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Iván Duque y la junta directiva del Banco de la República
Iván Duque y la junta directiva del Banco de la República | Foto: Archivo particular

Política

Las cartas del gobierno para tener mayoría en el Banco de la República

El Gobierno, que ya tiene el terreno ganado para llenar cuatro de las siete sillas del Emisor, podría quedarse también con un gerente cercano. Pero la continuidad de Juan José Echavarría, está en manos de la Corte Constitucional por edad de retiro forzoso.

15 de septiembre de 2020

En el trámite de una demanda ante la Corte Constitucional quedaron destapadas las cartas detrás de la puja por uno de los puestos más poderosos del Estado: La gerencia del Banco de la República. La demandante es Adelaida Ángel Zea, abogada y árbitro, quien busca vía interpretación constitucional crear una excepción para que a los integrantes del Banco no les aplique la edad de retiro forzoso.

Esta discusión jurídica tiene nombre propio: Juan José Echavarría, quien ha sido por cuatro años gerente del Emisor, y busca que los miembros de la Junta Directiva lo reelijan el próximo mes de diciembre. Sin embargo, su continuidad pende de un hilo pues una ley del año 2016 lo convirtió en el primer candidato a quedarse por fuera de una contienda de este nivel por edad de retiro forzoso.

Echavarría cumple 70 años en diciembre de 2021 con lo cual, de ser reelecto, su periodo se tendría que ver interrumpido en cuestión de un año (su periodo es de 4 años), a menos que la Corte Constitucional disponga lo contrario.El estudio de la demanda le tocó por reparto al despacho del magistrado Antonio José Lizarazo y está agendado en el orden del día de este miércoles 16 de septiembre.

Como la magistrada Cristina Pardo tuvo que ver en varias designaciones de codirectores del Banco, desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia, lo primero que harán sus colegas será resolver su impedimento. Después, estudiarán los pocos pero reveladores conceptos que llegaron a este tribunal.

La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida; la Junta Directiva del Banco opina que se les debe excluir de este requisito considerando la naturaleza e importancia de ciertos cargos públicos como el que ocupan. Y el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, reclamó que en aras de la igualdad con los demás funcionarios, los integrantes del Banco deben retirarse antes de los 70 años. ¿Qué significan estos pronunciamientos en el ajedrez político?

Duque, con ventaja

El presidente Iván Duque, que acaba de quedarse con personas cercanas a la Casa de Nariño en la Procuraduría, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, podría tener una situación similar en el Banco de la República. Pocos han advertido que las renuncias de dos miembros de la Junta Directiva, en el último año, dejaron las matemáticas en su favor.

La Constitución establece que cada presidente de turno puede elegir a dos codirectores de la junta (de un total de cinco más el gerente y el ministro de Hacienda). Ello sumado al hecho de que el ministro de Hacienda tiene asiento, lo cual deja al Gobierno con tres votos para que tenga injerencia, pero no control absoluto. El séptimo integrante de la junta es el gerente del Banco, que lo nombran los codirectores.

Duque estuvo de buenas porque, en vez de dos, durante su gobierno nombrará a cuatro. En septiembre del año pasado escogió a Roberto Steiner, en reemplazo de Juan Pablo Zárate, quien renunció para irse como viceministro de Hacienda de Carrasquilla, mientras que en enero pasado eligió a Arturo Galindo en reemplazo de José Antonio Ocampo, quien renunció para continuar sus actividades académicas en Columbia. Además, en enero de 2021 le corresponde al presidente ejercer su función constitucional de reemplazar a dos de los actuales que cumplen periodo: Ana Fernanda Maiguashca y Gerardo Hernández.

Pero todo indica que el Gobierno podría ir por más. Según el concepto presentado por el Ministerio de Justicia ante la Corte Constitucional, los miembros de la Junta Directiva del Banco tienen carácter de servidores que ejercen funciones públicas, lo cual hace que les resulte aplicable la regla general de edad de retiro forzoso.

