Crece el 'votogate'

En Colombia, antes de 1910, la fuerza del cacique estaba en la capacidad que tenía de manipular el conteo de los votos. "El que escruta elige", recuerda el historiador Jorge Orlando Melo. Todo indica que esa perversa costumbre volvió con bríos en las elecciones del pasado 14 de marzo, en las que se eligieron a los nuevos senadores y representantes a la Cámara.

SEMANA reveló en su edición anterior una serie de graves irregularidades en el conteo de votos en varios municipios del Valle del Cauca que mesa por mesa, poco a poco, le aumentaban en miles la votación a la senadora de la U Dilian Francisca Toro.

La noticia ahora es que ese tipo de conteos fraudulentos también se han detectado en por lo menos otras dos regiones del país: Soledad (Atlántico) y Magangué (Bolívar). La situación es tan crítica que el Consejo Nacional Electoral decidió suspender el miércoles santo el proceso de reconteo que venía adelantando en estas dos ciudades. El CNE consideró que eran tantas las irregularidades que trasladó a Bogotá toda la documentación de los votos de estos dos municipios, más la de Manatí (Atlántico) y otras poblaciones de la Depresión Momposina en Bolívar. Se trata nada más y nada menos que de 250.000 votos que están en juego en estas dos ciudades intermedias. Los suficientes para elegir a varios senadores.

El fenómeno puede no parecer nuevo, pero la diferencia ahora es que se disparó y se hizo de una manera abiertamente descarada. "A mí me llamaron después de las elecciones cuatro senadores a decirme que en dónde necesitaba votos, que ellos me los podían poner", le reveló, alarmado, un congresista a esta revista. A lo que se referían con 'poner votos', explica, es a que tenían los contactos para cambiar las cifras en los formularios oficiales del conteo. Lo mismo dijo otro senador, que ha participado con éxito en más de tres elecciones. "Eso es una cosa nueva. Un estilo de fraude que no se había visto. A los congresistas que están en la cuerda floja porque los votos no les dan, los llaman y les dicen que tienen cómo acomodar los datos. Pero cada voto se lo cobran carísimo. A más de 100.000 pesos".

El modus operandi
Lo ocurrido con los formularios en los que los jurados de las mesas cuentan los votos en Soledad y Magangué es idéntico a lo que esta revista reportó en Jamundí, Cerrito y Cartago, en el Valle del Cauca.

Una vez se cierra la jornada de votaciones, los jurados de cada mesa proceden a contar los votos y llenan un formulario que se llama E-14. Allí, al frente del nombre de cada candidato, dejan por escrito la cifra de sufragios que sacó en la mesa. Estos formularios son remitidos por medio magnético a la Registraduría, y allí se produce otro formulario, que es el E-24, en el cual se resumen.

¿En dónde está el posible fraude? Cuando se comparan los dos formularios los votos que le aparecen a un candidato en la mesa, en el E-14, no son los mismos que le aparecen en esa misma mesa en el E-24. Por citar apenas tres ejemplos de Soledad (ver facsímiles en esta página), en la mesa 15 del Instituto Tecnológico y Comercial el senador José Francisco Herrera (número 20 en el tarjetón de Cambio Radical) no sacó ningún voto según el E-14. Sin embargo, en el E-24, en esa misma mesa, le aparecen 59 sufragios. Lo mismo ocurre en las mesas número 14 y 24: en el E-14 no registra ningún voto y en el E-24 le ponen 32 en la primera y 41 en la segunda. Es decir, en apenas dos mesas se estaría ganando, por sumas non sanctas, 132 votos. Como esas, son muchas las incongruencias que se detectan en el conteo entre lo que se reporta en la mesa y lo que aparece en la Registraduría.

¿Cómo puede ocurrir esto? ¿En dónde está la manzana podrida? No es claro cuál de los eslabones falla, si los jurados o quienes se encargan de consolidar los datos, quienes pertenecen a empresas contratadas especialmente para hacer esta labor.

Lo cierto es que los tres casos que hasta ahora se han denunciado, en Valle, Atlántico y Bolívar, corresponden a municipios en los cuales las mafias han infiltrado seriamente a las instituciones locales y especialmente a sus alcaldías.

Soledad, por ejemplo, que con 500.000 habitantes es una de las 10 ciudades más grandes del país, ha padecido como pocas el saqueo de los paramilitares. Desde 2003, Édgar Ignacio Fierro, alias 'don Antonio' -el dueño del famoso computador que se convirtió en la caja negra de la parapolítica-, se apoderó de la plata de la salud y de la educación a través de contratos que les exigía a los alcaldes. Un aspirante a la alcaldía en ese año fue asesinado por las Auc, y su viuda se lanzó en su reemplazo y ganó. Los paras terminaron por someterla. Hace dos meses la condenaron, junto con otro ex alcalde, Alfredo Arraut (2001-2003) por corrupción y parapolítica. Otro ex alcalde, Saúl Sandoval, quien había denunciado casos de corrupción, fue asesinado el año pasado.

