Campesinos armados

La velocidad con la que se va articulando una política para la guerra contra la guerrilla no acaba de sorprender a los colombianos. Al impuesto que recaudará dos billones de pesos para operaciones militares y al millón de informantes que ayudarán a cuidar las carreteras, Alvaro Uribe agregó la semana pasada una nueva iniciativa no menos polémica que todas las anteriores: armar a miles de campesinos.

El gobierno considera que, dadas las limitaciones de plata y la urgencia de aumentar el pie de fuerza, es la mejor alternativa para pasar a la ofensiva. Otros, en cambio, creen que es el primer paso hacia una sangrienta guerra civil.

¿En qué consiste esta nueva medida que, como todas las anteriores que ha tomado Uribe, tranquiliza a algunos y pone los pelos de punta a otros?

El Ministerio de Defensa planea incorporar entre hoy y marzo de 2003 a 15.000 soldados y policías de apoyo para que respalden la labor de los policías y soldados profesionales y regulares en municipios pequeños. Estos soldados voluntarios serán reclutados por los comandantes de cada región entre el grupo de muchachos que tienen la edad y las condiciones físicas para prestar el servicio militar obligatorio.

Los nuevos reclutas serán considerados militares y por lo tanto deberán obedecer el mismo código de conducta del Ejército y de la Policía, sus acciones serán juzgadas por tribunales penales militares, portarán uniforme y seguirán la jerarquía de mando militar.

Pero a diferencia de los policías y soldados regulares, estos jóvenes vivirán en sus casas y combinarán sus actividades normales de estudio o trabajo con las de entrenamiento militar y funciones del servicio, que en todo caso serán menos especializadas que las del resto de la tropa. Ellos cuidarán puentes o infraestructura de su zona y adelantarán labores de inteligencia como reportar movimientos extraños. También apoyarán las labores que requiera el resto del pelotón que esté en ese municipio. Porque, según aclaró la Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, "ellos nunca van a estar solos. Siempre estarán acompañados de un pelotón de Fuerza Pública mixta conformado por soldados regulares y profesionales y agentes de Policía que permanecerán en el sitio".

Los soldados y policías de apoyo recibirán un entrenamiento militar de tres meses y la mayoría de ellos contarán con un fusil de dotación que, según explicó la Ministra, "no lo podrán llevar a sus casas". Las armas se mantendrán en el respectivo batallón o estación de Policía.

Esta estrategia es una medida de urgencia para tiempos de crisis económica. Busca aumentar rápidamente la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional y hacerlo de la forma más barata posible, que dadas las restricciones fiscales, es la única factible. " Los soldados profesionales son muy costosos y lo que se requiere es una presencia permanente de las Fuerzas Militares sobre el territorio para controlarlo. Los soldados profesionales son fuerzas de reacción frente a los ataques. Pero para estar permanentemente en el territorio esa medida es más eficaz y menos costosa", dice el analista Alfredo Rangel.

La guerra colombiana contra los paras y la guerrilla tiene dos centros de gravedad: uno es la lucha contra el narcotráfico y el otro es el control del territorio. La estrategia del gobierno apuntaría a recuperar para el Estado el territorio perdido.

La guerrilla ha entendido esto muy bien y por eso ha basado su estrategia en atacar las estaciones de Policía de los pueblos. Con cada toma saca al Estado de la región y se convierte en la autoridad de facto. Esta presencia militar le da la posibilidad de recoger dinero a partir de extorsiones, secuestros e 'impuestos' a los cocaleros y también le permite cooptar políticamente a la gente de la región.

Aunque el gobierno emprendió hace cuatro años un esfuerzo sin precedentes para contrarrestar la expansión territorial de la guerrilla, sigue a la zaga. Duplicó el número de soldados profesionales, que hoy asciende a 55.000; incorporó a 10.000 nuevos carabineros, que comenzarán a actuar a finales de este año, y creó una fuerza de despliegue rápido que ha evitado descalabros militares como los de Patascoy, las Delicias y Puerres que se vivieron durante el gobierno de Ernesto Samper. Pero aún hoy existen 162 municipios sin Policía y cientos de alcaldes inermes frente a las amenazas de las Farc, que ya han provocado la renuncia de 73 burgomaestres.

