Agoniza el referendo

iza la indiferencia ciudadana ante el tema es un nubarrón que puede desembocar en tormenta. Según la encuesta el referendo no tendría el mínimo de votos para ser aprobado. Para que sea válido tiene que votar 25 por ciento del censo electoral, es decir, un poco más de seis millones de votos. Si votaran sólo los que así lo dijeron en la encuesta apenas llegarían a sumar un poco más de cinco millones.

Y es que es un hueso duro de roer. Los medios no lo cubren porque es un tema pesado, lleno de conceptos diversos -que van desde la reducción del Congreso hasta la penalización de la dosis personal- y difíciles de explicar como 'umbral' en la matemática electoral o la inclusión de los trabajadores 'convencionales' en la reforma pensional. Los trabajadores estatales no lo quieren porque propone congelarles el sueldo por dos años; los sindicatos menos, por la misma razón y porque golpea algunos de sus privilegios en materia de pensiones. Los políticos tradicionales lo aborrecen porque intenta decapitar sus prebendas. Los contralores y personeros municipales lo detestan porque busca eliminar sus cargos. Es cierto que cuenta con el apoyo de los más de 1.000 alcaldes pues propone extender su período de gobierno un año, pero ese punto es motivo de controversia en la Corte Constitucional.

Como si lo anterior fuera poco, el gobierno no lo ha sabido vender. Al principio no era claro quién lo iba a liderar, si el ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, o el ex embajador Humberto de la Calle. El primero, además, se puso a casar tantas peleas con tantos sectores que a ratos no se ha sabido si es promotor de las ideas del gobierno o el encargado de sumarle enemigos. Para rematar, aunque el gobierno dijo que sólo le jugaba al referendo, que ese era su único plan, resulta que apoya también un plan B, el aval al proyecto de reforma política en curso en el Congreso, que incluye los puntos políticos del referendo. Eso confundió a varios uribistas y les restó ánimos a la hora de promoverlo.

Que no salga adelante el referendo es grave. Hacia adentro porque hace mucho más difícil el manejo del déficit fiscal, tanto en el corto como en el largo plazo. El grueso del ahorro provendría de la congelación de los sueldos y pensiones. La única excepción al congelamiento salarial será para quienes ganen menos de dos salarios mínimos. De aprobarse esta pregunta generaría ahorros por 1,5 billones de pesos en 2003 y 2,8 billones en 2004 de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Otra pregunta del referendo que generaría un ahorro importante es la 8, que elimina definitivamente los regímenes especiales de pensiones, con la única excepción de las Fuerzas Militares. Con la reforma que se aprobó en diciembre pasado el pasivo pensional a cargo del gobierno se redujo de 206 por ciento del PIB a 158 por ciento. La pregunta 8 del referendo reduciría este faltante en unos 15 puntos del PIB adicionales. Es un ahorro que no se notaría casi en un principio pero que ayudaría en el largo plazo.

Pero el referendo también es crucial hacia afuera. Para lograr sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, tener el respaldo del gobierno estadounidense y brindar credibilidad a los mercados el gobierno habló -y duro- del referendo como la garantía de su seriedad en el manejo de las finanzas públicas. Tanto le creyeron que hasta hace unas semanas en Washington hablaban de "freeze-spending referendum" (referendo para congelar el gasto) y en la Bolsa de Nueva York los operadores compraron bonos de deuda colombiana gracias a lo que se iba a conseguir con el referendo.

Si se hunde se pondrían muy nerviosos los mercados internacionales. El gobierno tendría otra vez problemas para conseguir quién le preste plata y se subirían las tasas de interés.

Así que un fracaso en este terreno puede tener consecuencias muy negativas para la economía colombiana, justo cuando la popularidad de Uribe -según la misma encuesta- comienza a erosionarse principalmente por el costado de lo económico.

Las salidas

En lo económico, el gobierno podría olvidarse del referendo y diseñar un Plan B. Podría tratar de congelar los salarios por decreto, pero sólo para el gobierno central y no a nivel descentralizado (donde está la plata). Esto, no obstante, podría tener serios obstáculos jurídicos. Otra opción sería adelantar de 2005 a 2004 el cobro del IVA de 2 por ciento a los artículos básicos de la canasta familiar o crear nuevos impuestos. Políticamente esto es muy difícil. La mejor alternativa sería la que ha planteado el Contralor. Incluir en la reforma política que discute el Congreso un tope para la deuda pública y facultar al gobierno para que, bajo ciertas condiciones, modifique el presupuesto para mantenerse bajo el límite máximo de endeudamiento.

Ese, sin embargo, es un camino tortuoso que lo vuelve a someter a los designios de los congresistas, y esto también puede resultar demasiado desgastante y costoso.

Si, por el contrario, el gobierno insiste en jugársela en el referendo, tendría que cambiar sustancialmente su precaria -o inexistente- estrategia. La misma encuesta puede dar las claves de dónde puede el gobierno encontrar nuevas fuerzas para reimpulsar el referendo.

