El carrusel de la alegría

En la tarde del martes, la fila para entrar al Capitolio era más larga que de costumbre. Más de 100 estudiantes, líderes cívicos, camarógrafos y periodistas esperaron a que les abrieran las barras de la Cámara de Representantes. Una vez adentro, se pelearon por las sillas. Querían atender desde la primera fila el debate definitivo a la conciliación, el último de los pasos que le queda al referendo en el Congreso. "Hoy votan", decían algunos, mientras otros, en su mayoría asesores, insistían en que el debate se alargaría ocho días más.

Estos últimos, conocedores de las prácticas del Congreso, estaban en lo cierto. Dieciséis horas de discusión en dos días no llevaron a los representantes a decidir. No hubo debates ideológicos. Tampoco largas intervenciones. Pero sí una hábil estrategia diseñada por el gobierno y los parlamentarios que les tomó más tiempo del previsto.

Al medio día, el ministro Fabio Valencia convocó a una reunión con más de 30 parlamentarios uribistas en el Hotel de la Ópera. En ella se la jugó por última vez para quitarles el miedo a conciliar los textos de Senado y Cámara. Al fin y al cabo, esos representantes hacen parte de los 86 contra los cuales cursa la investigación de la Corte Suprema por haber votado el referendo sin que existiera un certificado de sus cuentas.

Los asistentes al encuentro contaron que el Ministro estaba tranquilo. Y tenía razones para ello. Después de hablar en más de una ocasión con parlamentarios conservadores, independientes, de Cambio Radical y de la U, acordó que los congresistas cercanos al gobierno se declararían impedidos para votar y que se negarían entre sí los impedimentos. Con esta estrategia, legal pero manzanilla, evitarían que algún miembro de la oposición los recusara por estar investigados y que el debate se postergara.

Con instrucciones en mano, ese día los uribistas llegaron puntuales al Salón Elíptico. Y coincidieron con la oposición: "Hay que madrugar para evitarnos un gol del gobierno", dijo a la entrada del recinto el representante Wilson Borja, del Polo Democrático. A las 4:05 se aprobó el orden del día. Y después de que se votaron dos proyectos de acuerdo y de que varios representantes del Polo reclamaron la salida del recinto de Luis Carlos Restrepo, presidente de la U, a las 7 de la noche comenzó la imparable lluvia de impedimentos.

Mientras eso sucedía en el recinto, César Gaviria entraba a la segunda vicepresidencia de la Cámara. Durante la noche del martes y la tarde del miércoles, el ex presidente se acuarteló allí en compañía del precandidato Rafael Pardo y los senadores Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán.

A diferencia del día en que se eligieron las mesas directivas del Congreso, los liberales no usaron sus celulares para convocar a los antirreeleccionistas. Ya sabían el número exacto de quienes se opondrían a la reelección y comenzaban a preocuparse frente a la posibilidad de que reviviera el referendo.

No en vano acababan de denunciar que el gobierno estaba dándoles dádivas a los congresistas para que apoyaran el proyecto. "El gobierno está utilizando más de 220.000 millones de pesos en la compra de votos para el referendo, sin contar contratos a través de Incoder y el Invías", dijo Pardo el lunes.

El tema de los puestos también fue común en el recinto, en donde siempre fue mencionado por los opositores. Entre ellos Jorge Rozo, de Cambio Radical, quien hacia las 10 de la noche del martes denunció que el director del Sena, Darío Montoya, había enviado una funcionaria para ofrecerle puestos a cambio de votar la conciliación. En respuesta a estas acusaciones Fabio Valencia habló por única vez: "No es cierta la versión del representante", dijo.

Pero ni las acusaciones de clientelismo de Rozo, ni las que hizo la representante liberal Gema López al decir que el gobierno estaba repartiendo puestos en el Inpec, lograron que la discusión llegara a otro nivel.