El ideal sería aumentar el número de soldados profesionales. Pero según el Ministerio de Defensa, aun contando con todos los recursos necesarios sería imposible crecer este grupo en más de 2.500 al año por el tiempo que exige su preparación y la de los mandos. Y los tiempos de la guerra no dan espera.

Este control territorial implica no sólo contar con el dominio de un área geográfica sino también con el apoyo de la población que vive allí. Porque en las guerras irregulares como la colombiana el que se gana a la población civil inclina la balanza. Por eso el gobierno cree que los soldados de apoyo ofrecen algunas ventajas adicionales fuera de ser 'baratos' (le costarán al Estado un tercio que los regulares).

Lo primero es que forman parte de la población que van a cuidar. Eso permitirá no sólo tener un soldado sino toda una familia y una comunidad protegiéndolo. Así como la guerrilla al reclutar jóvenes de áreas estratégicas consigue que los campesinos no alerten al Ejército porque sus hijos correrían el riesgo de morir, el gobierno espera que ahora colaboren más activamente con las instituciones para proteger a sus muchachos. "Como la gente forma parte de la población eso va creando un tejido de cooperación con la Fuerza Pública, afirma la ministra Ramírez. A la población toca tenerla del lado nuestro. Es la única forma de ganar esta guerra".

Estos soldados de apoyo contarían con la ventaja adicional de conocer la geografía del lugar y la gente que vive allí. Así podrán detectar más fácilmente la presencia de posibles guerrilleros o paramilitares. "Es como una red de inteligencia permanente con una capacidad de disuasión importante ante el acoso de grupos irregulares", afirma una alta fuente militar.

El Ministerio es consciente de que salvo que haya una masa suficiente de estos soldados y policías de apoyo no desempeñarán un papel disuasivo. Por eso, aunque aún no se ha definido en qué zonas comenzarán a actuar, sí tienen claro que esta política se desarrollará de manera gradual y priorizando regiones donde se puedan concentrar los pelotones, que en cualquier caso contarán con un mínimo aún no determinado de soldados de apoyo.

El gobierno calcula que tendría capacidad para reclutar en un lapso de cuatro años hasta 100.000 de estos jóvenes. Eso significaría -si se hace un promedio- que en cada uno de los 423 municipios más vulnerables a los que aspira cubrir esta estrategia podría llegar a haber más de 230 soldados y policías de apoyo. Con una proporción de Fuerza Pública de este tamaño la guerrilla necesitaría movilizar más de 700 combatientes para tomarse un pueblo, una fuerza que sería fácilmente ubicada y derrotada por las brigadas móviles y el avión fantasma, como ha sucedido en los últimos grandes combates.

El gobierno es consciente de los riesgos que acarrea esta estrategia. Cree que existe la posibilidad de que algunos de estos soldados o policías de apoyo cometan excesos, como utilizar las armas cuando estén borrachos o cambiarse de bando con su arma. Pero considera que no será muy diferente de lo que sucede hoy en día con los regulares o con los profesionales. "Ellos estarán sometidos al mismo código de conducta militar y a los mismos controles", dice la Ministra de Defensa.

Los riesgos

Allí donde los artífices de la política ven un riesgo marginal, los críticos de la medida ven el boquete por donde se desbordará el conflicto. Varios son sus temores.

