El caso Marulanda

El lunes de la semana pasada, a la una de la tarde, terminaron los 913 días de fugitivo del ex congresista, ex ministro y ex embajador Carlos Arturo Marulanda Ramírez. Ese día agentes españoles de la Interpol lo detuvieron frente a la puerta de su apartamento, en el centro de Madrid, para hacer efectiva una orden de captura con fines de extradición que había emitido en su contra el Juzgado Central de Instrucción Nacional. La Interpol le seguía los pasos desde mayo de 1999, cuando fue expedida una circular roja a su nombre, una herramienta usada por las fuerzas policiales para detectar a personas que hayan cometido delitos graves y estén huyendo de las autoridades. Marulanda había salido legalmente del país hacia Miami en noviembre de 1997. Ya en ese entonces se ventilaban las acusaciones internacionales en su contra por los hechos que tuvieron lugar entre el 14 y el 15 de febrero de 1996 en la hacienda Bellacruz.

En esa fecha 170 familias, más de 1.500 personas en total, fueron desalojadas a la fuerza por un grupo paramilitar de los predios en los que vivían en la finca de los Marulanda. Tres años después la Fiscalía le dictó al político una medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, que no pudo ser cumplida porque Marulanda no estaba en el país. A partir de ese instante la Interpol rastreó el periplo de su fuga a través de Estados Unidos, Egipto, Argelia, Portugal, Marruecos y España, donde finalmente cayó. Al momento de su captura presentó la fotocopia de un pasaporte estadounidense, país donde nació, pues el oficial y el diplomático colombianos que tenía fueron cancelados por petición de la Fiscalía.

La mayoría de colombianos aún no entienden por qué razón la captura de Marulanda ha desatado una polémica internacional tan grande, a tal punto que algunas de las más prestigiosas organizaciones no gubernamentales europeas han solicitado que si no es extraditado a Colombia sea juzgado por crímenes contra la humanidad por un tribunal del Viejo Continente. Lo cierto es que las autoridades nacionales lo solicitan por formación de grupos armados y terrorismo en relación con los desalojos de la hacienda Bellacruz. Además, a finales de la semana pasada, la Procuraduría pidió que fuera llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación y falsedad por hechos relacionados en su desempeño como embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea entre 1991 y 1997. ¿Cómo fue que Marulanda, un hombre de 1,68 metros de estatura, 70 kilogramos de peso y ojos claros, que estudió economía en las universidades de Harvard y Cambridge, a quien en algunos sectores consideran como uno de los pioneros de la apertura, terminó metido en unos enredos de tal envergadura?



Leyenda negra

La historia no es nueva. El ex ministro y embajador Carlos Arturo Marulanda Ramírez heredó de su padre la hacienda Bellacruz y la leyenda negra que ha rodeado ese predio de más de 12.000 hectáreas desde mediados del siglo pasado. La historia de la familia Marulanda está ligada a la de esa región del sur del departamento del Cesar, donde hoy confluyen los municipios de La Gloria, Tamalameque y Pelaya. El primero en llegar a estas tierras, proveniente de la zona cafetera, fue el liberal caldense Alberto Marulanda Grillo, quien había hecho fortuna como negociante en Barranquilla. Hay quienes dicen que llegó a esa región hacia 1945 y pronto sacó provecho de las leyes agrícolas que impulsó el entonces presidente Mariano Ospina Pérez para hacerse con las tierras que hoy conforman uno de los latifundios más conocidos que existen en el país. Raúl Emilio Ramos, un viejo líder campesino de la zona, cuenta otra historia sobre este personaje: “Utilizó la violencia política de mediados de siglo para adueñarse de la tierra de los campesinos y de terrenos baldíos que eran propiedad del Estado”.

Un informe de Amnistía Internacional de 1997 avala lo anterior cuando dice que, según la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), “en ese momento los terrenos en cuestión eran de propiedad comunal de los campesinos locales, y algunas de las familias desalojadas a la fuerza todavía conservan las escrituras originales”. La leyenda dice que con la ayuda de funcionarios locales corruptos y persecuciones judiciales Marulanda padre se apropió hasta de 22.000 hectáreas de tierra. También se afirma que los campesinos desplazados entonces fundaron el municipio de Pelaya y desde allí se organizaron para recuperar los predios en los que habían trabajado toda su vida. Mientras todos estos eventos se llevaban a cabo el fundador de la estirpe ya se había casado con Cecilia Ramírez, con quien tuvo cuatro hijos. Uno de los cuales, Carlos Arturo, había nacido el 25 de noviembre de 1940 en Nueva York. Sus hermanos son Francisco Alberto, Gloria y María Cecilia, esta última es la esposa del español Enrique Sarasola, uno de los personajes involucrados en el escándalo del metro de Medellín.

Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se intentó hacer una reforma agraria de alto contenido antilatifundista a través del Incora. Este instituto puso sus ojos en parte de los terrenos de la hacienda Bellacruz. Marulanda Grillo aprovechó la situación para vender 2.000 hectáreas de la finca. Esta transacción se convirtió en uno de los ejes del famoso escándalo contra Miguel Fadul y Enrique Peñalosa, promovido por el entonces senador José Ignacio Vives, con el cual puso a temblar al gobierno de Lleras. Al respecto la revista Exodo, del Grupo de Apoyo a Desplazados (GAD), que le ha hecho un exhaustivo seguimiento al caso de los campesinos de la finca, afirma: “Parte del predio fue objeto de una negociación, llena de triquiñuelas, con la entidad oficial, obteniendo los Marulanda un gran beneficio con el sistema de sobreprecios (lo que inicialmente se avaluó en 300 millones, costó después más de 700 millones), situación aprovechada por congresistas que promovieron una acusación contra el gobierno de turno”.

Tras la muerte de su progenitor, Marulanda se encargó de Bellacruz y montó con su madre y sus hermanos una sociedad familiar bajo el nombre de Inversiones Marulanda Ramírez Ltda. Sin embargo no sólo heredó el predio sino también el conflicto agrario y la leyenda negra, como había de demostrarse al final de la década de los 80.



Recuperacion de tierras

En 1987 un grupo de 500 familias campesinas se tomó unas 2.000 hectáreas de tierras improductivas de la hacienda. “De conversación en conversación con mis paisanos nos fuimos animando a tomar unos terrenitos baldíos que eran puro monte. Nos cansamos de cultivar la tierra ajena y nos metimos con 45 familias. Con machete y hacha le abrimos camino a la comida. (…) Es una tierra agradecida, responde al sudor que le gastamos. Cultivamos naranjas, limones, guayabos, guanábanos, yuca, maíz, arroz, cualquier semillita que enterrábamos brotaba. Todos nos sentíamos orgullosos de nuestras parcelas”, recordó el campesino Ramos, quien le dio este testimonio a un miembro en Europa de la organización no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. A partir de ese instante el grupo de campesinos comenzó a ser hostigado por fuerzas de las autodefensas.

En 1988 Marulanda fue nombrado ministro de Desarrollo de Virgilio Barco. Su posesión estuvo empañada por los señalamientos que le hicieron los ganaderos venezolanos de contrabandear carne a ese país desde su frigorífico La Gloria. Después de su paso por el Ministerio la sociedad familiar intentó venderle al Incora otras 2.000 hectáreas de la finca. “Como el título de propiedad no estaba claro y el precio que se pedía parecía excesivo, el Instituto decidió iniciar un proceso de esclarecimiento de la propiedad”, sostiene en un documento Amnistía Internacional.

Este proceso se inició en 1990 y culminó en abril de 1994 con una resolución que, según Nidia Restrepo Acosta, en ese entonces subdirectora jurídica del Incora, “establecía que unos predios eran de propiedad privada porque tenían título suficiente que así lo acreditaba en tanto que otros predios que hacen parte de la mencionada finca, creo que unos seis, se declaró que no habían salido del patrimonio del Estado”. Para entonces Marulanda llevaba ya varios años como embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea y la finca era administrada por su hermano Francisco Alberto y por Edgar Rodríguez Rodríguez, a quien todos conocían y llamaban mejor como ‘Caballito’.

Después de la resolución del Incora no ocurrió nada hasta octubre de 1995, cuando el apoderado de la familia Marulanda interpuso un recurso de apelación contra la misma. El fallo de la medida salió en abril de 1996 y ratificó lo dicho por el Incora. A partir de ese momento el Instituto, según la funcionaria Restrepo Acosta, “debía proceder a adelantar los trámites de titulación como baldíos de estos predios a los campesinos que los venían ocupando y explotando adecuadamente desde hacía más de cinco años”. Pero en ese momento la decisión era un sin sentido porque ya habían sucedido los desalojos a la fuerza del 14 y el 15 de febrero de 1996.



