¿Cómo borraron a un municipio cordobés del mapa?

En agosto pasado el asesinato de Jairo Zapa, director de Regalías de la Gobernación de Córdoba provocó un escándalo nacional cuando se reveló que quienes lo mataron querían ocultar los supuestos verdaderos usos que se les daban a los más de 100.000 millones de pesos anuales que recibe Córdoba. El cadáver fue encontrado en límites de una finca del padre del gobernador Alejandro Lyons, razón por la que todos los ojos se volcaron sobre él. Sin embargo, Lyons insiste en que es una desafortunada coincidencia y le dijo a SEMANA que “es ilógico que si hubiéramos tenido algo que ver en ese terrible hecho, lo hubiéramos llevado cerca de  una de nuestras propiedades”.

Muchos funcionarios públicos en varios municipios hablan de corrupción y dominio absoluto de las bacrim, pero prefieren ocultar sus nombres por temor a represalias. Coinciden en que ni siquiera en los consejos de seguridad se puede hablar con tranquilidad porque siempre hay infiltrados.

Ahora, un nuevo hecho con regalías de por medio pone a Córdoba en el ojo del huracán y empieza a generar muchas dudas. El municipio de San José de Uré literalmente desapareció del mapa este 7 de noviembre cuando dos conjueces suspendieron provisionalmente las ordenanzas número 011 de 2007 y 024 de 2008 con las cuales nació el municipio.  De ese modo borró de un plumazo los esfuerzos de los habitantes de Uré, anteriormente un corregimiento de Montelíbano, quienes tras años de vivir en el olvido habían logrado después de muchos intentos que la Asamblea les diera su anhelada independencia administrativa.

Montelíbano es un municipio minero donde se extrae arcilla, ferroníquel y en donde trabaja la empresa Cerro Matoso. Con los límites fijados por la Asamblea en 2007, gran parte de la zona donde se realiza explotación minera legal pasaba a ser parte del recién nacido San José de Uré. Pero un año después, una nueva ordenanza hizo una redelimitación y  le dejó apenas con cerca del 12 por ciento de la mina, de manera que la mayoría de las regalías siguieran llegando a Montelíbano.

Uré, con cerca del 55 por ciento de población indígena embera y zenú y 27 por ciento de afrodescendientes tenía que empezar desde ceros a construir un pueblo en una zona roja y crítica del país. No había vías pavimentadas, agua potable, educación de calidad, ni programas sociales y para colmo de males el primer alcalde, Bladimir Londoño Zulbarán, lejos de sacar adelante la nueva entidad territorial,  hoy paga una condena de 11 años de prisión por haber desviado 8.000 millones de pesos a su cuenta personal.

En 2012 Lourdes Acosta asumió la Alcaldía e hizo algo que tal vez no gustó en algunos sectores políticos del departamento. Pidió que le dieran al municipio las regalías que hasta el momento no se le habían pagado, que estaban congeladas en las arcas de Montelíbano. De esta manera recuperó cerca de 25.000 millones de pesos, que según ella ya se invirtieron.

Aunque tiene detractores, la mayoría de la población apoya a la alcaldesa. Los habitantes de Uré se niegan a dejar de ser municipio y por eso se tomaron la sede de la Alcaldía y el Concejo. En tres años han logrado pavimentar cerca del 80 por ciento del escaso casco urbano, construyeron colegios, escenarios deportivos, una planta de agua potable que surte del líquido a casi 90 por ciento de la zona urbana, crearon transporte escolar para los niños de las zonas rurales, trajeron el programa de familias en acción e incluso instalaron zona Wi Fi gratis en uno de los nuevos parques del municipio. Además, siendo un pueblo tan joven, en 2013 pasó del puesto 25 al puesto 16 en desempeño fiscal entre los 30 municipios de Córdoba.

Un fallo polémico

En julio de 2013 el abogado William Quintero demandó al departamento de Córdoba, y el proceso llegó por reparto a la sala del magistrado del Tribunal Administrativo del departamento, Publio Martín Patiño. Fue aceptada en enero de 2014 pero los otros dos magistrados de la sala se declararon impedidos, por lo que entraron en su lugar los conjueces Carlos Enrique Ospino Burgos y Jorge Luis Hoyos Usta. En junio, Patiño consideró que su sala no era competente para fallar el caso y solicitó llevarlo al Consejo de Estado. Quintero hizo uso del recurso de súplica y los conjueces decidieron que el caso debía quedarse en Córdoba, revocaron la decisión del magistrado Patiño, y lo separaron del caso.

Finalmente, Jorge Luis Hoyos fue nombrado conjuez ponente y el 7 de noviembre, con el magistrado Ospino, decidieron suspender provisionalmente las ordenanzas que crearon a San José de Uré. Las razones: contar con menos de 14.000 habitantes, cifra necesaria para conformarse como municipio, y por no contar con estudio previo sobre conveniencia y viabilidad del nuevo municipio.

El asunto generó polémica ya que en un  certificado de agosto de 2006 el Dane indicó una población total de 14.329 habitantes en el entonces corregimiento de Uré. En 2010 se certificó una población de 10.245 habitantes, lo que en teoría mostraría el incumplimiento del requisito. Sin embargo, habría que tener en cuenta algunas variables debatibles como que la ordenanza de 2008 redelimitó el municipio, y al hacerlo le quitó territorio y por ende población.

Pero la controversia no para allí. El fallo también dijo que “mientras se resuelve el fondo del proceso, la administración, manejo, control y distribución de los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, al igual que los recursos destinados para la administración del recurso humano, de inversión, los provenientes de regalías, recursos propios, tales como impuestos, tasas, multas, contribuciones, sobretasas, entre otros, serán manejados por el departamento de Córdoba, en cabeza del señor gobernador”.

Es extraño que los magistrados le hayan dado ese poder de administrar dineros al gobernador Alejandro Lyons, cuando el departamento era uno de los demandados. Lyons le dijo a SEMANA que él defiende la municipalidad y que el martes pasado apeló la decisión ante el Consejo de Estado. “El municipio de Uré ha tenido un desarrollo indiscutible en todas las áreas y vamos a defenderlo. Además, la Gobernación no tiene competencia para manejar esos dineros y ya lo alerté al tribunal”. No obstante, cuatro días después del fallo, le solicitó a Bancolombia abstenerse de realizar cualquier tipo de transacción a San José de Uré hasta que él no enviara las directrices sobre el manejo de dichas cuentas, donde actualmente hay cerca de 11.000 millones de pesos. Lyons asegura que esa decisión protege los dineros mientras se aclara el caso.

El asunto sigue caliente. La Alcaldía interpuso el recurso de súplica, que en teoría tendrían que fallar los mismos conjueces que tomaron la decisión, mientras los indígenas anunciaron que de ser necesario se irían a vías de hecho para defender su municipio y se presentaron 62 tutelas al Consejo de Estado. Todas las obras en curso tendrán que pararse y no hay dinero para pagarle a nadie porque las cuentas están congeladas.

Mientras argumentos van y vienen, lo único que tiene claro la población de uno de los municipios más jóvenes de Colombia es que volver al olvido y al atraso en el que estaban no es una opción para ellos.