El primero es que estos soldados y policías de apoyo terminen con un Inri sobre su frente. Temen que, dada la precaria preparación que tendrán (tres meses) y el hecho de que no siempre estarán armados ni cumpliendo funciones militares, se conviertan en un objetivo fácil para los grupos armados. Más aún teniendo en cuenta que en esos mismos pueblos viven los milicianos guerrilleros que podrán señalar quiénes son los soldados de apoyo y matarlos cuando no tengan consigo su armamento (de noche, por ejemplo, cuando hayan dejado sus armas en la brigada). En las épocas más sombrías de Pablo Escobar, cuando éste le puso un precio de un millón de pesos a cada policía, los sicarios preferían asesinarlos cuando volvían desarmados a sus barrios o cuando andaban de civil.

"Los calificarán de sapos por el sólo hecho de recibir un pago y si son medio militares correrán un riesgo aún mayor, afirma un analista. Puede ser una estrategia bastante irresponsable". Considera que si la guerrilla mata a dos o tres de estos muchachos la rabia de sus seres queridos se volverá en contra del Estado, como ya sucede entre los familiares de los soldados y policías retenidos por las Farc. O, en el mejor de los casos, se revertirá en contra de la guerrilla, creando un mayor caldo de cultivo para que crezca el apoyo a los paramilitares.

Frente a esta crítica la Ministra responde que en la medida en que estos jóvenes estarán acompañados de un pelotón de soldados y policías profesionales no correrán más riesgos que los demás miembros de la Fuerza Pública y que, en todo caso, la estrategia se pondrá primero a prueba en las zonas en donde la guerrilla es más débil para afinar el modelo antes de entrar a las zonas más duras.

El segundo cuestionamiento que se le hace a esta medida es que estos soldados campesinos terminen siendo cooptados por los poderes ilegales que imperan en la región. "Esto no encaja en las dinámicas de este país porque el Estado es muy débil, afirma Alvaro Jiménez, ex integrante del M-19, quien lleva años trabajando en programas de convivencia en Medellín. Van a terminar presos de los poderes que haya en la región. En Guaviare o Córdoba, ¿a quién le van a hacer caso?".

Existe el temor de que estos soldados terminen siendo aprovechados para fortalecer el paramilitarismo, como de hecho sucedió con algunas Convivir. "Si el reclutado puede completar los 75.000 pesos que posiblemente le pagará el Estado con otro poquito más que le den los paras, además de las garantías de seguridad que le pueden ofrecer, es bastante probable que termine contaminado", dice otro analista que no quiso revelar su nombre.

Si bien es cierto que cualquier soldado regular o profesional podría incurrir en la misma tentación -de hecho ocurre en ocasiones- en este caso sería más vulnerable porque no cuenta con una preparación suficiente para desarrollar lealtades y porque dado que no tendrá una vida cuartelaria el sistema de control será menor. "Armar soldados y manejarlos luego como si fueran policías en áreas rurales inseguras es peligroso. El soldado es entrenado para actuar de manera colectiva, se adscribe a unidades bajo un mando, tiene vivienda institucional que es protegida y sistemas de prevención permanente. Si estos soldados campesinos van a estar en sus casas, va a ser muy complejo organizar una defensa eficaz en caso de ataque, el cual es sorpresivo en una guerra de guerrillas", dice Eduardo Cifuentes, defensor del Pueblo. El es un convencido de la necesidad de fortalecer la Policía Rural, pero cree que debe estar enmarcada dentro de unos estándares profesionales para que de verdad pueda ser una fuerza de contención y al mismo tiempo darle seguridad a sus comunidades.

Otro peligro es que podría terminar convertido en un delincuente de medio tiempo que aprovecha el poder que le da su arma para robar, extorsionar o secuestrar.

Pero la crítica más profunda es que esta medida termine involucrando irresponsablemente a la población en el conflicto. Varios analistas consideran que con estos miles de campesinos armados, unidos al millón de informantes (ver recuadro), Uribe logrará en un corto tiempo lo que la guerrilla ha intentado hacer infructuosamente durante 40 años: llevar al país a una guerra civil. Es decir, que en unos años gran parte de la sociedad esté participando activamente (no como víctima sino como protagonista) en el conflicto armado, cosa que hoy no sucede.