En Soledad las supuestas irregularidades terminaron por favorecer al hoy elegido senador José Herrera y a su fórmula a la Cámara Jaime Cervantes. Este último, primo de Arraut, es uno de los ex alcaldes recién condenados a nueve años de cárcel. Ambos, es vox pópuli en la ciudad, son apoyados por el poder de la administración municipal.

Herrera, quien fue tesorero de la alcaldía de Soledad hasta marzo de 2009, le dijo a SEMANA que está tranquilo y que no lo trasnocha el traslado de la documentación electoral ordenada por el CNE para Bogotá, pues los votos de Soledad fueron contados uno por uno. Al cierre de esta edición, faltando unos votos por escrutar en Sucre y Magdalena, Herrera tenía 45.000 votos y aspiraba a obtener 2.000 más para entrar como el séptimo senador de Cambio Radical, por encima de Rodrigo Lara y Carlos Motoa.

Y amenazas de muerte
El caso de Magangué es similar. Los escrutinios están suspendidos y no se sabe quiénes serán los representantes a la Cámara elegidos, porque las autoridades electorales detectaron irregularidades en el conteo de votos en esta ciudad, la segunda del departamento con un potencial de 80.000 votos, y en otros municipios de la Depresión Momposina.

Están en juego dos curules: una que se disputan los candidatos del Partido Conservador Pedrito Pereira y Javier Posada Meola por 900 votos de diferencia, y otra que se pelean en la lista de Cambio Radical Germán Ordosgoitia y Hernando Padaui por 300 votos de diferencia.

Las desigualdades empezaron a acortarse de manera inexplicable para Pereira y Ordosgoitia cuando comenzaron a aparecer votos para los otros candidatos en el E-24 que no coincidían con los del E-14. Las quejas y denuncias no tardaron; el mismo Pereira, actual representante a la Cámara, presentó una denuncia contra miembros de la Comisión Escrutadora de Magangué y contra quienes intervinieron en el escrutinio, y pidió trasladar a Cartagena el conteo. Pereira y los jurados de votación encontraron inconsistencias en cinco puestos. La Comisión Escrutadora, por su parte, encontró un fraude a favor del candidato Javier Posada: después de digitar los datos desaparecieron los votos en blanco, los votos nulos y los no marcados que aparecían en el E-14 y se los suman a otros candidatos en el E-24.

"Es evidente la manipulación de los registros electorales -dice Fernando Barón, delegado del CNE-. Se podría decir que aquí hubo una organización criminal para alterar la votación, no sabemos en beneficio de qué candidato". Y agregó: "Los hechos demuestran que hay una organización bien montada con gran experiencia en este tipo de fraude".

Pero, además, en Magangué amenazaron de muerte al presidente del Concejo de ese municipio, Daniel Franco, por denunciar el fraude. Franco fue testigo en una de las zonas electorales, y tanto él como los jurados y testigos se dieron cuenta de que los votos que aparecían en el formulario no eran los depositados. En diálogo con SEMANA explicó que a un candidato le aparecieron 419 votos que no le correspondían.

Por haber solicitado la revisión de ese conteo, el jueves 18, cuando se había hecho la verificación y se corrigió la información, lo llamaron a su teléfono en horas de la noche  y le dijeron: "¡Deja de escudriñar! ¡Si no te quedas quieto te aquietamos!".

Y así como este caso las quejas pululan. El registrador delegado de Magangué, Oswaldo de Armas, denunció que al consolidar los resultados de la zona uno, mesa por mesa, los números que arrojó el sistema no concordaron con los datos que se habían dictado. Al parecer una digitadora estaba alterando las cifras. Y en el corregimiento de Barranco de Yuca, a un candidato por el que habían depositado 3 votos le aparecieron en una sola mesa más de 90.

Estos son apenas algunos casos que empiezan a destaparse. Es necesario que las autoridades electorales actúen con prontitud y le muestren al país hasta qué punto el fraude pudo afectar las elecciones, y si sólo se trata de unas cuantas manzanas podridas elegidas. Desde finales del año pasado, SEMANA había denunciado la alarma que cundía entre los candidatos por los ríos de dinero que veían correr en esta campaña. Si se llega a descubrir que el fraude en el conteo es un fenómeno generalizado, la legitimidad de las elecciones estaría en entredicho. Y después de los ocho años del escándalo de la parapolítica, y otros cuatro atrás del de la narcopolítica del 8.000, el país estaría entonces entrando en un nuevo escándalo: el del 'votogate'.