La posición del Gobierno sobre la reelección de Echavarría no resulta sorpresiva. Fue el gerente del Banco que salió electo cuando la mayoría de integrantes de la Junta Directiva fueron puestos por Santos y a Echavarría se le considera un santista. Lo que sí resulta interesante es saber a quién pondrá a jugar Duque en esta contienda por la gerencia del Banco, cuya elección tendrá que darse en las primeras semanas de diciembre.

La realidad demuestra que este diseño de pesos y contrapesos hace rato se rompió. La reelección presidencial y las renuncias a destiempo de los integrantes del banco hicieron parte del desbarajuste.

En este contexto, cabe recordar que Juan Pablo Zárate renunció en septiembre de 2019, después de llevar 10 años en la junta del Emisor, para irse como viceministro de Hacienda. Este cambio desató todo tipo de especulaciones y comentarios en los corrillos económicos pues se veía como un descenso. Y algunos apuntaban a que se trataba de una movida para garantizarle al ministro Alberto Carrasquilla cumplir su viejo anhelo de llegar a la gerencia del Banco. Y mantener a Zárate como su viceministro le permitía entrenarlo como sucesor, entre otras razones porque tras ser codirector, quedó inhabilitado por un año para llegar al ministerio de Hacienda. Esa es una de las inhabilidades contempladas para los codirectores.

De ser así, la primera parte de esta movida no parece haberle salido bien. En reemplazo de Zárate nombró a Roberto Steiner, quien parece estar más del lado de Echavarría. Steiner firmó el concepto al lado de sus tres colegas en la Junta Directiva (Carolina Soto, Ana Fernanda Maiguashca y Gerardo Hernández) pidiendo que los miembros del Banco queden exentos de la edad de retiro forzoso.

Según ellos, esta regla es para los funcionarios en general pero no para los integrantes de la Junta Directiva del Banco, en donde prima el conocimiento técnico y la experiencia en la naturaleza de las labores desempeñadas.

En la Corte Constitucional la discusión comienza con la postura de algunos magistrados que consideran que no debería existir edad de retiro forzoso para nadie que tenga periodo constitucional fijo. En esta interpretación cabrían los miembros del Banco, pues estos tienen un periodo de cuatro años prorrogable por otros dos, es decir, hasta 12 años.

Pero aunque algunos creen que por esta vía se garantiza la autonomía y la estabilidad de las políticas macroeconómicas del país -pues cada Gobierno cambia solo a dos miembros de junta- la realidad demuestra que este diseño de pesos y contrapesos hace rato se rompió.

La reelección presidencial y las renuncias a destiempo de los integrantes del Banco hicieron parte del desbarajuste. Uribe en sus dos periodos puso a cinco miembros de junta: Juan José Echavarría, Juan Mario Laserna Jaramillo, Francisco César Vallejo Mejía, Juan Pablo Zárate Perdomo y Carlos Gustavo Cano Sanz. Y Santos a su vez escogió a cuatro codirectores: Carolina Soto, José Antonio Ocampo, Ana Fernanda Maiguashca, Gerardo Hernández Correa.

Duque estuvo de buenas porque nombrará cuatro en un solo periodo: el de Ocampo, que estuvo solo dos años y el de Zárate, que llevaba diez años. Desde el 91, seis integrantes del Banco han renunciado sin siquiera cumplir los cuatro primeros años de periodo.

Aunque muchas cábalas políticas rondan alrededor de estos siete cargos, de la más alta importancia para el Estado, muchas voces aseguran que quienes lleguen a ocupar estas altas dignidades tienen la suficiente autonomía para ponerse por encima del gobierno de turno. Al fin y al cabo el mismo gobierno que los nombra no los puede sacar del cargo. Y pruebas recientes de ello están, por ejemplo, en que Duque puso a Steiner, aún cuando este podría terminar apoyando a Echavarría. O que Echavarría, quien se quiere reelegir para un segundo periodo en la gerencia, fue por diez años codirector, por nombramiento que hiciera Uribe en su momento.

La tensión está al rojo y la siguiente carta la jugará la Corte Constitucional.