Judicial
Corrupción en la salud: ambulancia atendió accidentes en distintos sitios, el mismo día y a la misma hora
La Contraloría General investiga el cobro en casos no SOAT que estarían afectando las arcas del Estado y la salud.
El caso de una ambulancia que se demoró menos de cinco minutos en recoger a un hombre que sufrió un accidente vial y trasladarlo a una IPS para posteriormente ir por otro paciente en una ubicación bastante alejada para llevarlo a la IPS generó una alerta en la Contraloría General.
El hecho que parecería ir en contra de las leyes de la física se repitió de manera constante en varias regiones del país. Los registros oficiales reseñan, incluso, el traslado de un mismo paciente por varias ambulancias, lo cual, en la práctica, es totalmente imposible.
Esta situación estaría enmarcada en el uso indebido de recursos públicos de la salud por los accidentes que no cobija el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). La dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General detectó contantes irregularidades en los registros que se presentan.
María Fernanda Rangel, directora de la Diari, señaló que en algunos casos se ha registrado que las empresas de ambulancias han realizado cobros de facturas de una sola víctima hasta tres veces, lo que genera un fraude al sistema y un millonario descalabro en las finanzas.
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El Contralor General Felipe Córdoba (@pipecordoba) reveló nuevos hechos sobre NO SOAT. Se encontraron empresas de ambulancias que han realizado cobros de facturas de una sola víctima dos y tres veces. #CadaPesoCuenta pic.twitter.com/Jzq6QlVa0r
— Contraloría General (@CGR_Colombia) December 29, 2021
El organismo de control fiscal ha emitido alertas por 283.000 millones de pesos por los recursos invertidos por el Estado para cubrir los accidentes que no están cubiertos por el SOAT. Rangel precisó que ya se tiene una lista preliminar de los hechos irregulares que habrían adelantado las ambulancias.
“En Santiago de Cali, se realizaron 29 traslados, en Montería (once) y en Santa Marta (uno), para un total de 41 traslados realizados en cinco minutos o menos de diferencia”, precisó la funcionaria. Igualmente, ya se detectaron las cinco IPS que estaría atendiendo a los presuntos accidentados: “Una en Santa Marta, una en Montería y tres en Cali. Y son cinco empresas de ambulancias que han hecho los traslados: dos de Cali, dos de Montería y una de Santa Marta; correspondiendo a 21 ambulancias: seis en Montería, una en Santa Marta y 14 en Cali”.
Los registros indican que 30 ambulancias habrían incurrido en estas prácticas irregulares: “Cali (18), Montería (seis), Valledupar (cuatro) y Cartagena (dos). Estos traslados atípicos representaron cobros que se hicieron a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres)”.
La Contraloría General aseguró que incluso hay ambulancias que registran la atención de accidentados en distintos sitios, el mismo día y a la misma hora. En este caso ya se identificaron 63 vehículos de 19 empresas de ambulancias.
Las empresas emitieron 914 facturas por cobros de dos y, en algunos casos, hasta tres veces el mismo herido, de las cuales 878 –lo que representa 96 %- son cobradas en Cali; dos empresas en la capital del Valle concentran más de 90 % de estos cobros.
Este acto de corrupción estaría afectando las arcas del Estado y dañando aún más el servicio de la salud en el país. Por medio del Diario se encontró que las ambulancias han cobrado más de 8.000 millones de pesos por traslados a IPS que están a más de seis kilómetros del hospital más cercano al accidente.
La Contraloría encontró que más de medio billón de pesos fueron girados a las IPS por la atención de heridos en accidentes de tránsito, donde los prestadores aseguraron que no tenían una póliza SOAT que cubriera su atención, se hallaron casos que van desde un paciente en Cali que reportó 20 accidentes en un período de dos años, hasta pacientes que habían muerto antes del accidente reportado.
Esta situación revive el Carrusel de las Ambulancias que se registró en 2010 en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno Rojas.