Tampoco sirvió que el representante liberal Guillermo Rivera, sentencia en mano, insistiera en que el carrusel de impedimentos podría dar lugar a la pérdida de investidura de los 90 parlamentarios cercanos al gobierno que jugaban en él. Entre ellos los representantes de Cambio Radical Ángel Cabrera, Luis Felipe Barrios, Felipe Fabián Orozco, Édgar Torres y Tarquino Pacheco quienes, a pesar de hacer parte del partido presidido por Germán Vargas, opositor al referendo, defendieron a capa y espada la reelección en 2010. Más aun después de que ese martes, en horas de la mañana, el presidente Uribe los invitó a un café en Palacio en el que -según Orozco- no hablaron del referendo, sino de "un tema regional".

La sesión del martes terminó a las 11:45 de la noche con 10 impedimentos negados y 80 por tramitar. Los primeros en salir del recinto fueron los asesores de Fabio Valencia y los de Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia, quienes durante siete horas llevaron las cuentas de los votos que negaban cada impedimento y que se podrían interpretar como aquellos que respaldarán la conciliación.

Preocupado por la lentitud con que se tramitaron los impedimentos el día anterior, el miércoles Valencia convocó de nuevo a los uribistas y les dijo que había que apurarse. Por eso, la segunda sesión, que tuvo lugar entre las 5 de la tarde y la medianoche, fue algo más ágil y movida. En ella, los opositores señalaron que había una inconsistencia entre algunos uribistas. "Si estaban impedidos, ¿por qué firmaron el informe de conciliación que quieren votar?", insistió Gema López. Al final de la tarde el Partido Liberal había interpuesto otra demanda contra 13 conciliadores uribistas por esa inconsistencia.

A las 11, la mayoría de parlamentarios, Luis Carlos Restrepo, el Ministro y sus asesores ya tenían sueño. Los despertó la denuncia de Orsinia Polanco, del Polo, quien tomó el micrófono para contar que El Espectador había publicado una foto del Blackberry de Andrés Felipe Arias en la que el ex ministro mencionaba la posibilidad de "sacarle el voto" a Liliana Rendón y "utilizar estrategias bajas por Uribe" para convencerla.

Las cámaras enfocaron a Valencia Cossio, quien hizo un comentario al vicepresidente de la Cámara, Santiago Castro, y después sonrió. Como él, algunos representantes uribistas se rieron de los gritos de Orsinia cuando el presidente de la Cámara, Édgar Gómez, ordenó apagarle el micrófono y siguieron disfrutando de las viandas que, por segunda vez, habían llegado al recinto para despertarlos.

Si este escándalo del celular de Arias no tuvo ningún eco entre los parlamentarios reeleccionistas, tampoco lo tuvo que algunos opositores escribieran letreros que anunciaron que durante esos dos largos días habían nacido más de una Yidis y un Teodolindo.

Ante las cámaras y sin escrúpulos, 50 representantes se declararon impedidos sin sentirlo auténticamente y como parte de una estrategia para defender la reelección en 2010 después de que, ellos mismos y en diciembre pasado, habían votado que esta podría ser en 2014.

Si algo evoca la semana pasada, es la sumatoria de sucesos que se dieron en el trámite de la segunda reelección hace cinco años. En ese entonces, a finales de 2004, también se habló de intercambio de votos por prebendas y se desatacó el liderazgo burocrático de ministros y funcionarios del gobierno en el trámite del proyecto.

Por si fuera poco, en la sesión en la que Yidis Medina y Teodolindo Avendaño se voltearon para votar por el sí, se puso en práctica la misma estrategia de impedimentos conocida en el Congreso como "el carrusel de la alegría". Ese día nada importó, pero cuatro años después ambos congresistas fueron llamados a juicio y encarcelados por cohecho. Y otros más están siendo investigados por la Corte por, presuntamente, haber recibido puestos y notarías a cambio de la reelección.

Entre martes y miércoles se votaron 52 impedimentos. Quedan 40 por tramitar. Y eso lo harán los representantes este martes, en una sesión predecible en argumentos, estrategias y manzanilla. Después de ello se sabrá, por fin, cuál es el futuro de tan enredada conciliación.