Aurelio Suárez advierte irregularidades en compra de tierras por el Gobierno. “Esto es más grave que los carrotanques de la UNGRD”

Uno de los programas más importantes para el Gobierno está relacionado con el agro y, particularmente, la compra de tierras que se acercaría a los 3 millones de hectáreas, en un proceso liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Sin embargo, en lo que va de este Gobierno, apenas se han adquirido 80.648 hectáreas y el mismo presidente Gustavo Petro ha señalado que a ese ritmo “tardaríamos 40 años” para llegar a la meta. Tal es la situación, que la cifra de hectáreas para comprar fue corregida a la mitad en el Plan de Desarrollo.

Para el analista Aurelio Suárez, la lentitud de las compras es lo menos problemático. En su más reciente columna en SEMANA, advierte en un análisis e investigación que realizó junto con el abogado Eduardo Mestre Rodríguez, irregularidades en los procesos de compra y lo que llamó “violaciones a la Ley 160 de 1993, especulación, tierras improductivas e inundables, posibles testaferros y falta de pago a oferentes”.

Según Suárez, en conversación con SEMANA, este caso es más grave que el de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). ¿Por qué? “Porque este es el programa bandera de Petro”. Recuerda que esta iniciativa era a la que el presidente iba a pedir apoyo a la ONU, para facilitar las compras. “Yo hago una pregunta: ¿qué puede pasar si además se le añaden más elementos de laxitud para las compras, como que no haya estudios o requisitos de tipo institucional?”.

Señala que la reforma agraria es el programa histórico de él. “No se está hablando de restitución ni de titulación. Estamos hablando de compra y venta de tierras. Es un programa que aparece manchado”, agrega.

Advierte el columnista que no es algo marginal. “Primero, la tercera parte de la plata está en estos casos problemáticos; segundo, aquí hay comprometidas casi la mitad de las hectáreas para entregar. Es un fracaso del programa bandera de Petro”.

Muchos de los predios en la costa están en riesgo de inundación, advierte Suárez, y dice que las anomalías cubren la mitad de la tierra comprada y $ 134.000 millones del patrimonio público, la tercera parte del gasto. “El olor a podredumbre agrava la parsimonia”.

En la columna, Suárez señala que Petro y la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica “hacen maratones de entrega de tierras, contratan consultorías, avisan alianzas con la SAE y hacen denuncias parciales, pero ocultan hechos tan escandalosos como estos, mácula de la reforma bandera, carente de un programa agropecuario nacional. El mal olor se siente a kilómetros de distancia”.

Trae la publicación varios ejemplos de las irregularidades en la compra de tierra por parte del Gobierno en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Meta, Vichada, Sucre y Cesar.

El primer caso se da en Caloto (Cauca). Allí, describe Suárez, se compraron 23 predios que son, “en último término”, de Alberto Bernal Seijas, condenado a 30 años de cárcel como determinador de la masacre de El Nilo o masacre de Caloto en 1991, señala la columna. “Como oferente figura la firma Agrícola Bernal Seijas, creada en 1985. No obstante, como vendedoras aparecen otras empresas: Agropecuaria La Macarena y Emcar Investments, con capital pagado inferior al valor de los predios que comercializaron, con familiares de Bernal como titulares y con idénticas direcciones de domicilio e igual correo electrónico. Sin evaluar un eventual testaferrato, ni si cabían restituciones o extinciones, la ANT pagó a los Bernal $ 18.516 millones por 285 hectáreas”.

En San Marcos (Sucre), se dio otro caso con la compra de 13 predios a Agrolonja Ltda., “ubicados en veredas con alto riesgo de anegación”. En dos de ellos, el estudio agronómico que la ANT hizo para el proceso de compra evidenció que la mayoría de la tierra era inutilizable. En otros dos, la orden de compra se dio sin ese estudio ni control de calidad sobre el avalúo. “Primero se giraron $ 20.795 millones por 795 hectáreas y después preguntaron”, señaló el columnista.

Por otra parte, en el Meta, en la población de San Juan de Arama, se compró el predio Hato Rondón de 1.047 hectáreas, con varias irregularidades: sin informe agronómico, ni jurídico, ni de uso del suelo, ni ambiental, ni control de calidad del avalúo. La operación, denuncia Suárez, fue un éxito para el vendedor y le representó una ganancia exorbitante e instantánea: Palma Capuchinos SAS, lo había obtenido apenas 7 meses antes, en febrero de 2023, por $ 2.050 millones y lo revendió en septiembre a la ANT por $ 10.994 millones.

Otro caso se registra en Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, en cercanías de lo que llama Suárez “el área de control de Iván Mordisco”. En ese municipio, la ANT registra como “comprados” 7 predios. A abril, dos consejos comunitarios afros a los que se destinó la tierra, El Alterón y Robles, se quejaron ante la Procuraduría porque no pueden asentarse debido a la falta de pago. “¿Retén o falta de caja?”, se pregunta Suárez frente a una cifra de $ 46.759 millones por 1.363 hectáreas.

En Chimichagua (Cesar), Nueva Granada y Pijiño del Carmen en Magdalena, “la ANT compró 4 predios de 2 fideicomisos administrados por Acción Fiduciaria, una compañía sancionada por violaciones al Sarlaft e involucrada en fiascos como el Hotel Bacatá”, afirma Suárez. Y agrega: “Quienes consignaron las tierras dentro de esa ficción jurídica esquiva a la ley, fueron José Luis Botero Salazar y la Sociedad Unión Mutua, protagonistas de la estafa en Factor Group”. Pese a que una fiducia se registró en 2010 por valor de $ 2.271 millones y otra en 2011 por $ 1.377 millones, la ANT pagó $ 27.697 millones por los predios, denuncia el columnista, y dice que “no importó la inexplicable discordancia entre esos valores, ni que el estudio agronómico del mayor de los predios mostrara apenas 50 % de utilidad”.

En Puerto Carreño (Vichada), se compraron 17 predios, antes adjudicados como baldíos, que el Estado había otorgado a trabajadores rurales. “Personas distintas a los beneficiarios originales, unidas por vínculos familiares y comerciales, compraron cada una de esas parcelas. La ANT, entidad encargada de revisar estos entuertos, les pagó $ 17.504 millones por 18.543 hectáreas y, con extrañeza, Carlos Mario Villa Hincapié recibió el pago por 13 de ellas. Insólita plusvalía a cargo de las finanzas públicas”, advierte Suárez.

Finalmente, Suárez cierra sus denuncias con un caso en Puerto Gaitán (Meta) donde, dice, hubo una evidente transgresión. “Diez personas, que entre 2005 y 2007 recibieron del Estado sendos predios a costo cero, los englobaron en uno solo de 13.896 hectáreas y en febrero de 2024 lo vendieron a la ANT por $ 38.675 millones. El engendro, llamado Los Cachorros, fuera de que es declarado improductivo, es el de más área y más caro de todos los comprados. Una ilegalidad gigantesca”.