“Marta Lucía Ramírez no está implicada en este caso”: exviceministro de Defensa de Italia sobre venta de barcos y aviones a Colombia

La investigación sobre una trama de corrupción por parte de Massimo D’Alema, expresidente del Consejo de Ministros de Italia, y el famoso banquero Alessandro Profumo, dueño de la famosa empresa Leonardo, en un caso que involucra a Colombia, ha suscitado un escándalo en Italia.

Según medios locales, ambos están siendo investigados por la Fiscalía de Nápoles por la venta de barcos y aviones militares a Colombia; a su vez, la investigación incluye a Giuseppe Giordo, exdirector general de Fincantieri y otros mediadores de la operación comercial.

El escándalo parecía involucrar a la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez quien le salió al paso a su responsabilidad en este supuesto negocio de equipos militares entre empresarios italianos y el gobierno anterior.

“Inaceptable que en el más grave escándalo político de Colombia por audios con graves confesiones de financiación de la última campaña presidencial, pongan cortinas de humo. Como vicepresidenta y canciller del anterior gobierno no tuve funciones de compra de equipo militar”, aseguró Ramírez.

SEMANA quiso corroborar la información y habló en primicia con Giorgio Mulè, Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia y miembro del partido Forza Italia, quien ocupaba el cargo de viceministro de defensa en ese momento. El ex miembro del gobierno italiano aseguró que la ex canciller Marta Lucía Ramírez no tiene nada que ver con el caso de corrupción sobre la venta de barcos y aviones a Colombia.

“La exministra de relaciones exteriores, Marta Lucía Ramírez, no está implicada de ninguna manera en este caso y de hecho no está en el rango de personas que están bajo el foco de los fiscales italianos”, dijo Mulé, agregando que nadie en Italia sabe por qué leyeron el nombre de ella en las noticias.

El exviceministro sí identificó como uno de los involucrados en el caso de corrupción es a Edgardo Fierro Flores, jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, quien también ha sido citado en algunos medios italianos.

Sin embargo, volvió a recalcar que bajo su rol como viceministro “nunca, nunca, encontré su nombre en el caso de los aviones, así que no sé por qué en Colombia insisten en nombrar a la señora Ramírez, realmente no lo sé”, dijo el diputado a SEMANA.

De acuerdo con la exvicepresidenta, “la embajada de Colombia en Italia nunca me presentó un informe sobre las acusaciones de los medios de prensa italianos al ex primer ministro del partido comunista de ese país Massimo D’Alema, a quien no conozco”.

De acuerdo con la exvicepresidenta, “la justicia debe investigar con prontitud si hubo o no algún acuerdo de soborno entre proveedores italianos y compradores colombianos de aviones y si lo hubo, que lo castigue contundentemente, pero es igualmente necesario y definitivo para el futuro de nuestra democracia y para la confianza ciudadana en la justicia e instituciones de nuestro país”, detalló.

La investigación habría comenzado desde hace un año y tres meses cuando dos medios incluidos, uno llamado La Veritá, realizó una denuncia pública sobre la presunta venta de quipos militares de manera ilegal a Colombia, dijo el exviceministro asegurando que las investigaciones continúan.

Los jueces investigan a 8 personas, pero aún no ha habido juicio; sin embargo, las pesquisas han avanzado en los últimos meses, según contó el exfuncionario del gobierno italiano.

Como lo contó el Corriere Della Sera en su artículo, los colombianos habrían buscado contacto con Alessandro Profumo y Giuseppe Giordo como director general de la división de buques de guerra de Fincatieri, con el fin de incentivar la celebración de acuerdos de las autoridades colombianas ofreciendo una contraprestación ilícita de 40 millones de euros, comisión total de 80 millones de euros.

“En este momento debemos esperar a las investigaciones”, agregó el exviceministro, asegurando que no puede decir con certeza más detalles sobre el proceso que adelanta la fiscalía de Nápoles, investigaciones que darían cuenta de 80 millones de euros que se dividirían entre el lado colombiano y el lado italiano mediante un bufete de abogados estadounidenses.

Según el Corriere Della Sera, citando el decreto de búsqueda de los responsables, la trama funcionaba con Francesco Amato y Emanuele Caruso a la cabeza, trabajando como consultores para la cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de Giancarlo Mazzotta.