Santrich, el Paisa, Márquez: ¿Logrará el uribismo tumbar el acuerdo de paz?

El rearme de Iván Márquez, Jesús Santrich y el Paisa es un golpe al corazón del proceso de paz que a su vez enciende un torbellino en la  política. Como era de esperarse, el primero que reaccionó fue Álvaro Uribe. A las 5:20 de la mañana, el expresidente ya estaba en los micrófonos de la FM, con Luis Carlos Vélez. "Demasiado grave. Previsible, esta impunidad, esos privilegios que le dieron... miren a lo que nos han conducido. El país tiene que ser consciente que proceso de paz no hubo, sino un indulto para unos responsables de delitos atroces... qué dificultad tan enorme le dejaron a Colombia ", dijo. 

Uribe respondió así al video en el que estos tres exlíderes de las Farc anuncian su regreso al monte. En un mensaje leído supuestamente en medio de la selva del Inírida, Márquez aseguró que retomaba la lucha armada. "Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino", aseguró. 

Con el anuncio de los antiguos líderes de las Farc, el uribismo encuentra una justificación poderosa para impulsar cambios estructurales al proceso de paz, en especial en materia de justicia transicional. En su entrevista, Uribe aprovechó para despacharse contra las altas cortes y criticar el papel que tuvieron en la libertad de Jesús Santrich. 

Antes de las ocho de la mañana, el expresidente salió a la calle y con un micrófono dio unas declaraciones. "Hay que bajar esos acuerdos de la Constitución, capturar a esos bandidos donde estén, recuperar esta economía, profundizar la política social y, ¡mano firme contra esos bandidos que es lo que necesita este país!", dijo. 

Desde las negociaciones, el uribismo fue el principal opositor a los acuerdos de justicia tal y como quedaron en el pacto de La Habana. Esa colectividad política ha criticado duramente que los miembros de las Farc, en especial sus dirigentes, sean investigados por un organismo especial de justicia transicional, la JEP, y tengan beneficios en sus procesos penales. Hasta ahora, esa oposición al proceso -que ganó el No en el Plebiscito- no ha logrado cambios estructurales en los acuerdos, pero el rearme de Márquez, Santrich y el Paisa, abre definitivamente esa puerta. 

El último escenario de esa disputa fueron las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Los puntos que presentó el presidente Iván Duque planteaban cambios estructurales que, de haberse aprobado, cambiaban las garantías que tienen los antiguos guerrilleros de las Farc frente a la justicia. Por un lado, le entregaban a Fiscalía, es decir a la justicia ordinaria mayores poderes para poder abrir investigaciones sobre ellos (algo que hoy es competencia de la JEP) y por el otro abría el espectro para que pudieran ir a esa jurisdicción por un mayor número de delitos, por ejemplo los que se consideran de ejecución continuada, como los cultivos ilícitos, el secuestro, etc. Con lo que pasó en la mañana del jueves, esa bandera seguramente volverá en el Congreso. 

Pero el punto más espinoso seguramente será la extradición. En términos teóricos, es muy difícil que una parte del conflicto acepte un proceso de paz en el que existe la opción de terminar en una cárcel en los Estados Unidos. Con ese argumento, esa posibilidad quedó excluida en los acuerdos de La Habana. En el caso Santrich, las altas cortes se unieron para impedir su traslado a donde el Tío Sam. Para muchos conocedores del proceso era claro que si el exlíder de las Farc era enviado en un avión a un juicio por drogas en Miami, el proceso de paz quedaba herido de muerte pues ninguno de los otros dirigentes de esa guerrilla seguiría en la JEP. 

A Santrich además se le sumaban temas procesales importantes como el hecho de que los Estados Unidos no entregaron las pruebas que lo vinculaban con el supuesto tráfico de drogas. Así, hubo una coordinación de todos los poderes de la justicia que impidieron su extradición. La JEP aseguró que las pruebas no permitían determinar si los hechos habían sido cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo, como está pactado, para poder dar trámite a su extradición. El Consejo de Estado le mantuvo su investidura como congresista. Y finalmente la Corte Suprema de Justicia, le permitió quedar libre. Después de todo eso, Santrich se fugó. Su caso a quienes más golpea paradójicamente es a los demás miembros de las Farc que sí se quedaron en el sistema de justicia, pues la presión por activar la extradición será enorme. 

De cara a las elecciones, el uribismo también gana una poderosa bandera. A dos meses de los comicios, el rearme de estos tres exdirigentes de las Farc pondrán la seguridad como uno de los principales temas del debate político. Con un elemento adicional, y es que las zonas que abandonaron las Farc gracias al proceso de paz también vivirán sus primeras elecciones en épocas de posconflicto.

La justicia vivirá otro coletazo. Aunque los hechos no tienen nada que ver, en la Corte Suprema habrá un coletazo en el proceso por manipulación de testigos que vive el expresidente Uribe. La indagatoria será el 8 de octubre y es casi seguro que esa colectividad argumentará ese día la paradoja de que el exmandatario esté respondiendo ante la justicia mientras Santrich, el Paisa y Márquez están mandando anuncios desde el monte. 

En todos los frentes del proceso de paz, lo que viene será complejo. En el Congreso seguramente comenzarán a presentarse los proyectos que el uribismo ya había anunciado cuando se cayeron las objeciones, pero ahora estos llegarán con más fuerza. La polarización política que vive el país se encrispará más. Y la implementación de los acuerdos en otros frentes como el desarrollo rural, la reincorporación, etc, puede ser más frágil. El giro que implica el rearme de las Farc pondrá al país y al proceso a prueba.