonas de alto riesgo.
Por su parte, Armenia enfrenta una brecha entre las necesidades y los recursos. Su alcalde, James Padilla García, tiene un Plan de Acción Específico estimado en 40.661 millones de pesos, frente a recursos por 3.500 millones de pesos. La diferencia obliga a priorizar recursos. En Génova, donde la afectación rural tiene un peso importante, el alcalde, Diego Fernando Sicua Galvis, resumió la urgencia: “Ya es momento de empezar la reconstrucción”.
El Gobierno nacional proyecta realizar un diagnóstico hasta septiembre, empezar la recuperación habitacional entre octubre de 2026 y marzo de 2027, y una reconstrucción estructural que tardará entre dos y cuatro años. Cada municipio define qué necesita primero y qué no puede volver a construirse como antes.
Desde el mismo día del sismo, el sector empresarial del país ha sido solidario. Además de aportar recursos millonarios para atender la emergencia y comenzar el proceso de reconstrucción, puso a disposición su capacidad logística. Comfandi, por ejemplo, destinará más de 20 mil millones de pesos en subsidios, que incluyen alivios financieros, kits de canasta alimentaria, subsidios en especie y programas de acompañamiento psicosocial.
Harinera del Valle, por su parte, aportará 20 mil millones de pesos para elevar el nivel y la calidad de la educación, y ampliar la cobertura en salud. Adicionalmente, la compañía ha entregado 41 toneladas de alimentos, transportó con su capacidad logística 350 toneladas de ayudas humanitarias y entregó elementos de protección a rescatistas. Bavaria es otra de las empresas comprometidas con la reconstrucción: destinó 12 mil millones de pesos para apoyar la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto. El objetivo es que tenderos, pequeños comerciantes y emprendedores retomen sus actividades y aceleren la reapertura de sus establecimientos.
