PESADILLA INTERMINABLE

El ciclo de violencia retornó a El Salvador después de las elecciones de abril. Aunque la guerra en Malvinas ha desplazado a este país de los grandes titulares de los diarios del mundo, la lucha allí continúa y se hace cada vez más brutal.
El mismo arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera y Damas, denunció recientemente que en el sólo mes de abril habían muerto 353 salvadoreños y 82 más habían sido secuestrados, sin que ninguno de ellos hubiera participado en acciones militares.
Más adelante, el 13 de mayo, ocho jóvenes fueron fusilados y botados sus cadáveres a un camino. Sus padres acusaron a las tropas de la guarnición de San Carlos de ser los autores del crímen.
Junio no comenzó en forma diferente. Esta vez fue el linchamiento de un político demócrata cristiano de 22 años, Faustino Ramos, en Pachinalco. Un dirigente local de ese partido culpó a la Defensa Civil del lugar, de ser la autora del secuestro y posterior asesinato de Ramos.
Con él llegaron a 17 los muertos de esa agrupación a manos de las bandas paramilitares. Estas muertes de políticos y activistas del derrotado partido demócrata cristiano en las elecciones de abril, irrumpieron poco después de terminadas estas. Según el expresidente José Napoleón Duarte, tal ola criminal fue desatada por las prédicas del jefe de la Alianza Nacionalista Republicana, Roberto d'Aubuisson, quien basó su campaña en el odio contra los demócratas cristianos a quienes tachaba de "comunistas" que debían, por ello, ser "colgados".

LA DERECHA ENSEÑA LOS DIENTES
Con la elección de la Asamblea Constituyente, y el nombramiento de d'Aubuisson como su presidente, el accionar de los escuadrones de la muerte se intensificó, sin que la ascención de Alvaro Magaña a la presidencia de la República significara un curso menos sangriento que el de su predecesor.
Por el contrario, en una de sus primeras declaraciones, Magaña descartó abrir negociaciones con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y explicó que la cuestión de las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas del gobierno sería tema secundario en su administración. "El día que logremos una pacificación del tipo que yo espero, el problema de los derechos humanos terminará".
Por otra parte, la suspensión de un decreto considerado vital para la reforma agraria en ese país, ha agregado nuevas tensiones sociales en las zonas rurales. El decreto 207, que había sido introducido en marzo de 1980 por la junta cívico-militar, con la finalidad de repartir pequeñas parcelas a cerca de 30.000 agricultores, fue diferido en su aplicación por un año. Los beneficiarios de la medida han sido los terratenientes quienes veían con hostilidad ese decreto por prever la creación de cooperativas campesinas que implicaban necesariamente presiones sobre sus ganancias.
En El Salvador más de la mitad de las tierras cultivables está en manos de un 2% de la población. El 10% de la población rural posee más de 220.000 hectáreas, o sea, los 300 mayores latifundios del país.
Antes de la suspensión de la reforma agraria había un potencial de 175.566 familias susceptibles de ser beneficiadas por el decreto 207 y se preveía que más de 1.000 cooperativas agrícolas serían formadas bajo su amparo.
Estas perspectivas han terminado con la suspensión del 207, el 18 de mayo a manos de la Asamblea Constituyente, dominada por los sectores de ultraderecha.

AFAN EN WASHINGTON
Tal decisión hizo pensar a algunos analistas que el Congreso norteamericano suspcndería algunos planes de ayuda al gobierno salvadoreño. Pero no fue así. Lo que ha sucedido es que, por el contrario, la administración de Ronald Reagan ha pedido al Congreso que le apruebe un nuevo paquete de ayuda militar al gobierno salvadoreño por valor de 60 millones de dólares para el año fiscal que comenzará el 1 de octubre.
Fuera de eso, otros 128 millones de dólares para asistencia económica han sido solicitados para El Salvador.
También hay planes para reforzar la flota de helicópteros y aviones del país. Para fines de 1984, los 17 helicópteros Huey actuales, llegarán a 40, sin contar los otros 12 aviones (cargueros C-123, avionetas de vigilancia 0-2 y jets para contrainsurgencia A-37) que les serán entregados a finales de este año.
Este afán de Washington por otorgar tal tipo de asistencia a El Salvador (que este año ha excedido los 200 millones de dólares) radica en la certidumbre de que de no hacerlo el régimen caería rápidamente en manos de los insurgentes.
Los últimos reportes de la guerra civil confirman ese pronóstico. Las dos ofensivas últimas del ejército, la "Operación Torola" en la provincia de Morazán y la operación Dueñas en la provincia de Usulután, terminaron con fuertes pérdidas para las fuerzas del gobierno, pese a haber intervenido en ellas las nuevas tropas entrenadas en Estados Unidos. Más de 166 bajas tuvo el ejército en Morazán, por ejemplo. En sólo el mes de abril, el Centro de Documentación e Información de la Universidad Centro Americana de San Salvador confirmó la muerte de 230 militares y paramilitares, señalando que había sido "el número más alto que se haya reportado en la prensa en los últimos dos años".

DE IGUAL A IGUAL
El sistema de comunicaciones de la guerrilla ha mejorado en un 300%, según periodistas que han visitado las cuatro áreas que el FMLN controla. Algunos de ellos afirman que las comunicaciones allí son mejores que las del ejército.
Esto da a los rebeldes mayor capacidad de maniobra, pudiendo llevar la guerra hasta zonas controladas por el gobierno. La destrucción del Puente de Oro, en octubre pasado y el ataque a la base aérea de Ilopango, en enero, evidencian tal capacidad, facilitada, además, por el apoyo de sectores urbanos. No obstante, el problema clave a resolver por la guerrilla sigue siendo cómo transformar esas capacidades y acciones en una ofensiva global que obligue al gobierno a ir a la mesa de negociaciones, o que derrote sus fuerzas.