Como para alquilar balcón

El pasado 8 de octubre la comisión primera del Senado aprobó el proyecto de ley número 43 "por el cual se reconocen las uniones del mismo sexo, sus efectos patrimoniales y otros derechos". Era la segunda vez en menos de un año que ocurría este hecho. En noviembre de 2001 la senadora liberal Piedad Córdoba, gestora de la iniciativa, había logrado su aprobación en la misma comisión, por nueve votos a favor y uno en contra. Sin embargo, para conseguirlo tuvo que sacrificar antes seis artículos del proyecto original, que reunía las ideas y el trabajo de más de 140 personas de la comunidad gay de todo el país. Esta victoria parcial, pues al final el proyecto no avanzó más en su trámite en el Congreso, mereció un amplio despliegue en los medios de comunicación.

No ocurrió lo mismo con la nueva aprobación de comienzos de octubre. El cubrimiento de esta noticia se limitó a destacar las pausadas declaraciones del senador independiente Carlos Gaviria, quien ante la exclusión de Córdoba de la comisión primera asumió la ponencia del proyecto porque comparte la filosofía y el espíritu del mismo, y que el senador conservador Roberto Gerlein había depositado el único voto en contra de esta iniciativa. Palabras más, palabras menos, el hecho pasó inadvertido para la mayoría de los colombianos, pero no para un grupo de personas, quienes se alarmaron con lo que había sucedido y con la posibilidad de que el proyecto, al que calificaron de semiclandestino, fuera aprobado en la plenaria del Senado. Desde ese momento se dedicaron a encontrar una manera de atajarlo.

Una de sus primeras acciones fue distribuir entre algunos senadores un video titulado El reporte gay, una producción estadounidense que pretende revelar las supuestas consecuencias nefastas que tuvo la flexibilidad hacia la homosexualidad en el estado de California. A la par realizaron varias reuniones y discusiones de las que salió un documento de cuatro páginas en el que exponían las razones de su oposición al tema. Este texto, respaldado por 25.000 firmas, se lo enviaron a Luis Alfredo Ramos, presidente del Senado. Hace dos semanas una subcomisión de cuatro miembros resumió en nueve puntos los motivos por los cuales rechazaban el proyecto de ley número 43: porque es inconstitucional, contrario a la naturaleza, atenta contra la salud, vulnera la familia, es fruto de presiones internacionales e injerencias foráneas, va contra la cultura, la educación, la moral y la ley de Dios y es totalitario.

Con estos puntos realizaron un memorial sobre fondo amarillo, con la foto de una pareja de hombres desnudos de espaldas, tachada con la señal de prohibición, al lado de la cual se leía: "¿Matrimonio de homosexuales? Nuevo proyecto de ley cursa en el Senado contra la familia, el matrimonio y la naturaleza humana. Damos la voz de alarma a los colombianos?". Este fue el aviso de página entera que apareció publicado, con el respaldo de 32 firmas, el domingo 10 de noviembre en El Espectador. Entre los firmantes aparecía el ex presidente liberal Julio César Turbay Ayala, el general retirado Alvaro Valencia Tovar, el ex senador por los laicos Carlos Corsi Otálora, los rectores de siete universidades privadas y otros tantos de colegios privados como el Gimnasio Femenino. La mecha estaba prendida para el escándalo que estalló con fuerza la semana pasada.

¿Problema semantico?

Uno de los primeros en reaccionar al aviso fue el senador Carlos Gaviria. Con sorpresa dijo que "eso parece de un muchacho de primaria que acaba de leer al padre Astete". Florence Thomas, coordinadora del Grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional, fue más vehemente y no ocultó su indignación: "Parece hecho por una gente no escolarizada, que no ha leído un libro, que no sabe lo que es la modernidad. Ninguno de los nueve puntos se puede sostener desde el punto de vista científico o histórico". El ex presidente Turbay en unas declaraciones a La F.M. intentó apaciguar los ánimos del debate y explicar que no tenían nada en contra de la comunidad gay: "A mí me parece que se está agrandando y presentando en proporciones que no corresponden al sentimiento que en mi caso personal me anima a rechazar las disposiciones del proyecto".

Para él y quienes firmaron el aviso, posición que comparten además los jerarcas de la Iglesia Católica, el problema de fondo con el proyecto de ley es que equipara, sin decirlo con claridad, el matrimonio formal con la unión de hecho de los homosexuales. Defensores del proyecto como el abogado Germán Rincón Perfetti creen que pensar esto es un error: "No estamos interesados ni en constituir familia, ni en adoptar hijos ni en casarnos. Lo único que buscamos es el reconocimiento y protección patrimonial y de seguridad social a las parejas del mismo sexo".

En la práctica esto quiere decir que los gays que sean reconocidos por la ley como pareja podrían tener derecho a un patrimonio común que sería dividido en partes iguales en caso de separación, facilidad para solicitar créditos de vivienda y la posibilidad de afiliar a su compañero al régimen de seguridad social y convertirlo en beneficiario de la pensión en caso de muerte. Legislaciones de este tipo existen en Dinamarca (pionero pues la adoptó desde 1989), Noruega, Suecia, Finlandia, Hungría, Holanda, Francia, Alemania, los estados de Cataluña y Aragón en España, y el estado de Vermont en Estados Unidos. Aunque en ninguno de estos países se refieren a estas uniones de hecho como matrimonio, en Francia se llaman Pacto Civil de Solidaridad (Pacs) y en Alemania se conocen como Sociedades de Vida Registradas, voceros católicos las atacan sin piedad. El mes pasado el diario del Vaticano descalificó las Pacs, dijo que eran "un desafío temerario a la razón, al sentido común y a la dignidad de la persona y la familia (?) Si una pareja heterosexual representa la unión de un hombre y una mujer en el respeto de la naturaleza, la unión de dos homosexuales es una aberración evidente que repugna las conciencias".

Este tipo de argumentación es del mismo corte de la que usaron los laicos que publicaron el aviso en El Espectador. Aunque a primera vista parece imposible el debate, eso es lo que van a intentar hacer esta semana o la próxima en el Congreso la senadora Piedad Córdoba y su colega Carlos Gaviria. El martes de la semana pasada la primera tuvo que hacer lobby ante la presidencia del Senado para que el proyecto fuera incluido en la plenaria del día siguiente y no pasara a dormir el sueño de los justos. El miércoles algunos de los miembros de la bancada conservadora, como Enrique Gómez Hurtado o Juan Gómez Martínez, intentaron disolver el quórum y apelar a que se había acabado el tiempo de la sesión para hundir el proyecto.

Para evitar esto Córdoba y Gaviria presentaron una proposición para que en una sesión informal, que se transmita por Señal Colombia, detractores y defensores del proyecto expongan sus puntos de vista. En la esquina de los primeros estarían invitados el cardenal Pedro Rubiano, el ex presidente Turbay, José Galat (rector de la Universidad Gran Colombia), Yolanda Pulecio (la madre de Ingrid Betancourt) y la ex senadora María Izquierdo. Del otro lado estarían, además de los ponentes, el ex presidente Alfonso López Michelsen y la columnista Florence Thomas. Un debate de estas características colmará las barras del Congreso, tendrá rating de sobra y, para muchos espectadores, será clave para determinar la actitud de la sociedad colombiana hacia un fenómeno tan controvertido como el homosexualismo.