ASILO O ESCONDITE

DEFINITIVAMENTE CADA día es más difícil, incluso para los ex presidentes, encontrar refugio cuando son perseguidos por acusaciones de corrupción. Ejemplo de esto es el caso de Alan García, cuya situación jurídica deberá ser definida en los próximos días por la Corte Suprema del Perú, luego de que el Congreso de ese país aprobara la pérdida de privilegios que tenía por su condición de ex mandatario y diera vía libre a la Fiscalía General para que lo investigara por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción, derivados, al parecer, de la contratación para la construcción del tren eléctrico de Lima.
García, quien venía disfrutando de un fuero especial, deberá así rendir cuentas a la justicia como cualquier parroquiano. Al perder sus privilegios en Perú, el ex presidente también se vería obligado a perder los beneficios que ha venido recibiendo hasta el momento del gobierno colombiano.
El llamado 'Caso García' està ahora en manos de Hugo Sivina Hurtado, el más joven de los vocales de la Corte Suprema del Perú, quien deberá decidir si dicta auto de comparecencia o auto de detención contra el ex presidente. En cualquiera de los dos casos, García estaría obligado a presentarse ante las cortes de su país. En la actualidad, García se encuentra en Colombia en calidad de asilado político, beneficio que le otorgó el gobierno de César Gaviria ante solicitud expresa del propio García y, curiosamente, del presidente del Perú, Alberto Fujimori. Hasta el momento García se ha defendido de los cargos en su contra diciendo que se trata de una persecución política por parte del gobierno de Fujimori.
Sin embargo todo parece indicar que las acusaciones contra Alan García tienen más calado del que han mostrado hasta el momento. Una de las piezas que hacía falta acaba de ingresar al rompecabezas: Alfredo Zanatti, prospero empresario y amigo personal de García, quien luego de huir durante varios años decidió entregarse a la justicia y confesar todas sus actividades ilegales a cambio de una rebaja de penas. Con sus declaraciones, Zanatti empezó a abrir las puertas del infierno de García. Para comenzar declaró que, en efecto, el consorcio italiano Tralima, sociedad que debería construir el en eléctrico de la capital del Perú, depositò sobornos para el ex Presidente en una cuenta secreta en Gran Caiman. La cuenta habría sido abierta por el propio Zanatti.

¿PERSEGUIDO O DELINCUENTE?
De todas las acusaciones contra el ex presidente Alan García, la que tiene que ver con la contratación del tren eléctrico de Lima parece ser la más avanzada y la más consolidada. El caso, que parecía condenado a ser archivado, fue abierto sorpresivamente a comienzos de 1994, luego de que en Italia comenzara la llamada 'Operación manos limpias'. El empresario italiano Sergio Siragusa declaró ante las autoridades que había depositado 840.000 dólares en el Barclays Bank de Gran Caimán para el entonces presidente Alan García. Dijo, además, que había hecho tres depósitos a diferentes cuentas y que entregó personalmente a García la suma de 200.000 dólares en efectivo. García respondió diciendo que "cualquier hijo de vecino se da cuenta que si el presidente quisiera recibir dinero, envía al chofer y le dice recoja de tal casa. Hay que ser idiota para decir esas vulgaridades".
A las declaraciones dc Siragusa y Zanatti se vienen a sumar las pruebas aportadas por una comisión del Congreso del Perú, que en un voluminoso expediente de 5.970 páginas consignó los resultados finales de su investigación, efectuada en Miami y algunos países de América Central. De acuerdo con el informaciòn entregado a la Fiscalía del Perú la semana pasada, Garcìa recibiò sobornos por mas de 1.000.000 de dólares de parte de un funcionario de la firma Tralima.
Así las cosas, la situación para el ex presidente del Perú tiende a complicarse cada día más. Por un lado, empiezan a destaparse las ollas podridas de su gobierno y, por otro, el poco respaldo que tenía de su partido, el Apra, lo perdió luego de la aplastante derrota que sufriera en las pasadas elecciones, en las cuales escasamente superó el 5 por ciento del total de la votación. Y como si todo ello no fuera suficiente, el gobierno del Perú está estudiando la posibilidad de solicitar a Colombia, una vez más, su extradición. Extradición que en un momento determinado podría ser replanteada por el gobierno de Colombia, que en 1994 había negado la solicitud hecha por el gobierno peruano. "Si las pruebas demuestran esta vez que los delitos cometidos por Alan Garcia son de tipo penal y no polìticos, habría que considerar la posibilidad de extraditarlo. Colombia no puede ser refugio de delincuentes", dijo a SEMANA un abogado internacionalista conocedor del proceso.