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Pena de muerte: autoridades de Myanmar ejecutaron a cuatro activistas prodemocracia

Según medios internacionales, pese a que el país ha sentenciado a varias personas a muerte, la ejecución de esta medida judicial no se llevaba a cabo desde hace cerca de tres décadas.


Este lunes, 25 de julio, las autoridades de Myanmar, más precisamente su junta militar, confirmaron la ejecución de cuatro presos; entre los que se contaba un antiguo partidario de la perseguida exlíder Aung San Suu Kyi, quienes fueron objeto de la aplicación de la pena de muerte; una situación que no se presentaba en el país asiático desde hace al menos 30 años.

El hecho siembra la incertidumbre en dicho país. Pese a que el régimen militar actual -que llegó al poder tras un golpe de Estado- ha sentenciado a varias personas a muerte, nunca había cumplido sus condenas. Con esta decisión demuestra que estaría dispuesto a hacerlas efectivas.

Sobre las personas que fueron ejecutadas, medios internacionales habían afirmado que corresponden a cuatro hombres que habían sido procesados por “encabezar actos de terror brutales e inhumanos”, revelando que sus muertes se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos en la prisión en la que se encontraban recluidos, sin precisar el ‘procedimiento’, ni la fecha exacta de la muerte; no obstante, algunos medios como El País de España, han señalado que los cuatro sentenciados fueron ‘llevados a la horca

Tras conocerse la noticia de la aplicación de la pena de muerte, una ola de indignación se despertó en el mundo. Incluso fue repudiada por el Secretario de Estado de Estados Unidos, país que también aplica la pena de muerte a algunos de sus delincuentes.

Sobre el particular, el secretario Antony Blinken afirmó que el hecho evidencia un “total desprecio del régimen por los derechos humanos y el Estado de Derecho”.

En ese mismo sentido, tras confirmarse la noticia, también se pronunció el partido NLD -al que está adscrita la derrocada líder pro democracia-, quien señaló que lo ocurrido solo podría considerarse como “devastador”, recordando especialmente el ex legislador de 41 años Phyo Zeya Thaw, quien otrora había hecho parte de sus filas políticas.

Sobre el ex político, medios como la Agencia AFP, han detallado que el otrora legislador había sido arrestado el pasado mes de noviembre y señalado de haber incurrido en violación de una ley antiterrorismo.

El mismo político es considerado como el pionero del género musical hip hop en ese país, y su música se caracteriza, según detallan medios internacionales, por fuertes letras en contra de las autoridades militares de Myanmar.

En el pasado, el diputado había sido detenido en 2008, según detalla la Agencia AFP por posesión de divisas, y por estar adscrito a una organización ilegal. Sin embargo, al recobrar su libertad, había conseguido incursionar en la política, consiguiendo acceder a un puesto de representación, al convertirse en 2015, en diputado.

Dentro del pliego de acusaciones que pesaban en su contra también se encontraba una serie de señalamientos, por parte de la junta militar, que versaban sobre la comisión de atentados contra el régimen militar e, incluso, se le responsabilizaba de un hecho violento contra un tren, en el que habían fallecido varios miembros del cuerpo policial en 2021.

De igual modo, otra de las personas ejecutadas en Myanmar, sería Kyaw Min Yu, un hombre de 53 años, mejor conocido como “Jimmy”, quien se había hecho reconocido como un activista pro democracia.

En este caso, el hombre, identificado como escritor y opositor, había sido sentenciado a muerte luego de ser detenido en octubre de 2021 y condenado en enero pasado a muerte.

En su historial también se encontraba su participación como líder de juventudes en una revuelta en contra del régimen militar de finales de los años 80.

Tras conocerse la noticia de la ejecución de 4 de los prisioneros, familiares de los detenidos se han apostado a las afueras de la cárcel de Insein en Rangún, con el objetivo de corroborar la identidad de las personas ejecutadas y, en la medida de lo posible, recuperar sus cuerpos para adelantar las respectivas honras fúnebres.

Según las versiones oficiales, sin que hasta el momento hubiese podido ser corroborado por los familiares de los detenidos, las otras dos personas ejecutadas serían hombres que habían sido sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer, justificando el hecho en que ella era una ‘informante’ de la junta militar.

La muerte de las dos personas siembra un manto de dudas, pues abre la puerta a que otras personas, antes sentenciadas a muerte, también puedan ser ejecutadas.

Según los registros citados por agencias internacionales, las últimas ejecuciones de las que se tenían registros, databan de finales de los años 80.

De acuerdo con la ONU, que pone la lupa sobre la situación de DD. HH. en la zona, desde la ascensión de la junta militar se han ocasionado 114 muertes, siendo además una de las preocupaciones que la pena de muerte pueda ser impuesta a cualquier persona que se manifieste crítica al régimen en el poder.

Tras las ejecuciones, se ha hecho evidente la necesidad de que la comunidad internacional se pueda pronunciar en contra del régimen de Myanmar, para poner fin a eventuales nuevas ejecuciones.

Los militares birmanos se hicieron con el poder a inicio de febrero de 2021, bajo el argumento de la existencia de fraudes en las elecciones, en las que los defensores de la democracia habían alcanzado importantes resultados.

Sobre el particular, Michelle Bachelet, alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que tras la ejecución de estas cuatro personas se encontraba “consternada”, señalando que la medida es “cruel y regresiva”.

En ese mismo sentido se pronunció el secretario general de la ONU, António Guterres, quien afirmó que lo ocurrido es una “flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas”.

Actualmente, en la lista de personas detenidas se encuentra la exdirigente Aung San Suu Kyi, quien además fue, en años pasados, ganadora del premio Nobel de la Paz. A los ojos de la junta militar, es la responsable de ‘una serie de delitos’ que de ser juzgados resumirían una pena de hasta 150 años de prisión.