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Este jueves vence el plazo para que los desmovilizados de las Farc entreguen los recursos para resarcir a los afectados del conflicto armado.
La organización tiene en su inventario un billón de pesos en bienes. - Foto: León Darío Peláez.

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Bienes de las Farc: Consejo de Estado tiene la última palabra

Pastor Alape, vocero del Partido Comunes, presentó una acción de tutela manifestando que se habían cambiado las reglas de juego.

Para el próximo 4 de marzo quedó fijada la audiencia en la cual el Consejo de Estado estudiará la demanda presentada por el vocero del Partido Comunes, Pastor Alape, para la entrega material de los bienes de los integrantes de las extintas Farc, punto que quedó definido en el Acuerdo de Paz firmado entre dicho grupo guerrillero y el Gobierno nacional.

En julio de 2021, Alape –quien hizo parte del Secretariado de ese grupo armado ilegal durante muchos años- presentó la acción judicial indicando que se habían cambiado las reglas del juego para la presentación de los bienes que tienen como fin la reparación de las víctimas acreditadas.

La demanda pide revisar el artículo 4 del decreto 1407 de 2017 que fija que los desmovilizados que suscribieron el acuerdo de paz debían “garantizar la entrega material de cada bien incluido” en el inventario y responder “por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega. Para el efecto deberán designar unos delegados que se encarguen de este proceso”.

Sin embargo, para el accionante, los desmovilizados no podían cuidar ni mantener la custodia de estos bienes para los que suscribieron un proceso de dejación de armas, tránsito por una zona para su reintegro a la sociedad y la puesta en marcha de varios proyectos de reinserción.

Ante esto, consideran que no podían quedarse con los bienes pues esto podía ser “interpretado como un incumplimiento de uno de los mayores compromisos suscritos en el Acuerdo de Paz, pues los bienes y su manejo en nuestra organización tenían, como fundamento, sostener la rebelión armada”.

Igualmente, consideran que en el mismo Acuerdo se estableció que los bienes debían pasar al patrimonio autónomo que fijó la Ley 903 de 2017; sin embargo, esto no ha sido posible debido a que no se ha creado la instancia para realizar el trámite. Por esto, debe ser el Estado el encargado de realizar la incorporación de los bienes tras la entrega del inventario.

“Personas que hicieron tránsito a la vida civil no pueden controlar lo que pasa con los bienes apetecidos por distintos actores, puesto que no tienen a su disposición instrumentos materiales y/o judiciales oponibles a terceros para poder garantizar que no se pierdan o sobre ellos no se presenten oposiciones. Esta es la labor del Estado, que ostenta el monopolio de las armas y los recursos técnicos y jurídicos para garantizar la custodia”.

Frente a esta demanda, la Sección Primera del Consejo de Estado convocó a delegados de la Presidencia de la República, los ministerios de Hacienda, Justicia, Defensa, Agricultura; así como la Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para que entreguen sus respectivos argumentos.

Después de analizar los argumentos el máximo tribunal deberá definir si tumba o modifica los decretos demandados o los deja como están. El 31 de diciembre de 2020 finalizó el plazo para la entrega de los bienes de las extintas Farc, pero esta entrega dejó más dudas que respuestas puesto que muchos de los bienes inventariados no aparecieron.

En el inventario presentado se encontraban 722 bienes inmuebles, 12.000 millones de pesos en efectivo, 450.000 dólares, 440.000 gramos de oro, 24.000 cabezas de ganado, 50.000 elementos que corresponden a muebles y enseres, además de vehículos y joyas. Todo esto fue obtenido de manera ilegal en el marco del conflicto armado.