Están de acuerdo con la Ministra de Defensa en que la única forma de ganar la guerra es ganándose el apoyo de la población. Discrepan, sin embargo, en la metodología para conseguirlo. "Lo de los soldados de apoyo puede ser el final de un proceso pero no el comienzo. Cuando la gente se ve utilizada para lo militar su apoyo a las instituciones es muy endeble. No siente que el Estado esté trabajando para ella. Le piden solidaridad con una institucionalidad que nunca ha sido solidaria con ellos. Así no se construye civilidad, que es lo que necesita Colombia", afirma el analista que prefirió no dar su nombre.

La Ministra aclara que el pelotón de la Fuerza Pública (Policía, soldados regulares, soldados profesionales y soldados de apoyo) no llegará solo sino con todo el Estado detrás. "Va a estar con fiscales, jueces, servicios de salud y proyectos productivos que tendrán un carácter permanente en la zona", afirma Ramírez. El riesgo, sin embargo, es que con esto suceda lo mismo que ha pasado con los proyectos sociales del Plan Colombia. Estos proyectos también apuntaban a construir Estado pero han llegado -cuando han llegado- mucho más tarde que los soldados o los aviones de fumigación. Al final la gente de lugares apartados la única presencia oficial que termina viendo es la armada.

"Yo no creo que el Estado tenga que cruzarse de brazos frente al desafío militar de la insurgencia. Pero esto se resuelve con más profesionalismo de parte de los militares y con más política, que es la única que puede relegitimar el Estado", dice otro analista.

La suerte esta echada

Independientemente de los riesgos, que existen y ameritarían un mayor debate, hay un gobierno que frente al progresivo desmoronamiento del país está tomando medidas de fondo. No se sabe si esta audaz y controvertida estrategia que aspira reclutar 100.000 soldados de apoyo sea la estocada definitiva para lograr la paz con la guerrilla o la invitación a una guerra civil. Lo cierto es que, más allá de sus imperfecciones logísticas y militares, detrás de esta decisión hay convicción, voluntad y estrategia, tres ingredientes fundamentales para encarar el actual conflicto. "La diferencia con respecto al gobierno de Andrés Pastrana es que ahora existe la voluntad política de ganar la guerra y los recursos para hacerla", afirma un alto funcionario de ambos gobiernos, que en todo caso reconoce que si no fuera por la modernización de las Fuerzas Militares emprendida hace cuatro años nada de esto sería posible.

Esta medida forma parte de una estrategia más integral que incluye una agresiva campaña para estimular la deserción de guerrilleros y paramilitares, un aumento adicional del pie de fuerza de soldados regulares y profesionales en 25.000 hombres y una persecución a fondo de las finanzas de los grupos armados. Dentro de esta política de seguridad también se contempla la creación de grupos élites para combatir el terrorismo en la ciudad.

Después de los ataques de las Farc al Palacio de Nariño el pasado 7 de agosto a nadie le cabe duda de que la guerrilla buscará urbanizar la guerra con golpes sangrientos y espectaculares para generar aún más terror en la sociedad. Y lo hará, con más contundencia, en la medida en que la estrategia de los soldados campesinos logre neutralizar el control de la guerrilla en la zona rural. Es decir, que el aumento del terrorismo urbano de las Farc y el ELN puede ser inversamente proporcional al éxito de la estrategia de control territorial del gobierno. Lo cual, en últimas, redundaría en favor del Estado ya que la utilización indiscriminada del terrorismo de un autodenominado grupo insurgente sólo refleja la debilidad militar y su agonía política.

El norte de esta guerra está definido. Y la estrategia está cada vez más clara. El país salió de su etapa de negación frente a la guerra y eligió a un Presidente que cree en las virtudes de una apuesta militar para lograr una salida política. La pregunta es si apunta hacia la solución definitiva de este conflicto o hacia su agudización. El tiempo lo dirá.