Tragedia en febrero

En esa fecha, en horas de la noche, un grupo de por lo menos 40 hombres armados llegó en volquetas y camionetas a la vereda Trocadero, ubicada dentro de la hacienda Bellacruz. Allí “golpearon a los campesinos y no les importó maltratar a las mujeres, ancianos y niños. (…) Llevaban armas de largo alcance y para maltratarnos llevaban rejos de tres puntas de cuero de ganado; en cada punta de los rejos amarraron vainillas de fusil para golpear dejando mayores heridas”, contó en Europa el campesino Ramos. Una de las personas que declaró ante la Fiscalía por este proceso les dijo a los investigadores que los hombres que llegaron les gritaron: “Hijueputas, salgan de aquí, ladrones, estas tierras son de Carlos Arturo Marulanda”.

Esa noche y la madrugada del siguiente día el grupo de atacantes quemó por lo menos 250 viviendas y ranchos e instó a sus habitantes a irse en los predios Trocadero, Palo Alto, Canta Monos, El Atrato, Vista Hermosa y 20 de Noviembre. Otro de los declarantes en la Fiscalía dijo que los agresores habían manifestado que ellos “eran de los propios, que si no habían escuchado noticias acerca de masacres de Urabá, que si no querían que les sucediera lo mismo debían desocupar las tierras de Marulanda, que ellos estaban para defenderlas”.

Diversos relatos coinciden en señalar que los hombres armados le dieron un plazo de cinco días a la comunidad para que abandonara la región. Como consecuencia del ataque más de 170 familias tuvieron que desplazarse de inmediato a las cabeceras municipales de la zona y, a mediano plazo, otras tres tuvieron que exiliarse. Un año después 36 personas vinculadas a este proceso habían sido asesinadas por las autodefensas. Sin embargo el embajador Marulanda declararía después a la Fiscalía que al indagar sobre lo ocurrido en la hacienda sus familiares le habían dicho que “no había sucedido ninguna violación a derecho humano. Dice que tanto su señora madre como su hermano Francisco Alberto le aseguraron lo anterior, aclarando también que la evacuación de los ‘invasores guerrilleros’ le había correspondido a la Fuerza Pública sin que se produjera, vuelve y repite, alguna violación a derecho humano alguno”. Todo lo anterior lo dijo después de enfatizar que en Bellacruz no existían ni habían existido grupos paramilitares.

En los meses que siguieron al ataque los desplazados quedaron a la deriva. Para llamar la atención de las autoridades sobre su situación se tomaron el 11 de marzo la sede del Incora en Bogotá. Allí estuvieron casi un mes, al cabo del cual retornaron a Pelaya, Cesar. En ese lapso los funcionarios del Incora intentaron delimitar las tierras baldías para la titulación pero, según declaró la funcionaria Restrepo, “los topógrafos se desplazaron a cumplir con su trabajo pero tuvieron que regresarse porque recibieron amenazas de atentar contra su integridad física si continuaban el trabajo y a un funcionario del Incora que los acompañaba le despellejaron la espalda”. Como nadie les ayudaba y ante las constantes amenazas, los campesinos se volvieron a tomar el 27 de mayo la sede del Incora e iniciaron una huelga de hambre. Su caso se convirtió en una causa célebre mundial. Varias organizaciones de derechos humanos lo asumieron como propio y presionaron al gobierno de Ernesto Samper para que Marulanda fuera retirado del cargo de embajador.



Desplazados y fugitivos

Mientras los desplazados de Bellacruz iban de toma en toma, de funcionario en funcionario, o de un lugar a otro del país donde ser reubicados, la presión internacional ponía contra las cuerdas a Marulanda. El 24 de octubre el Parlamento Europeo pidió en una resolución su cabeza. El 5 de noviembre de ese año le presentó su carta de renuncia al Presidente. Al final las familias desplazadas fueron reubicadas en dos haciendas, La Miel y Los Cámbulos, en el departamento del Tolima, y los procesos penales y administrativos siguieron su marcha.

El 19 de mayo de 1998 las autoridades capturaron a Francisco Alberto Marulanda, hermano del embajador, mientras llamaba a su madre desde un teléfono público de Barranquilla. Lo buscaban por formación de grupos armados ilegales y terrorismo en relación con los hechos ocurridos en la hacienda Bellacruz. En la actualidad está detenido en Valledupar, donde se lleva su caso. Sin embargo un pool de abogados, conformado por varios miembros de cuatro prestigiosas organizaciones no gubernamentales colombianas, ha solicitado el traslado del mismo a Bogotá porque temen que en la capital del Cesar no pase nada y que en los próximos dos meses Marulanda quede libre por vencimiento de términos.

