Plata para ambulantes se habría ido a pago de contratos en últimos 12 años

Desde el inicio de la alcaldía de Enrique Peñalosa ha habido, al menos, cinco protestas protagonizadas por vendedores ambulantes en contra de las políticas para recuperar el espacio público de la ciudad.

La actual administración distrital ha sido duramente cuestionada por su mano dura en el cumplimiento de estos lineamientos y, aparentemente, dejar de lado las políticas para atender esta población.

Por otra parte, como muestra de la polarización política que vive la capital, detrás de las últimas manifestaciones han estado representantes del Polo Democrático y Progresistas, las dos colectividades que gobernaron la ciudad en los últimos tres períodos.

Este lunes en la tarima los representantes de la izquierda, entre ellos Clara López y el concejal Hollman Morris, manifestaron que el alcalde debe garantizarles el derecho al trabajo a los comerciantes informales y achacaron la responsabilidad a la nueva administración.

Pero todo indica que en los últimos tres períodos de gobiernos de izquierda, el dinero para atender a los comerciantes de la calle no llegó a la población que lo requería.

Así lo determinó la propia Contraloría de Bogotá, que adelantó un control fiscal a los programas relacionados con la atención a los vendedores ambulantes.

El informe del ente de control determinó que entre los años 2004 y 2015, se destinaron 338.000 millones de pesos, de los cuales el 86 % no llegó a las manos de los ambulantes.

Se trata de programas que fueron ejecutados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto para la Economía Social (IPES) y que tenían el propósito no sólo de entregar créditos a los ambulantes, también adelantar la construcción, la adecuación y el mantenimiento de los puntos de comercio.  

El estudio estableció un dato revelador: los dineros fueron invertidos en el pago de contratos de prestación de servicio profesionales, pago a personal administrativo, gestores, vigilancia de predios y servicios públicos, es decir, en contratación interna y externa.

La preocupación no es menor, la propia contralora (e) Ligia Inés Botero Mejía, confirmó el hallazgo, “la política pública que se ha manejado a lo largo de estos 12 años no ha tenido el impacto esperado”. Para ella, son preocupantes los desaciertos en la formulación de políticas públicas.

El exalcalde Gustavo Petro, que impulsó la política de asistencia a los vendedores, tampoco sale bien librado. Se encontró que en su período, de los 38.000 millones de pesos destinados para la adecuación de puntos de comercio, 22.000 millones (58 %) se invirtieron en el pago de 723 contratos de prestación de servicios y otro tipo de contratos.

A esto se suma que a lo largo de las últimas administraciones se han ofrecido 2.980 módulos de comercio, quioscos, locales en otros puntos, pero el 30 % están sin uso. En sectores como el 20 de Julio y en San Andresito de la 38, hay una desocupación de locales que alcanza el 38 % y el 59 %, respectivamente.

Ante estas aparentes irregularidades, la Contraloría adelantará un proceso de responsabilidad fiscal para determinar quiénes son los responsables de la desatención a este gremio.