BOTAS CONTRA SOTANAS

"Todo esto nos hace revivir la pasión de Jesucristo, condenado injustamente por los tribunales de su tiempo", dicen en su declaración oficial los obispos brasileños al comentar la sentencia pronunciada por un tribunal militar contra dos misioneros franceses, que habían sido encuadrados en la "Ley de Seguridad Nacional" por incitar a la rebelión y a la desobediencia colectiva de las leyes.
Los sacerdotes franceses Aristides Camio y Francois Gouriou fueron condenados a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, en la octava auditoría de la justicia militar en Belem de Para, mientras otros doce campesinos, eran condenados a 8 años y un decimotercero, considerado el líder, recibía nueve años de condena.
Belem era una verdadera ciudad en guerra, ocupada por las fuerzas militares en las horas que precedieron y siguieron al juicio, con más de dos mil soldados repartidos por sus calles para impedir cualquier reacción o manifestación en favor de los padres y los campesinos promovida por el "Movimiento para la liberación de los presos de Araguaia".
Los sacerdotes Camio y Gouriou fueron detenidos por la policía federal el 1 de septiembre del año pasado y han permanecido presos hasta ahora bajo la acusación, no probada, de incitar a los ("poseiros") (campesinos que cultivan un pequeño terreno) contra los "latifundiarios" y las autoridades federales y de haber sido los autores morales de una emboscada en la que, dicen, murió un pistolero que estaba al servicio de los grandes propietarios de la región de Sao Geraldo do Araguaia, donde los misioneros franceses desarrollaban su labor pastoral.

SEIS SACERDOTES FUERON ASESINADOS
Durante los últimos trece años y medio, que han seguido a la promulgación de la feroz Acta institucional número 5, la iglesia brasileña ha mantenido una firme lucha contra las arbitrariedades de la dictadura militar y los abusos constantes de los grandes propietarios de tierras. El balance de esa lucha es muy dramático: seis sacerdotes muertos, diez expulsados del país, dos desterrados, 19 secuestrados, 153 presos y decenas y decenas de torturados, además de los atentados a bomba, las amenazas y las invasiones de numerosos locales pertenecientes a la iglesia.
A pesar de ser dramáticas, estas estadísticas no son todavía las definitivas, y no reflejan con toda la cruda fidelidad la realidad de la represión militar a la iglesia desde el golpe contra el presidente Joao Goulart, en 1964.
El primer sacerdote que murió bajo la dictadura fue el padre Henrique Pereira Neto, colaborador del arzobispo Helder Cámara, cuyo cuerpo fue tirado entre las matas en la ciudad universitaria de Recife en 1969. Después fue la vez del seminarista Waltair Bolzan, víctima de un tiroteo de la policía con presidiarios en Porto Alegre en 1972. El padre Alberto Pierobon desapareció misteriosamente y en 1976 fue encontrado muerto en Tamandare, Paraná. El padre Rudolf Lukembein fue asesinado ese mismo año, junto con el indio Simao, durante una invasión a la aldea de Meruri. El padre Joao Bosco Penido Burnier fue asesinado por policías militares cuando acompañaba al obispo Pedro Casaldáliga, nacido en Cataluña y uno de los más perseguidos por los militares locales, a protestar contra la tortura a que sometían a varias mujeres presas. Y Fray Tito de Alencar, dominico, murió en 1974 en Francia, como consecuencia de las torturas sufridas en la prisión en Brasil desde 1969 hasta 1971, año en que fue desterrado del país.

EXPULSADOS DIEZ RELIGIOSOS
Además de Fray Tito fue detenida y posteriormente desterrada la monja Maurina Borges, de Riberao Preto, quien regresó a Brasil en 1979, luego suspendida la orden de prisión preventiva contra ella, y fue juzgada y absuelta.
También fueron expulsados de Brasil por los militares diez religiosos. El padre James Murray abrió la lista en 1968, por haber celebrado una misa con ornamentos negros con motivo de la promulgación del Acta Institucional número 5, y la cierra, hasta hoy el padre italiano Vito Miracapillo, expulsado a finales del año pasado por haberse negado, a decir misa el día de la independencia de Brasil. Ahora esa amenaza se cierne, otra vez, sobre los sacerdotes franceses Camio y Gouriou y sigue como permanente espada de Damocles sobre el obispo Casaldáliga y otros religiosos que optaron por defender el pueblo brasileño en su lucha por la tierra contra el sistema y los "latifundiarios".
En estos trece años y medio las prisiones de religiosos alcanzan a casi 160, más casi 300 de agentes pastorales, coordinadores de comunidades de base o simples legos que desarrollan trabajos pastorales de la iglesia. Sobre torturas, el documento de la iglesia brasileña incluye desde presiones sicológicas leves e intimidaciones hasta agresiones físicas serias, sevicias y presiones sicológicas violentas, además de la firma obligada de documentos falsos, amenazas de muerte o de tortura física.

SECUESTRADOS DOS OBISPOS
En este periodo investigado por la iglesia se registran también 19 casos de secuestros, dos de ellos contra obispos: Dom Adriano Hipolito, de las diócesis de Nova Iguacu en 1976, y Dom Vicente Scherer, cardenal entonces de Porto Alegre, en diciembre de 1979.
Los otros secuestrados fueron sacerdotes, religiosos seminaristas y líderes pastorales o misioneros, como el caso de Nicola Arpone, misionero italiano secuestrado en 1979 en Wanderlandia, estado de Goias, por tropas del ejército y liberado dos días después en la sede de la policía en Goiania.
También se registraro en 1978 dos atentados a bomba contra iglesias y uno contra el colegio Santo Agostinho, En Belo Horizonte, las iglesias alcanzadas fueron la de San Francisco, en Recife, y la de Santo Antonio de Jacutinga, en Nova Iguacu cuyo altar mayor fue totalmente destruido.
Fueron asimismo invadidas catedrales en seis ocasiones, iglesias en ocho, residencias de sacerdotes y obispos en dieciseis, sedes de centros pastorales, áreas de prelacías, misiones parróquias, salas de reuniones y hasta las pontificias universidades católicas de Río de Janeiro y de Sao Paulo.
Seis obispos, entre ellos el secretario general de la Confederación Brasileña de Obispos (CNBB), Dom Luciano Mendes de Almeida, y Dom Agnelo Rossi, hoy ocupando un alto cargo en el Vaticano, tuvieron sus residencias invadidas, y los asaltantes solo se llevaron documentos y materiales de los archivos.
La lista de las víctimas y de la represión del régimen militar contra la iglesia brasileña sería interminable si hubiera que reseñar las decenas de sacerdotes, religiosos, misioneros o legos que respondieron a procesos especialmente en la ley de seguridadd nacional, como le ocurrió al padre Reginaldo Veloso párroco de Morro da Conceiçao, en Recife, sometido a dos procesos, el primero por haber hecho un himno en homenaje al expulsado padre Miracapillo, preso durante seis meses y ahora absuelto por unanimidad durante un juicio al que asistió el propio arzobispo Dom Helder Cámara.