Angel caído

Miguel Angel Bermudez es uno de los personajes más controvertidos del país. Desde cuando era presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Bermúdez enfrentó una acusación por acoso sexual y se vio involucrado en varios escándalos. Además, el año pasado, cuando era gobernador del departamento de Boyacá, protagonizó uno de los casos de corrupción más sonados de la historia del departamento. Por esta razón, la semana pasada, el Procurador General de la Nación lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante los próximos 10 años. Esta es una de las penas más severas que le ha impuesto la Procuraduría a un empleado público.

Todo comenzó en 2002, cuando Bermúdez reasumió su cargo en agosto, después de haber permanecido suspendido por más de 15 meses por orden del Consejo de Estado. En ese momento, el gobernador debía iniciar el proceso de privatización de la Industria Licorera de Boyacá (ILB), una de las empresas más importantes del departamento. Para tomar cualquier tipo de decisión sobre el futuro de esta empresa, Bermúdez debía contar con la autorización expresa de la Asamblea Departamental. Como la ILB se encontraba en quiebra, él le solicitó a la Asamblea facultades con el argumento de buscar alternativas para salvar una de las principales fuentes de recursos para el departamento. Por medio de varios decretos, la Asamblea le autorizó a Bermúdez que ordenara la supresión y liquidación de la Industria Licorera de Boyacá. Los decretos en ningún momento facultaban al gobernador para celebrar algún tipo de contrato de concesión. Desde allí comenzó una impresionante cadena de graves irregularidades, entre las cuales se encontraban la interpretación amañada de la Constitución y una serie de impresionantes violaciones a la Ley 80 de contratación.

Estas irregularidades motivaron al procurador general, Edgardo Maya, a solicitar la suspensión inmediata del proceso de privatización. Además ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra Bermúdez, el secretario general de la gobernación, Edgar Sainea; el secretario de Hacienda de Boyacá, Néstor Mejía, y Magda Becerra, directora de servicios administrativos de la Gobernación.

La investigación terminó a principios de este año y la sanción se dio a conocer el pasado miércoles. El Procurador encontró irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y firma del contrato, y además decidió que Bermúdez no había sido facultado por la asamblea de Boyacá para firmar esa licitación. Así mismo, la Procuraduría impuso la misma sanción a los demás investigados.

Sin embargo, el caso contra Bermúdez puede continuar. Aún falta que la Procuraduría investigue otras muchas acusaciones contra el ex gobernador: por ejemplo, la construcción de un parque de entretención

-una suerte de Disneylandia boyacense- en la que Bermúdez también podría haber incurrido en graves irregularidades.