¿Se rinde el Clan del Golfo?

Hace pocas semanas, altos funcionarios del gobierno, la Fiscalía y algunas autoridades recibieron cartas, emisarios y abogados que llevaban una razón del hombre más buscado y peligroso del país: Dairo Úsuga, conocido con el alias de Otoniel y jefe de la banda criminal Clan del Golfo.

El capo, básicamente, informaba que él y cerca de 2.000 hombres bajo su mando estaban dispuestos a someterse a la justicia lo más pronto posible. El anuncio causó algo de incertidumbre, ya que ocurrió pocos días después de que Aristides Páez, alias el Indio, tercero al mando de esa organización narcotraficante, murió en un enfrentamiento con comandos de la Policía y el Ejército de la Operación Agamenón II.

Puede leer: La ruta del narcobanano colombiano

Se trataba de uno de los lugartenientes más cercanos a Otoniel y uno de los hombres más importantes de esa estructura, pues era el encargado de las finanzas y las rutas del narcotráfico. Por eso, el gobierno ofrecía 3.000 millones de pesos de recompensa por él.

Cuando se esperaba una violenta ofensiva en venganza, paradójicamente, esa operación marcó el punto de no retorno de Otoniel en su idea de someterse junto con su grupo. En los últimos nueve meses prácticamente toda la cúpula del clan desapareció en golpes de la Operación Agamenón II, comandada por el director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas Valencia.

En julio de 2017 fue abatido Efrén Vargas Gutiérrez, alias Culo de Toro. Un mes más tarde cayó su hermano Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán. En noviembre le tocó el turno a Luis Orlando Padierma, alias Inglaterra, quien también murió en combates con los efectivos de Agamenón II. Esto se suma a otras 82 muertes de cabecillas locales del clan que actuaban en diferentes lugares del país.

Puede leer: Ejército capturó al hermano de Otoniel, jefe del Clan del Golfo

Este anuncio de sometimiento llegó como resultado de un proceso que comenzó hace más de dos años. En febrero de 2015 esa banda criminal hizo sus primeros contactos con el gobierno para sondear un sometimiento. Un mes antes el gobierno había lanzado la Operación Agamenón, una ofensiva para capturar a Otoniel y desarticular su organización. Se trataba del movimiento de uniformados y recursos más grande contra un grupo delincuencial, muy superior incluso a los esfuerzos que el Estado desplegó hace dos décadas para acabar con Pablo Escobar y el cartel de Medellín.

En marzo de ese año, representantes de la banda contactaron al senador Iván Cépeda, quien tras informar al gobierno recibió autorización para comenzar los acercamientos y, junto con la Fiscalía, empezar a ver las opciones. Durante gran parte de 2015 las comunicaciones se dilataron debido, en parte, a la ofensiva policial. Ese año las autoridades capturaron a cerca de 800 integrantes de la banda y dieron de baja en operaciones a más de 30, entre ellos, varios comandantes.

En mayo de 2016, los contactos entre los enviados del clan y los enlaces del gobierno se reactivaron nuevamente y el proceso de diálogo tuvo otra dinámica. Tanto, que para agosto de ese año, y autorizados por el gobierno, representantes de Otoniel viajaron a La Habana, Cuba, y se reunieron con los negociadores de las Farc. El objetivo de esa cita era contar con el apoyo de esa guerrilla ante un eventual sometimiento.

Para septiembre de 2016, los voceros del Golfo y los enlaces del gobierno se reunieron con el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para empezar a trabajar en la propuesta de sometimiento. Un mes más tarde, cuando ganó el No en el plebiscito, todo quedó congelado, ya que no era claro qué podía pasar con el futuro de las Farc y, en consecuencia, con los acercamientos del clan. Sin embargo, mientras los acercamientos estaban empantanados, la ofensiva contra el grupo crecía.

Le sugerimos: Guacho, la cara de la violencia en el Pacífico

Para finales de 2016, los uniformados ya habían capturado a 1.300 miembros del clan, entre ellos, 20 familiares de Otoniel, entre cuñadas, primos y sobrinos. Les decomisaron 80 toneladas de droga y les quitaron bienes y caletas con dinero que sumaban más de 300 millones de dólares.

En mayo de 2017, Santos nombró vicepresidente al general Óscar Naranjo y le encomendó la misión de encargarse personalmente de los diálogos con el clan, apoyado por Cepeda y José Noé Ríos. Al tiempo, el gobierno lanzó la Operación Agamenón II. “Se trata de una sinergia con las Fuerzas Militares, en la que la alianza con el Ejército ha sido la clave del éxito”, afirma el general Vargas. Esta nueva etapa implicó una ofensiva aún más agresiva contra esa bacrim.

Entre mayo y finales de agosto se realizaron más de 20 reuniones en la Vicepresidencia con los voceros. Los representantes del gobierno grabaron todas y realizaron actas que enviaban al fiscal general. Naranjo dejó en claro siempre que las conversaciones no implicaban en ningún momento el cese de la ofensiva policial-militar. De hecho, mientras tenían lugar los diálogos, esa bacrim perdió en tres meses a cinco de sus principales jefes. Los arrestos, decomisos de droga y bienes también se dispararon (ver recuadro). Esa especie de política de zanahoria y garrote, diálogo por un lado y operaciones por el otro, acorraló a Otoniel y sus hombres. Ya con las Farc desmovilizadas y en pleno proceso de paz, no tardaron en darse cuenta de que todo el poderío militar para combatir a esa guerrilla ahora estaba enfocado en ellos.

La presión implicó también que la organización criminal empezó a colapsar. Los decomisos de droga y dinero privaron a la banda de dinero en efectivo. En la mayoría de sus bloques los pagos a los combatientes comenzaron a tardar hasta más de seis meses. Ante la imposibilidad de Otoniel de mantener el control y dar órdenes, muchos mandos medios o incluso rasos optaron por armar rancho aparte, no sin antes robar a la propia banda dinero y armas para crear pequeñas disidencias de entre 50 y 80 hombres. Esto desencadenó a su vez violentas vendettas por el control.

Todo lo anterior, entre otros factores, hoy tiene a esa banda dispuesta a someterse a la justicia y a la legislación común. Ya no buscan, como en el pasado, obtener tratos especiales. Entendieron que solo les queda esa salida, pues la ofensiva estatal les dejó en claro que solo hay dos caminos más: la cárcel o la muerte.