Demandan en EE. UU. a Plazas Vegas por tortura y ejecución extrajudicial

Las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en 1985, interpusieron este martes una demanda civil en los tribunales federales del sur de la Florida en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vegas por su presunta responsabilidad en la tortura y ejecución extrajudicial del funcionario judicial.

Según señaló la organización Centro por la Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), la demanda civil se presentó en nombre de tres de las hijas de Urán ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde actualmente reside Plazas Vega.

“Durante más de tres décadas, Plazas Vega ha evadido la responsabilidad por su papel en la muerte de mi padre en Colombia. Esta demanda, presentada en Estados Unidos, donde ahora ha establecido su residencia, brinda a nuestra familia una oportunidad largamente esperada”, dijo Xiomara Urán, hija de Carlos Urán.

El 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia y tomaron como rehenes a quienes se encontraban dentro del edificio. Posteriormente, el Ejército emprendió la retoma de la edificación. En los hechos murieron decenas de personas, incluidos once jueces de la Corte Suprema. “Los militares informaron a los familiares de las víctimas que los occisos habían sido atrapados en un fuego cruzado con los guerrilleros. El magistrado Urán estuvo entre los hallados muertos dentro del Palacio de Justicia”, señaló CJA.

“Esa explicación era una mentira”, aseguró el abogado de la organización Daniel McLaughlin. “Surgieron pruebas en video y de testigos presenciales de que varios de los muertos o desaparecidos del Palacio de Justicia, incluido el magistrado Urán, fueron escoltados fuera del edificio con vida por los militares. En 2007, las pertenencias personales del magistrado Urán fueron descubiertas escondidas en una bóveda cerrada con llave dentro de la Brigada 13 del Ejército luego de un allanamiento ordenado por la Corte en las instalaciones”, agregó.

Según la demanda, el coronel “participó activamente en desaparecer, interrogar, torturar y matar o rescatar por la fuerza a rehenes sospechosos por los militares de tener alguna afiliación con la guerrilla”. “El asesinato del magistrado Urán es parte de un patrón más amplio de abusos y atrocidades”, dijo Luke Liss, otro de los abogados de CJA.

En 2015, la Corte Suprema declaró inocente a Plazas Vegas, dentro del proceso que enfrentó por la desaparición de civiles que tuvo lugar en el holocausto del Palacio de Justicia. La votación de los magistrados quedó 5-3. La Sala Penal del alto tribunal revocó la condena a 30 años de prisión que le impuso un juez de Bogotá y que fue confirmada por el Tribunal Superior de esa ciudad.

El coronel (r) Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería del Ejército durante la época en la que se produjo la toma, planeada y ejecutada por el M-19. A su cargo estaban tanques de guerra que atravesaron la Plaza de Bolívar y que irrumpieron en el Palacio de Justicia al mediodía del 6 de noviembre de 1985, pocos minutos después de que el comando del M-19 hubiera tomado como rehenes a magistrados, empleados y visitantes.