TOPANDOSE CON LA IGLESIA

Con una carta pastoral de la semana pasada en la que afirma, entre otras cosas, que el actual modelop olítico chileno "acaba con el pluralismo" y "tiende a hacernos entrar en un ambiente de guerra interna que, presentándose como defensa contra la amenaza del comunismo, termina por perseguir a todos los que se oponen a tal forma de proceder", monseñor Raúl Silva Henríquez, cardenal arzobispo de Santiago, respondió a las fuertes críticas que contra la Iglesia vienen formulando ciertos sectores progubernamentales en estos días.
Declarando que la jerarquía católica chilena seguirá respaldando a quienes sienten conculcados sus derechos y son "perseguidos por sus opiniones disidentes",el alto prelado señaló que además de "los heridos que tradicionalmente ha atendido la Iglesia" aparecieron en los últimos años "los heridos producto de un modelo económico inhumano que ocasionó grandes tasas de desempleo, especialmente entre los pobres, provocando angustias y graves heridas en sus hogares a la vez que concentraba la riqueza en manos de unos pocos".
Tal documento, que evidentemente va más allá de la simple invitación a los fieles ameditar y reflexionar sobre los temas propios de la Semana Santa, ha sido visto por los observadores como la protocolización de la ruptura, o al menos del serio distanciamiento que viene dándose entre la Iglesia catóiica y el gobierno del general Augusto Pinochet, aparentemente a raíz de la expulsión del país, el 16 de marzo, de tres sacerdotes extranjeros acusados de "participar en actividades políticas".
La pastoral del cardenal Silva Henríquez, coincidió a demás con un mensaje no menos ácido de monseñor Juan de Castro, Vicario de Solidaridad del arzobispado de la capital chilena, en el que este renueva el compromiso de la Iglesia de "hacerse voz de los sin voz, de los pobres y de las víctimas de toda clase" y en la que se critica abiertamente la renovación del estado de excepción en el país en tanto que tal medida restringe "la libertad personal, el derecho a vivir en la patria, la libertad de información y de opinión, la de reunión y otras garantías constitucionales".
De Castro, a unque no mencionó los incidentes del 24 de marzo pasado en la capital y otras ciudades del país, en las que fueron arrestadas cerca de 250 personas que protestaban contra "el hambre en nuestras barriadas, lacesantía (desempleo), el hacinamiento, la represión y para respaldar el retorno de los exiliados políticos", sí dijo que en el país "se ha acentuado la represión de las manifestaciones colectivas de protesta contra la situación económica en Santiago y provincias".
Tal clima de discrepancia entre la élite católica y el Estado se hizo evidente, en realidad, desde finales de diciembre pasado, cuando la Conferencia Episcopal chilena propuso en un documento "el regreso a una plena democracia" que abriera "los cauces de la participación política" objetando también por primera vez la excesiva prolongación del régimen establecido en 1973, tras el derrocamiento por las Fuerzas Armadas del régimen constitucional de Salvador Allende.
Los obispos habían señalado en ese mismo texto que el restablecimiento de la democracia plena deberia ser puesto en práctica "antes de que el nivel de las tensiones provoque una posible tragedia". Tal postura fue contestada sin tardanza por el gobierno aduciendo que el plebiscito del 11 de septiembre de 1980 había aprobado una constitución que fijó un período de transición de 8 años hacia la normalidad, durante el cual ejercerá como Presidente el general Pinochet.
Los incidentes de expulsión de los prelados fueron, entonces, sólo un episodio más dentro de esa cadena de tensiones que comenzaron a acumularse desde diciembre pasado.
Sin embargo, la expulsión de los tres sacerdotes tuvo de hecho un fuerte impacto sobre la imagen del gobierno, enfrentado de por sí a reiteradas denuncias de organismos internacionales por sus draconianas medidas políticas.
En aquella ocasión, a Brian Mc-MahonKelly, australiano y de la orden de San Columbano, y a los irlandeses Desmond McKillicury Morris, de la Sociedad de San José Millhill, y Brendan For de Gleason, de la congregación franciscana, les fue notificada la cancelación de sus visas de residencia.
Días después, en un operativo relámpago en el que intervinieron 14 vehículos y 50 agentes policiales, los misioneros Fordey McKillicury fueron violentamente aprehendidos y de positados más tarde en un avión condestino a BuenosAires. El tercer sacerdote tuvo que permanecer oculto para evitar la expulsión.
Los tres sacerdotes realizaban su trabajo pastoral desde hacía cinco años en las parroquias de San Gabriel y San Luis Beltrán, del populoso barrio de Pudahuel. Según un vocero gubernamental, su delito fue haber intervenido "en manifestaciones políticas en la vía pública" y haber facilitado los recintos eclesiásticos para celebrar reuniones.
El Vicario de la Solidaridad de Santiago, monseñor de Castro, que había indicado a los abogados de esa institución interponer los recursos ante el ministro del Interior, para evitar la expulsión, criticó la brutal medida, a la que calificó de"virtual secuestro".
"Se actúa con la Iglesia como si fuéramos delincuentes. No somos merecedores de este tratamiento",dijo.
Lo más grave de todo esto, para el gobierno, es que la representación del Vaticano también se vio envuelta en el insuceso, cuando el Nuncio Apostólico, Angelo Sodano, se sumó a los que lamentaron la expulsión de los misioneros. Debe recordarse que Juan Pablo II actúa, por solicitud del general Pinochet, desde hace 4 años, como mediador en el conflicto chileno-argentino por el canal de Beagle y que los vínculos entre Santiago y el Vaticano hasta la fecha habían sido normales.
El Nuncio Sodano, que tambien había intercedido para anular la medida de expulsión, al ser informado de ésta dijo: "Lo lamentamos. Son dos sacerdotes menos en un país donde hay uno porcada cinco milpersonas ".
El cardenal Henríquez, por su parte, condenó duramente la medida y exaltó las condiciones de los sacerdotes que van a Chile a servir. "Ellos no son extranjeros, pues están sirviendo a Dios en la Tierra. Para nosotros son nuestros hermanos", explicó. "Estos hechos provocan un grave deterioro en nuestras relaciones (Iglesia-Gobierno) que será difícil de restaurar en el futuro", advirtió.
A esto se suma la detención el 26 de marzo de otros dos sacerdotes católicos poco después de los desórdenes callejeros de ese día en Santiago. Según las autoridades, los religiosos Pablo Fontaine y Jeremías Francis Healy, este último irlandés, "participaban en manifestaciones y estaban con guienes actuaron en ellas". No obstante, el gobierno se abstuvo esta vez de formular cargos contra ellos, a la espera de que la Iglesia los sancionara por su cuenta. Sin embargo, como en el caso de las expulsiones, el arzobispo de Santiago denunció la "arbitrariedad " de la detención y acogió los descargos de los dos sacerdotes. Según éstos, los agentes policiales los aprehendieron cuando numerosos civiles buscaron refugio en el templo donde ambos acababa de participar en una misa en memoria del asesinado obispo salvadoreño, monseñor Oscar Romero.
Lo que más irritó a la policia fue, según explicaron los prelados, que éstos llevaran consigo tres de los carteles repartidos al final de la misa, posters que, con una imagen de mon señor Romero, rezaban: "Les ordeno en nombre de Dios: cesen la represión ". "Es cierto que portábamos tres de esos carteles, pero éramos ajenos a los incidentes callejeros que sedesarrollaban en esos momentos", declararon bajo juramento.