Cali, preocupada por el asesinato de sus jóvenes

La bala que buscaba ponerle fin a la vida de Carlos Campaz, quien el pasado sábado iba en una moto junto a su esposa e hija en el barrio Siloé de Cali, terminó causando toda una tragedia. Misteriosamente le atravesó el rostro y terminó en la frente de Helen, de apenas 7 años de edad, quien iba aferrada a la espalda de su padre. Lo paradójico de este acto criminal, desatado por un familiar, es que la niña falleció tras permanecer dos días con muerte cerebral en el hospital mientras que su papá, para quien iba el disparo, sigue vivo.

Este y otros casos dramáticos salen publicados cada semana en los medios locales y nacionales, como el de Liseth Castillo, una de las mejores estudiantes del país, quien sería becada por el gobierno para ir a la universidad y murió por una bala perdida el 13 de noviembre. Por ello crece una ola de preocupación en toda la ciudad y de temor entre muchos padres.

En efecto, porque si bien en la mayoría de las grandes ciudades los menores también son víctimas de la violencia, las cifras de Cali prácticamente se han mantenido en niveles muy altos. En 2013 fueron asesinados 248 menores y en 2012 la cifra alcanzó 225 casos. Esos homicidios representaron 22 y 18 por ciento de todos los registrados contra menores en Colombia durante esos mismos años. Y este año, según la Personería, de los 1.336 homicidios que se han registrado en Cali hasta el 22 de noviembre, 173 han sido contra menores de edad, sin agregar los tres del fin de semana.

Las cifras son muy altas si se comparan incluso con las de Medellín. Allí, en 2013 fueron asesinados 84 menores, es decir menos de la mitad que en Cali, con una ciudad de tamaño parecido y con una historia de violencia en sus jóvenes.  En lo corrido del año ya van 50 crímenes, cifra que si bien es preocupante, no es ni la tercera parte de los casos ocurridos en Cali.

El mismo fin de semana en el que murió la pequeña Helen, otros dos menores de 14 años de edad fueron asesinados a bala en hechos aislados ocurridos en los barrios Marroquín y El Poblado, dos sectores deprimidos de la Sultana. Y el 18 de noviembre se supo del infame caso contra una niña de 11 años de edad cargada, al parecer por su padre, con 104 cápsulas de cocaína con rumbo a España. La menor se salvó de morir, pero la historia indignó al país.

Andrés Santamaría, personero de la ciudad, dijo que ni los niños de 5 años escapan a la violencia: ya van cuatro víctimas fatales este año, que se suman a otros cuatro presentados entre pequeños de 5 y 10 años. Otros 28 crímenes más ocurridos contra menores de entre los 11 y 15 años de edad. Los restantes 137 asesinatos recayeron sobre jóvenes de 16 y 17 años de edad, de acuerdo con cifras de esa entidad.

Una de las principales razones de esta realidad, según las autoridades, es que en Cali hay cerca de 130 bandas o pandillas inmersas en una guerra territorial por el control del microtráfico y la extorsión. A esto se suma que los barrios están llenos de fronteras invisibles que no se pueden cruzar porque muchas veces se paga con la vida.

Este enfrentamiento explica que muchos de los homicidios cometidos en Cali se relacionan con esa guerra entre pandillas “que se ha visto alimentada con la migración de bandas criminales de Buenaventura, Cauca y Nariño, donde la mayoría de integrantes son jóvenes menores de edad”, explicó una fuente policial que pidió anonimato.

La Alcaldía advirtió que para atacar el problema de fondo y proteger la vida de los menores, existe una política pública con programas especiales que en los últimos dos años ya demandó una inversión por 94.290 millones de pesos.

Se trata del programa Territorios de Inclusión y Oportunidades (Tios), que consiste en proyectos de impacto social como las jornadas escolares complementarias, subsidios de vivienda, iluminación y dotación de 707 parques; escuelas de formación deportiva, centros de desarrollo infantil, entre otras obras, cuyo objetivo, “además de reducir la pobreza y disminuir la inseguridad, es entregar oportunidades de progreso y mejoramiento de la calidad de vida”, explicó el alcalde Rodrigo Guerrero.

Desde el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, creen que el problema se enquistó porque “no hay una política preventiva seria”, dijo Jesús Darío González, director del programa, tras argumentar que en la opinión pública se acuñó una teoría que solo ha servido para desviar la solución: “desde muchos frentes se aduce la intolerancia como el factor generador de esa violencia, pero ese diagnóstico es errado y lo que hace es ocultar las causas reales del problema”. Las dos principales: la impunidad y la falta de oportunidades.

Por eso insistió en una política social integral que resuelva las causas que originan esa violencia. “La carpeta criminal de la ciudad se ha diversificado y en ella los menores de edad son el caldo de cultivo no solo por las bajas penas que reciben si son capturados, sino por la falta de opciones de vida”, dijo.

Sus palabras tienen eco si se mira la otra cara de la moneda: los menores delincuentes. Este año en Cali fueron aprehendidos 1.412 adolescentes señalados por hurtos, porte y fabricación de armas, estupefacientes y homicidios. “No hay duda de que estamos frente a un problema de instrumentalización criminal de nuestros menores”, concluyó el alcalde Guerrero.

Tal vez todos tienen un poco de razón en lo que argumentan, y mientras los resultados de esas acciones se ven, los caleños siguen como espectadores de una penosa tragedia protagonizada por niños, y para la muestra otro botón: el 2 diciembre pasado un grupo de hombres armados se subió a una buseta escolar, amenazaron a 16 niños y les robaron sus morrales. Las víctimas eran discapacitados.