Colombia, en modo 'fast track'

Un presidente colombiano puede declarar tres ‘estados de excepción’ para afrontar las mayores crisis internas del país. Si se ve amenazada la soberanía por otro país, puede decretar el estado de Guerra Exterior, e inmediatamente tener facultades para expedir cualquier decreto para hacer frente a la situación.

En caso de una grave perturbación del orden público, y que la estabilidad institucional esté amenazada, la Constitución le permite al jefe del Estado declarar el estado de conmoción interior, con facultades extraordinarias para tomar la decisiones necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.

Desde cuando se expidió la Constitución, en julio de 1991, en ocho oportunidades se ha declarado el estado de conmoción interior. A esa figura recurrieron César Gaviria en dos oportunidades, y Ernesto Samper en otras dos, una de ellas por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado en 1995.

Pero Álvaro Uribe fue quien más la usó. En su gobierno declaró cuatro en total. Reclamó facultades extraordinarias para enfrentar las acciones armadas de grupos ilegales, apenas una semana después de haberse posesionado. Lo prorrogó hasta por 270 días. También recurrió a él en el 2008 para enfrentar un paro judicial, y en el 2010 para enfrentar bandas criminales, 40 días antes de terminar su gobierno de ocho años.

Este jueves, Colombia pareció amanecer en un nuevo estado de excepción, hasta ahora no contemplado en la Constitución. Se podría denominar ‘Estado Fast Track’ y sus primeras consecuencias están repercutiendo en el Congreso de la República, donde, en las últimas horas, se han presenciado situaciones jamás vistas, todas ellas a una velocidad vertiginosa. Tanto que lo que sucede en el capitolio en la mañana, al medio día es periódico de ayer.

Desde el martes, cuando la magistrada María Victoria Calle, presidenta de la Corte Constitucional, leyó el comunicado de prensa sobre la primera demanda del Acto Legislativo para la Paz, el Gobierno asumió que el mecanismo del Fast Track, que le permite expedir en seis meses las leyes y reformas para la implementar el acuerdo de paz con las FARC.

Los ministros Juan Fernando Cristo (Interior), Luis Carlos Villegas (Defensa) y Jorge Londoño (Justicia) radicaron rápidamente (casi al mismo tiempo que se hizo público el comunicado de prensa de la Corte) en la secretaría del Senado el proyecto de ley de amnistía e indulto, necesario para que las tropas de las FARC se movilicen hacia las zonas de concentración, donde deberán dejar las armas.

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La ley fue presentada sin que haya claridad sobre los alcances de la decisión de la Corte. Y las posteriores explicaciones del alto tribunal los días venideros dejaron aún más interrogantes. El principal es que no hay certeza si con el comunicado de prensa quedó activo el fast track, como lo pregona el Gobierno.

Según la decisión del alto tribunal, el fast track sólo puede entrar “si la refrendación popular sea un proceso en el cual haya participación ciudadana directa, cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos, y tras un proceso que puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática, sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana que garanticen una paz “estable y duradera”.

El Gobierno, según la tesis del ministro Cristo, dice que eso que señala la Corte fue lo que se hizo durante 54 días después del plebiscito, hasta que fue firmado el nuevo acuerdo de paz, y posteriormente refrendado por el Senado y la Cámara de Representantes.

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Por si las dudas, el miércoles en la mañana, al presidente de la Cámara, el liberal Miguel Ángel Pinto, se le ocurrió que la forma de resolver el dilema era expedir una certificación de que ese proceso se había surtido desde el 2 de octubre hasta el 30 de noviembre, día de la refrendación del nuevo acuerdo en el Senado y la Cámara. Así se lo propuso a la plenaria, que votó lo que en el capitolio bautizaron como la ‘re-refrendación’.

En el Senado no pasó lo mismo. Muchos congresistas tenían dudas alrededor de la sentencia y en especial no tenían claro si ellos tenían la competencia para “certificar” que efectivamente se había surtido un proceso con “participación ciudadana directa”. Quien mejor expuso esa tesis fue la senadora Viviane Morales, que propuso una formula lógica pero inviable: invitar a la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, para que les explicara el fallo. Claudia López, quien había sido su principal contradictora días atrás con el referendo de adopción, la respaldó en público (aunque después votara en contra). Por eso en círculos políticos, hoy circula el chiste de que realmente lo que existe es medio Fast Track.

Al medio día, 18 horas después de haberse radicado la ley de amnistía, las comisiones primeras del Senado y Cámara se reunieron para repartir el proyecto y designar los ponentes. Armando Benedetti, de La U, fue el elegido. Se aprobó en cuestión de minutos.

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En la tarde del miércoles, Benedetti y su equipo se acuartelaron en la oficina del congresista en el segundo piso del capitolio. En la noche fueron visitados por el ministro de Defensa para definir la redacción del tratamiento jurídico especial para los miembros de las Fuerzas Armadas. Capítulo donde se propone el mayor número de modificaciones al proyecto inicial, presentado por el gobierno. A las 11:00 de la noche, la ponencia se imprimió. No hay antecedentes en el Congreso de que una ponencia se haya redactado y radicado un día después de haberse presentado el proyecto. Si esa diligencia fuera costumbre, por ejemplo la reforma del derecho fundamental al agua no se habría hundido por la desidia de estas mismas comisiones.

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El jueves, a las 10:00 de la mañana casi todos los senadores de la Comisión Primera llegaron para una de las sesiones más rápidas de los últimos tiempos. El mero trámite de convocar para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde y anunciar la agenda a tramitarse, se leyó la nomenclatura del proyecto de ley de amnistía y se aprobó con un pupitrazo. A los 10 minutos no había un solo senador.

Mientras tanto, en el Consejo Nacional Electoral, seis ciudadanos, los mismos que representarán a las FARC, con voz pero sin voto, se inscribían como fundadores de la agrupación política ‘Voces de paz’. Dos días después del comunicado de la Corte Constitucional, la guerrilla ya había puesto la primera piedra de lo que será, en seis meses, su partido político, sin que se haya resuelto en definitiva si el fast track quedó habilitado o no, o lo que es igual, si el acto legislativo para la paz ya entró en vigencia.

Muchos colombianos aún se preguntan qué es eso del fast track. A la luz de lo que se ve por estos días en el Congreso, la respuesta podría ser aquel período en el que se toman decisiones en tiempo récord, y no necesariamente ajustadas al reglamento tradicional, pues el escenario es novedoso.

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Por ejemplo, una de las novedades de la ponencia en el proyecto de amnistía es un artículo nuevo que deja consagrado que el nuevo acuerdo de paz fue refrendado por la institución del Congreso, los días 29 y 30 de noviembre. Es decir, el próximo lunes, en los primeros dos debates de la ley de amnistía, volverá a ser refrendado el acuerdo de paz. Por si siguen las dudas.

Un refrán popular dice que desde el desayuno se sabrá cómo será la cena, y a juzgar por las primeras 72 horas del modo fast track, los próximos seis meses van a ser de velocidad extrema y de mucha creatividad jurídica.