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 El mayordomo de la finca del exembajador en Uruguay Fernando Sanclemente está dispuesto a contar todo a las autoridades. Asegura que él sabía que en su predio había una parte arrendada para un laboratorio de coca.
El mayordomo de la finca del exembajador en Uruguay Fernando Sanclemente está dispuesto a contar todo a las autoridades. Asegura que él sabía que en su predio había una parte arrendada para un laboratorio de coca. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA / fiscalía general de la nación

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Caso Sanclemente | Denuncian incumplimientos de la Fiscalía en acuerdos con mayordomos de la narcofinca

La defensa de los mayordomos advirtió que sus clientes fueron enviados a un patio regular en La Modelo y la Fiscalía sigue sin concretar la negociación.

25 de mayo de 2021

La negociación de Laureano Martínez, mayordomo en la finca del exembajador Fernando Sanclemente, con la Fiscalía, estaba prácticamente cocinada. Entregó una matriz de colaboración y el material probatorio para demostrar, según dijo, que el exembajador sabía de la existencia de los narcolaboratorios ubicados en su finca. Sin embargo, su defensa advirtió que la Fiscalía incumplió los acuerdos que se pactaron para concretar la negociación y de cara a un principio de oportunidad.

Los dos mayordomos de la finca, Laureano y Gustavo Enrique Bejarano, decidieron colaborar con la justicia. Lo hicieron mientras reconocieron su responsabilidad y entregaron evidencias de quienes estarían detrás de la construcción de tres laboratorios para el procesamiento de droga en la llamada “narcofinca” del exembajador ubicada a Guasca, Cundinamarca, a solo dos horas de Bogotá.

La colaboración de los mayordomos estaba pactada. En otras palabras, mientras ellos accedían a entregar información, la Fiscalía a cambio ofrecería alguna clase de beneficio judicial como el principio de oportunidad, además de condiciones adecuadas de reclusión. Pero de acuerdo con el abogado de los exempleados de Fernando Sanclemente, nada hasta el momento se ha cumplido.

“Denuncio formalmente que la Fiscalía nos ha incumplido. Ha frustrado en este momento cualquier tipo de colaboración a pesar de que ya entregamos, en dos reuniones que se tuvo antes con el ente acusador, todas las informaciones pertinentes y nos aprestamos para entregar otra información”, explicó el abogado Víctor Muñoz, defensor de los dos mayordomos.

Adicional a los incumplimientos que asegura el abogado ocurren por cuenta de la Fiscalía, advierte que los mayordomos fueron cambiados de patio en la cárcel La Modelo de Bogotá, a uno con pocas condiciones de seguridad a pesar de las advertencias que hicieron y de las amenazas que recibieron, intimidaciones que surgieron luego de conocer que los dos exempleados se convirtieron en testigos de la justicia.

Declaración del mayordomo del exmbajador Fernando Sanclemente
Declaración del mayordomo del exembajador Fernando Sanclemente | Foto: Cortesia

“Debo comunicar a la opinión pública en general que mis clientes en la noche de ayer intempestivamente y por parte de la Fiscalía General de la Nación fueron trasladados al patio uno de La Modelo, donde no cuentan con ningún tipo de seguridad y su integridad personal puede correr absolutamente grave peligro”, dijo el abogado tras insistir que sus clientes están en grave riesgo.

Los testigos de la Fiscalía, además de entregar una matriz de colaboración que incluía los detalles de ese acercamiento con la justicia, rindieron diligencias de interrogatorio ante el fiscal del caso para corroborar lo dicho en los documentos previos y donde aseguraron que el exembajador Fernando Sanclemente sabía de la existencia de esos laboratorios.

El problema para la defensa de los mayordomos es que la Fiscalía los invitó a participar de un proceso de colaboración, escuchó las declaraciones, recogió el material probatorio y hasta el momento incumplen las condiciones básicas, como la seguridad para los testigos.

Desde la Fiscalía aseguraron que los analistas se encuentran revisando todo el material probatorio que entregaron los mayordomos y están a la espera de los resultados, establecer qué tan confiable puede ser la información que decidieron entregar al ente acusador.