Si bien los ánimos andan más decaídos que hace seis meses, y una de cada cuatro personas ve al país desmejorando, el presidente Alvaro Uribe mantiene el apoyo ciudadano. Dos de cada tres personas aprueban su gestión y, en comparación con encuestas realizadas al inicio de su mandato en las cuatro principales ciudades, esta aprobación sólo ha caído 5 por ciento. A estas alturas, a casi ocho meses de mandato, la gestión de Andrés Pastrana apenas despertaba 25 por ciento de opinión positiva y la de Ernesto Samper iba en 50 por ciento, cayendo en picada. Sólo hay otro gobernante tan popular como Uribe en Colombia hoy, según la encuesta, Antanas Mockus, con una popularidad de más del 64,2 por ciento.

Además Uribe saca las mejores calificaciones en su manejo de la seguridad, precisamente la razón que lo eligió. Más de la mitad de los colombianos apoyan su red de informantes, su política contra la guerrilla, su manejo de los paramilitares e, incluso, algunas propuestas suyas bastantes polémicas, como la intervención de tropas extranjeras en el conflicto colombiano, despiertan casi 46 por ciento de opinión a favor.

El mensaje de esta lectura es que si quiere aprobar su referendo el gobierno tiene que convertir a Uribe en su vocero principal. Si para la gente el referendo empieza a ser idéntico a la aprobación de Uribe, es decir, a un plebiscito sobre su gestión, es posible que, en efecto, saque los votos que necesita. Es más, según el análisis de Invamer de la encuesta, si todos los que dicen aprobar su gestión votaran por el referendo, éste obtendría los votos equivalentes a 25 por ciento del censo electoral que requiere.

Ya el tema de cómo se voten cada uno de los puntos se convierte en asunto secundario. Claro está que hay unos clave, como el congelamiento del gasto o la generalización de las pensiones en lo económico, o el cambio de umbral en lo político. Pero en esto la encuesta muestra que en casi todos hay mayoría o se está muy cerca de ella.

Así que si el gobierno no quiere sufrir su primera gran derrota tendrá que salir con mucho mayor ánimo a promover, explicar y defender el referendo con una sola premisa: votarlo es darle un voto de confianza a Uribe. Y el Presidente tendrá que dedicarle más tiempo a impulsar este gran tema y menos a los líos comunitarios de los pueblos.

iza la indiferencia ciudadana ante el tema es un nubarrón que puede desembocar en tormenta. Según la encuesta el referendo no tendría el mínimo de votos para ser aprobado. Para que sea válido tiene que votar 25 por ciento del censo electoral, es decir, un poco más de seis millones de votos. Si votaran sólo los que así lo dijeron en la encuesta apenas llegarían a sumar un poco más de cinco millones.

Y es que es un hueso duro de roer. Los medios no lo cubren porque es un tema pesado, lleno de conceptos diversos -que van desde la reducción del Congreso hasta la penalización de la dosis personal- y difíciles de explicar como 'umbral' en la matemática electoral o la inclusión de los trabajadores 'convencionales' en la reforma pensional. Los trabajadores estatales no lo quieren porque propone congelarles el sueldo por dos años; los sindicatos menos, por la misma razón y porque golpea algunos de sus privilegios en materia de pensiones. Los políticos tradicionales lo aborrecen porque intenta decapitar sus prebendas. Los contralores y personeros municipales lo detestan porque busca eliminar sus cargos. Es cierto que cuenta con el apoyo de los más de 1.000 alcaldes pues propone extender su período de gobierno un año, pero ese punto es motivo de controversia en la Corte Constitucional.

Como si lo anterior fuera poco, el gobierno no lo ha sabido vender. Al principio no era claro quién lo iba a liderar, si el ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, o el ex embajador Humberto de la Calle. El primero, además, se puso a casar tantas peleas con tantos sectores que a ratos no se ha sabido si es promotor de las ideas del gobierno o el encargado de sumarle enemigos. Para rematar, aunque el gobierno dijo que sólo le jugaba al referendo, que ese era su único plan, resulta que apoya también un plan B, el aval al proyecto de reforma política en curso en el Congreso, que incluye los puntos políticos del referendo. Eso confundió a varios uribistas y les restó ánimos a la hora de promoverlo.

Que no salga adelante el referendo es grave. Hacia adentro porque hace mucho más difícil el manejo del déficit fiscal, tanto en el corto como en el largo plazo. El grueso del ahorro provendría de la congelación de los sueldos y pensiones. La única excepción al congelamiento salarial será para quienes ganen menos de dos salarios mínimos. De aprobarse esta pregunta generaría ahorros por 1,5 billones de pesos en 2003 y 2,8 billones en 2004 de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Otra pregunta del referendo que generaría un ahorro importante es la 8, que elimina definitivamente los regímenes especiales de pensiones, con la única excepción de las Fuerzas Militares. Con la reforma que se aprobó en diciembre pasado el pasivo pensional a cargo del gobierno se redujo de 206 por ciento del PIB a 158 por ciento. La pregunta 8 del referendo reduciría este faltante en unos 15 puntos del PIB adicionales. Es un ahorro que no se notaría casi en un principio pero que ayudaría en el largo plazo.

