Condenan a exrectora de colegio en Santander que entregaba estudiantes a paramilitares, que además abusaron sexualmente de algunos

Un juez penal especializado de Bucaramanga condenó a Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá (Santander) por su participación en reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, quienes eran entregados a grupos paramilitares.

La mujer fue sentenciada a 20 años y nueve meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditó en juicio que la señora Gutiérrez de Moreno, entre 2001 y 2003, permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática por cabecillas del frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El ente acusador llegó a ella por las declaraciones que rindieron exparamilitares ante un fiscal de Justicia y Paz. Los testimonios revelaron que la docente propició el reclutamiento forzado y ayudó para que las niñas fueran sometidas sexualmente por ellos.

Según el ente acusador, “los estudiantes al terminar las clases salían a prestar guardia o a patrullar en el corregimiento de Riachuelos, en Santander”.

También tienen documentado que la entonces rectora habría permitido que el grupo ilegal financiara bazares y reinados en los que participaban las niñas del colegio, para que el comandante del frente Comuneros, Carlos Alberto Almeida Penagos, alias Víctor, y otros jefes de la zona se llevaran a las niñas a sus campamentos. Incluso prestaba su casa para los encuentros, ya que solo un muro separaba la vivienda del colegio.

De acuerdo con la Fiscalía, en el curso del proceso fueron identificadas por lo menos dos víctimas que permanecieron encerradas y soportaron durante prolongados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como Víctor, Carlos, Nariz, Chirrete, Silvestre y Shuster.

“Los paramilitares obligaban a los menores de edad a que los acompañaran en todo momento y abusaban de ellos cuando los emborrachaban o mediante amenazas de muerte. Nunca presentaron las denuncias debido a que la población era muy pequeña y temía por su vida”, dice uno de los apartes de la investigación de la Fiscalía.

Por el mismo caso también fue condenado un particular identificado como José William Parra Arroyave, quien, según el ente acusador, fungía como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, de manera que auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad.

Las evidencias dan cuenta de que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal.

Uno de los jóvenes fue abusado sexualmente y en múltiples oportunidades por los cabecillas paramilitares.

Por ello, José William Paerra Arroyave fue condenado a 24 años y dos meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.

Para los investigadores, el plan de los paramilitares era uno solo, crear un nuevo frente armado ilegal con jóvenes, que podría operar en la frontera con Venezuela.

Los hallazgos de la Fiscalía indican que en los casi cuatro años que operó en paralelo el campo de instrucción militar con el colegio fueron reclutados por lo menos 214 menores de edad en Santander, de los cuales 70 pertenecían a Riachuelo, un pequeño corregimiento del municipio de Charalá.

En abril de 2016, SEMANA había documentado el caso, que en ese momento tenía la Fiscalía, con documentación sobre al menos 214 jóvenes víctimas. Lea acá el reportaje: