Samuel Moreno habría liderado el ‘carrusel’

Un año después de haber radicado el escrito de acusación en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado, dentro de un segundo proceso que se le adelanta por el ‘carrusel de contratación’. 

 

Según el ente acusador, Moreno fue la persona que presuntamente lideró el ‘carrusel’ y se concertó con particulares y funcionarios públicos para defraudar las arcas del Distrito, durante el tiempo que estuvo en la Alcaldía de Bogotá. 

 

En un escrito de acusación revelado por semana en febrero del 2013, el cual le fue leído a Moreno este martes, la Fiscalía tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia hace las más duras acusaciones contra el exalcalde.

 

El funcionario judicial no ahorra frases para describir cómo fue el saqueo de las finanzas del Distrito y el contubernio político entre funcionarios para desfalcar al erario. Las gravísimas acusaciones están dirigidas especialmente a Moreno, quien fue elegido alcalde en representación del Polo Democrático Alternativo (PDA).

En cuanto al delito de concierto para delinquir, el fiscal asegura que desde los meses de diciembre del 2007 y hasta junio del 2010, Samuel Moreno, su hermano Iván, el abogado Álvaro Dávila y los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez se pusieron de acuerdo para cometer los delitos contra la administración pública. 

“Samuel Moreno tenía la dirección del gobierno y la facultad de designar al director del IDU. De acuerdo con las evidencias, con destino suyo y de su hermano iba dirigida la mayor cantidad de dinero producto de los sobornos solicitados a los contratistas”, dice el documento. 

En cuanto al delito de peculado por apropiación agravado, el fiscal asegura que Moreno conoció el contrato IDU No 137 de 2007 entregado a la Unión temporal Transvial del Grupo Nule (Fase III de TrasMilenio) con el que se hicieron actuaciones administrativas que permitieron que la empresa se apropiara de 190.266 millones de pesos. “Samuel Moreno sabía que estaba determinado a los directores del IDU para cometer el peculado a favor del citado grupo empresarial. Y quiso hacerlo”. 

El ente investigador indicó que obtuvo documentos en las oficinas del abogado Álvaro Dávila que probaban no sólo la cercanía entre este y Samuel Moreno, sino un manuscrito en el que el jurista relaciona a los Moreno con un porcentaje de comisiones del Grupo Nule. 

La Fiscalía también aseguró que Emilio Tapia, uno de los que participaron en el descalabro de las finanzas distritales y capturado recientemente por lavado de activos, “era importante como intermediario ante los funcionarios del IDU”, para el logro de los propósitos de este grupo de funcionarios y contratistas. 

Con la intención de vencer en juicio a Moreno, la Fiscalía solicitó al juez 34 de conocimiento que sean tenidos en cuenta, entre otros, lo testimonios del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; el concejal Antonio Sanguino; el expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry; Carlos Fernando Galán y los de Miguel, Manuel y Guido Nule. Mauricio Galofre también fue tenido en cuenta por el ente acusador, al igual que el exconcejal Hipólito Moreno y el excontratista Julio Gómez. 

En la primera imputación hecha el 19 de septiembre del 2011, Moreno no aceptó ninguno de los cargos y aseguró que no ha sido "autor, ni partícipe, ni tampoco determinador, de conducta delictiva alguna. De los cargos que se me imputan no se infiere ninguna responsabilidad por parte mía". 

Durante la audiencia, la Fiscalía dijo que en las etapas precontractuales, de las cuales es responsable la administración, fueron adulterados los pliegos, se presentaron varias empresas en los procesos de contratación con el objetivo de conseguir los contratos y se aprovecharon las relaciones familiares para concentrar las licitaciones. 

 

El entonces fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Ricardo González, recordó que la investigación del ente acusador permite explicar cómo Samuel Moreno terminó involucrado en compromisos de contratos a las mismas personas. 

 

El representante del ente acusador subrayó que se creó una comisión de éxito diseñada "por un abogado muy cercano" con el objetivo poder conseguir los contratos. Recordó que para la adjudicación de los contratos 071 y 072 de la malla vial se cobraban comisiones de entre el 8 y el 10 %. 

 

Según el ente acusador, para su campaña Moreno recibió dinero de los principales contratistas que para entonces tenía la ciudad, Emilio Tapias y Julio Gómez. Esto a cambio de la entrega de los contratos. 

  

Sobre el delito de peculado, el fiscal habló de la Fase III de TransMilenio y de la cesión del contrato a Conalvías. "En febrero del 2010 Conalvías de manera unilateral radica una propuesta al IDU para que se le tuviera en cuenta como posibles cesionarios". 

 

El peculado es, según el fiscal, de 218.000 millones de pesos y se configura en el favorecimiento a contratistas (Conalvías).

 

Respecto al delito de concusión, el fiscal hizo referencia al encuentro ocurrido el 13 de mayo del 2010 en la sala VIP de Avianca, en el que según el fiscal, Moreno habría solicitado una suma de 5.000 millones de pesos a Miguel Nule. 

A los líos judiciales de Moreno, se le sumó que el pasado 20 de diciembre la Fiscalía anunció una nueva imputación en contra del exalcalde. El ente investigador lo comprometió con el proceso en el que están enredados varios concejales y el exsecretario de Salud Héctor Zambrano. Se trata del famoso contrato de 67.000 millones de pesos que se firmó para la prestación de servicio de ambulancias en la capital del país.

El ente investigador le imputará al exmandantario actualmente preso en la Escuela de Caballería en Bogotá, el delito de cohecho propio porque, al parecer, recibió junto con otros de los implicados el 9 % del monto del contrato, es decir, por cerca de 6.000 millones de pesos.