Mientras Francisco Alberto estaba tras las rejas su hermano permaneció tranquilo en el exterior hasta el 16 de enero de 1999, cuando la Fiscalía le dictó orden de captura por los mismos delitos. Durante su periplo de fugitivo el ex embajador intentó, por medio de una tutela, rendir indagatoria en un país extranjero porque, argumentaba, en Colombia le habían violado su derecho al debido proceso y a la defensa. Al final el cerco sobre Marulanda se hizo más estrecho y su caída era inevitable. Hoy permanece detenido en el Centro Penitenciario de Madrid por orden del juez español Juan de Olmo. Por ser ciudadano estadounidense existen serias dudas de que España lo extradite a Colombia para ser juzgado. Belén Torres, una de las exiliadas de Bellacruz en Europa, monitorea 24 horas el proceso contra el ex embajador y sabe de muy buena fuente que “es posible que la extradición no se haga”. Incluso no se descarta que pida asilo político con el argumento de que, dada la presión que ‘Tirofijo’ le ha puesto al presidente Andrés Pastrana para que muestre resultados contra el paramilitarismo, Marulanda podría convertirse en un bocado de cardenal. Por eso, ante este panorama, Torres pide adolorida una sola cosa: “Que haya justicia de cualquier manera, que sea extraditado o juzgado en algún país europeo, pero que haya justicia”.



¿Que tan culpable es?

Independientemente de cuál sea el desenlace de este caso, de lo que no hay duda es que habrá una intensa controversia jurídica sobre el tema. Hay

unos hechos que son incuestionables. Nadie discute que un grupo de paramilitares desalojó en forma violenta a las 170 familias campesinas que habían colonizado unos terrenos en la zona de la finca Bellacruz, sobre cuya naturaleza jurídica no había total claridad. Es también un hecho que los beneficiarios de estas acciones son la familia Marulanda Ramírez y que los paramilitares no hacen este tipo de favores gratis. Pero de ahí en adelante hay algunas zonas grises. Es difícil determinar quién habría llamado a los paramilitares. Quién les habría pagado. Carlos Arturo Marulanda se encontraba como embajador en Europa hacía más de cinco años y el que estaba al frente de la hacienda era su hermano Francisco Alberto. Aun, asumiendo que hablaban de todo y tenían los mismos intereses, no es fácil deslindar la responsabilidad individual de cada uno. Quién tuvo la iniciativa, quién le contó a quién y cuándo, quién ordenó la ejecución. Una cosa es dar una orden y otra cosa ser informado de un hecho a posteriori. Si el criterio es que la finca es propiedad de ellos, ¿por qué no incluir a los demás dueños, que son las hermanas y la mamá? Y si el criterio es que ser beneficiario de una acción paramilitar encarna una responsabilidad para los dueños de las fincas, ¿qué pasa con todos los propietarios de tierras en Córdoba, Urabá, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales?

El fenómeno del paramilitarismo en este momento es, junto con la guerrilla, la mayor amenaza que tiene el país. Es un síntoma de la descomposición absoluta de la sociedad, de la ausencia de Estado y del vacío de autoridad que ha tenido el gobierno central en los últimos 30 años. Pero así como es de repugnante es una realidad en mitad del país, donde prácticamente todos los hacendados han aceptado convivir con este fenómeno si el resultado es poder regresar a sus predios y poderlos explotar.

Los Marulanda son parte de este bando. No hay la menor duda. Pero el escándalo mundial que se ha hecho alrededor de este caso sería más propio de un Carlos Castaño que de un Carlos Marulanda. Al fin y al cabo el ex ministro no está acusado de homicidio. La razón por la cual se ha convertido en un símbolo de la violación de los derechos humanos es por la tradición de violencia de medio siglo que tiene la hacienda Bellacruz y el hecho de que él estuviera de embajador ante la Unión Europea en el momento en que ocurrieron los hechos. Pero una cosa es ser latifundista explotador y otra muy distinta ser autor de ‘crímenes contra la humanidad’, como pretende una ONG belga que desea que lo juzguen en ese país.

En todo caso el debate apenas empieza y estos puntos de vista serán ventilados en las próximas semanas. El gobierno español tiene 40 días para decidir su suerte.