EE.UU. deja la base de Manta

El retiro se produce con una Unión Suramericana de Naciones (Unasur) transformada en caja de resonancia de las tensiones regionales por un nuevo acuerdo militar entre Washington y Bogotá, que podría implicar el traslado a Colombia de las actividades que se realizaban en Ecuador.

Con los actos protocolares de rigor, se dará por cerrado un convenio de colaboración firmado en 1999 por el entonces presidente Yamil Mahuad, por un período de 10 años.
En su momento se informó que la función del Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) de Manta sería detectar, controlar y rastrear aeronaves que realizaran actividades ilegales vinculadas al narcotráfico.

 
Críticas al acuerdo
Aquel acuerdo rubicado por Mahuad fue rechazado por un conglomerado de organizaciones políticas y sociales que comenzaron a denunciar violaciones a los Derechos Humanos, cuya autoría atribuyeron a personal estadounidense.

Esas demandas fueron recogidas por una comisión especial que elaboró un informe presentado recientemente a la Asamblea Nacional ecuatoriana.

Otras voces críticas señalaron que el enclave ecuatoriano era utilizado también en la lucha contra las guerrillas que operan en la vecina Colombia.

En 2006, los cuestionamientos al convenio de utilización de la base de Manta se convirtieron en uno de los arietes de campaña del actual mandatario Rafael Correa, que entonces pugnaba por llegar al Palacio de Carondelet.

Una vez en el poder, Correa anunció que no se renovaría el contrato y la prohibición de la presencia de bases extranjeras en el país fue incluida en el articulado de la nueva Constitución que fue aprobada en 2008.

Dentro de Ecuador, sin embargo, subsisten posturas contrapuestas en relación al retiro de EE.UU. y su conveniencia.

"Diez años de resistencia"
Para Ximena Gudiño, del colectivo pro Derechos Humanos que forma parte de la Coalición No Bases, la salida del personal estadounidense viene a coronar “diez años de resistencia”.

En diálogo con BBC Mundo, expresó que el convenio ha significado “una lesión a la dignidad y la soberanía nacional”.

Gudiño opinó que “para EE.UU., el Puesto de Operaciones Avanzadas de Manta ha sido todo un éxito como punto de control migratorio y de frontera y también como una oficina de información geoestratégica, sobre todo para la protección de los intereses petroleros norteamericanos en la zona fronteriza con Colombia”.

Según esta activista de la Coalición No Bases, “para las organizaciones sociales y para las poblaciones afectadas, los impactos de la base de Manta han sido enormes porque han significado hundimiento de barcos, detención de población de pescadores, violación y atropello a las mujeres y no ha significado todo el progreso económico que se había esperado”.

Gudiño también cuestionó que “los militares norteamericanos estaban impunes en términos de que no tenían obligación de rendir cuentas en términos legales ante el Estado ecuatoriano frente a ningún tipo de atropello”.

"Inseguridad"
Diferente es la visión de Mario Pazmiño, quien se desempeñó como director de Inteligencia del Ejército hasta el ataque, el año pasado, al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano en el que murió el guerrillero Raúl Reyes.

En diálogo con BBC Mundo aseguró que “la inseguridad, con la salida de la base, va a afectar a todo el proceso que se venía siguiendo por parte de EE.UU. en la región con relación al combate al narcotráfico”.
 
Para Pazmiño, “la salida de las bases americanas del continente sudamericano es una propuesta que viene instaurada desde el Foro de Sao Paulo (fundado por partidos y organizaciones de izquierda en la década del '90) y posteriormente está siendo replicada tanto por las FARC como por la Coordinadora Continental Bolivariana dentro del proyecto internacional de las FARC”.

Según su línea de razonamiento, “este tipo de estrategia que utilizan las FARC les beneficia, porque si les sacan todas las bases norteamericanas del contexto regional, indudablemente le van a facilitar el manejo del narcotráfico en la región”.

Respecto del traslado de las actividades de Manta a territorio colombiano, Pazmiño opinó que “ningún otro estado puede entrar a emitir criterios sobre si se instalan o no se instalan bases militares en otro país, porque eso es parte de la soberanía y la independencia de un pueblo”.