Pero el referendo también es crucial hacia afuera. Para lograr sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, tener el respaldo del gobierno estadounidense y brindar credibilidad a los mercados el gobierno habló -y duro- del referendo como la garantía de su seriedad en el manejo de las finanzas públicas. Tanto le creyeron que hasta hace unas semanas en Washington hablaban de "freeze-spending referendum" (referendo para congelar el gasto) y en la Bolsa de Nueva York los operadores compraron bonos de deuda colombiana gracias a lo que se iba a conseguir con el referendo.

Si se hunde se pondrían muy nerviosos los mercados internacionales. El gobierno tendría otra vez problemas para conseguir quién le preste plata y se subirían las tasas de interés.

Así que un fracaso en este terreno puede tener consecuencias muy negativas para la economía colombiana, justo cuando la popularidad de Uribe -según la misma encuesta- comienza a erosionarse principalmente por el costado de lo económico.

Las salidas

En lo económico, el gobierno podría olvidarse del referendo y diseñar un Plan B. Podría tratar de congelar los salarios por decreto, pero sólo para el gobierno central y no a nivel descentralizado (donde está la plata). Esto, no obstante, podría tener serios obstáculos jurídicos. Otra opción sería adelantar de 2005 a 2004 el cobro del IVA de 2 por ciento a los artículos básicos de la canasta familiar o crear nuevos impuestos. Políticamente esto es muy difícil. La mejor alternativa sería la que ha planteado el Contralor. Incluir en la reforma política que discute el Congreso un tope para la deuda pública y facultar al gobierno para que, bajo ciertas condiciones, modifique el presupuesto para mantenerse bajo el límite máximo de endeudamiento.

Ese, sin embargo, es un camino tortuoso que lo vuelve a someter a los designios de los congresistas, y esto también puede resultar demasiado desgastante y costoso.

Si, por el contrario, el gobierno insiste en jugársela en el referendo, tendría que cambiar sustancialmente su precaria -o inexistente- estrategia. La misma encuesta puede dar las claves de dónde puede el gobierno encontrar nuevas fuerzas para reimpulsar el referendo.

Si bien los ánimos andan más decaídos que hace seis meses, y una de cada cuatro personas ve al país desmejorando, el presidente Alvaro Uribe mantiene el apoyo ciudadano. Dos de cada tres personas aprueban su gestión y, en comparación con encuestas realizadas al inicio de su mandato en las cuatro principales ciudades, esta aprobación sólo ha caído 5 por ciento. A estas alturas, a casi ocho meses de mandato, la gestión de Andrés Pastrana apenas despertaba 25 por ciento de opinión positiva y la de Ernesto Samper iba en 50 por ciento, cayendo en picada. Sólo hay otro gobernante tan popular como Uribe en Colombia hoy, según la encuesta, Antanas Mockus, con una popularidad de más del 64,2 por ciento.

Además Uribe saca las mejores calificaciones en su manejo de la seguridad, precisamente la razón que lo eligió. Más de la mitad de los colombianos apoyan su red de informantes, su política contra la guerrilla, su manejo de los paramilitares e, incluso, algunas propuestas suyas bastantes polémicas, como la intervención de tropas extranjeras en el conflicto colombiano, despiertan casi 46 por ciento de opinión a favor.

El mensaje de esta lectura es que si quiere aprobar su referendo el gobierno tiene que convertir a Uribe en su vocero principal. Si para la gente el referendo empieza a ser idéntico a la aprobación de Uribe, es decir, a un plebiscito sobre su gestión, es posible que, en efecto, saque los votos que necesita. Es más, según el análisis de Invamer de la encuesta, si todos los que dicen aprobar su gestión votaran por el referendo, éste obtendría los votos equivalentes a 25 por ciento del censo electoral que requiere.

Ya el tema de cómo se voten cada uno de los puntos se convierte en asunto secundario. Claro está que hay unos clave, como el congelamiento del gasto o la generalización de las pensiones en lo económico, o el cambio de umbral en lo político. Pero en esto la encuesta muestra que en casi todos hay mayoría o se está muy cerca de ella.

Así que si el gobierno no quiere sufrir su primera gran derrota tendrá que salir con mucho mayor ánimo a promover, explicar y defender el referendo con una sola premisa: votarlo es darle un voto de confianza a Uribe. Y el Presidente tendrá que dedicarle más tiempo a impulsar este gran tema y menos a los líos comunitarios de los pueblos.

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