ALO, ALO, SEÑOR MINISTRO

La práctica de intervenir teléfonos comenzó a ponerse de moda en los Estados Unidos a principios de los años sesenta, cuando un grupo de funcionarios del Pentágono, obsesionados por controlar las muchas filtraciones que se producían sobre temas tan trascendentales como la guerra del Vietnam, se dedicaron a interceptar llamadas telefónicas de los hombres más importantes del gobierno. Bajo razones de seguridad y otras excusas más o menos válidas, la intervención de teléfonos se volvió costumbre.
Pero después de lo sucedido con el caso Watergate, esa costumbre se convirtió en un escándalo. El tema adquirió características de debate nacional hasta que se implantó una legislación muy rígida que ha convertido en grave delito la intervención de teléfonos. En Colombia, el reciente descubrimiento de la intercepción de las llamadas telefónicas del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla a través de sus aparatos privados en su residencia y su despacho, puso de moda el tema.

COMO HACERLO
Desde hace cerca de una década, intervenir teléfonos es una práctica común en Colombia. Es un proceso relativamente sencillo. Enrique Orejuela, propietario de la firma Conextelco, empresa dedicada a la venta de equipos de intervención y grabación de llamadas y otros aparatos de telefonía, explica que uno de los sistemas más comunes consiste en utilizar las cajas de teléfonos color naranja que se encuentran ubicadas por toda la ciudad. Después de abrir la caja -operación que en principio solo pueden realizar los empleados de la empresa de teléfonos del lugar- se ubica en el panal el número a intervenir. Desde éste, se tiende un puente hasta aquel número que corresponde al teléfono desde el cual se van a escuchar las conversaciones. La persona que va a espiar una llamada tiene que colocarse al lado del aparato telefonico conectado al puente y esperar que se escuche una marcación, cuando del teléfono intervenido va a salir una llamada, o un timbre, cuando ese teléfono va a recibir una comunicación. El espía sólo tendrá entonces que levantar el auricular y escuchar todo lo que desee.
Otro sistema relativamente común consiste en interceptar la línea del teléfono que se desea intervenir, utilizando para ello una instalación "en paralelo" conectada a una grabadora. Esta intercepción puede realizarse directamente sobre la caja telefónica de la zona donde se encuentra el teléfono a intervenir, o sobre la acometida de la línea cuyas conversaciones se van a escuchar. También puede llevarse a cabo dentro de la casa o edificio donde se halla el teléfono que se desea espiar. El aparato es tan moderno que la grabadora comienza automáticamente a registrar la conversación en un cassette apenas se descuelgue el auricular del teléfono intervenido, bien por una llamada que entra, bien por una que sale.
Lo más sorprendente de todo es el costo promedio de este sistema, incluída su instalación: apenas 12 mil 400 pesos, según los precios de la firma Conextelco, que SEMANA consultó. Normalmente estas intercepciones deben hacerse con una orden judicial, pero al parecer, son muchas las que se realizan dentro de residencias y empresas por parte de sus mismos dueños para espiar a familiares o empleados, sin que para ello sea necesaria la orden judicial, pues la intervención se hace directamente sobre la acometida telefónica, o en la red interna de la casa o edificio, y no sobre la caja de teléfonos de la zona.
De este modo se practica en Colombia el espionaje industrial. Parece ser común que en grandes licitaciones públicas, dos empresas competidoras se intercepten sus teléfonos para obtener información sobre la propuesta de cada una de ellas. Se dan tambien casos de intercepción de llamadas entre marido y mujer y entre padres e hijos. Así mismo se utiliza el sistema para investigar dentro de una empresa un robo continuado o la fuga de información reservada de la compañía.

ESCASA LEGISLACION
Lo más grave de todo es que la legislación existente sobre el asunto es bastante limitada. Intervenir teléfonos sin una orden judicial es un delito que está contemplado en el artículo 288 del Código Penal, introducido apenas en 1980. Se asimila a la violación de correspondencia y se considera una "violación ilicita de comunicaciones privadas".
Por este delito se debe seguir acción penal y se castiga con arresto de 6 meses a 2 años, aunque hay excarcelación. El delito se agrava si la intercepción se lleva a cabo con el teléfono de una oficina del gobierno o si el espía se beneficia o comunica a terceros lo escuchado.
Sin embargo, en un eventual juicio debe demostrarse que el acusado obtuvo la información gracias a la intervención de la llamada telefónica y no por otros medios. Según el penalista Horacio Gómez Aristizábal probar esto resulta muy difícil. La prueba de que la legislación es muy escasa, agrega, es que a excepción del reciente caso del Ministro Lara, donde además los acusados salieron libres a las pocas horas, no ha habido proceso penal alguno por este delito.
Ante la aparente ineficacia de cualquier acción penal, la única posibilidad que le queda a quien tenga sospechas de que su teléfono está intervenido es comprar un pequeño aparato conocido como "censor de línea", que permite establecer si una línea está o nó intervenida. El aparato se conecta al teléfono y si una conversación está siendo escuchada desde algún lugar, un bombillo rojo se prende y un pito suena desde el momento mismo en que una persona ajena a los interlocutores levanta una bocina para interceptar o grabar la llamada. Eso sí, detectar si un teléfono está intervenido vale más que intervenirlo. El "censor de línea" cuesta en el mercado colombiano 17 mil pesos.