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El caso Pérez García

Nunca antes se había dado una acusación tan grave y tan difícil de creer contra un parlamentario

13 de diciembre de 1993

EN EL FUEGO CRUZADO EN que se mueven los políticos que participan en la actual campaña electoral se ha visto de todo: expulsados de las filas de un precandidato liberal por compartir recinto con el cuestionado Evaristo Porras, congresistas que han perdido su investidura, dirigentes acusados de enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados, y violaciones a la ética. Pero lo que sucedió la semana pasada con el representante liberal antioqueño César Pérez García no tiene antecendentes, pues una cosa es acusar a los congresistas de turismo parlamentario y hasta de serruchos, y otra muy distinta sindicarlos de promover genocidios.
Y eso fue exactamente lo que ocurrio con una crónica judicial publicada el jueves por El Espectador, que citó como fuente a la Fiscalia y sugirió que el parlamentario pudo haber tenido una participación intelectual en la matanza de 49 personas en el municipio de Segovia (Antioquia), sucedido el 11 de noviembre de 1988.
De acuerdo con El Espectador, Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional pidió a la Corte Suprema de Justicia que abriera una investigación en contra de Pérez García porqué, según la investigación, "analizando el material probatorio recaudado, todo indica que la represalia contra la población de Segovia nació en los círculos regionales del sector político encabezado por el parlamentario y el comandante de la XIV Brigada".
El fiscal sin rostro a quien le correspondió el caso luego de la apelación de los primeros militares vinculados, no sólo ratificó las decisiones tomadas con anterioridad contra oficiales del Ejército, sino que metió en el mismo costal a Pérez, sindicandolo además de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y lesiones personales, cargos sumamente graves que tienen implicaciones políticas y penales.
LAS ROZONES DE LA FISCALIA
Según fuentes de la Fiscalía consultadas por SEMANA, "los hechos de Segovia no pueden verse fuera de contexto. Antes de la matanza había ocurrido una serie de actos terroristas contra la población del nordeste antioqueño, donde los candidatos de Pérez García habían sido derrotados. Por ello desde el comienzo de la investigación quedó claro que la causa de la creación del grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño (MRN) se debió al descalabro político del grupo que lideraba el parlamentario César Pérez García en el municipio de Segovia".
El descalabro político al que se refiere la Fiscalía sucedió. La candidata a la alcaldía de Segovia por la Unión Patriótica (UP), Rita Ivonne Tobón, derrotó estruendosamente al representante del grupo de Pérez García. Algo similar pasó en otras poblaciones del nordeste antioqueño, como Remedios. Pero el caso del nordeste de Antioquia no fue aislado. La simpatía que despertaron los candidatos de la UP en esa primera elección popular de alcaldes fue un fenómeno que se repitió en casi todo el país.
De hecho, ese grupo se convirtió en el palo político de esas elecciones. Y no por ello se pueden sindicar a los derrotados de las varias matanzas que se dieron en esos años en el país.
Luego del revuelo inicial, lo único cierto es que la decisión de la Fiscalía tiene menos alcance del que se le atribuyó. Al final de la semana, fuentes de la Fiscalía dijeron que "lo único que se ha hecho hasta ahora es compulsar pruebas a la Corte Suprema de Justicia para que si lo considera necesario, investigue al parlamentario Pérez García".
En medio de los cuestionamientos, el ex presidente de la Cámara se ha defendido alegando su trayectoria política y su gestión en el Congreso, donde en varias ocasiones ha sido el ponente de los proyectos de ley que buscan favorecer a ex guerrilleros, como sucedió con el indulto otorgado a militantes del M-19. "Cómo voy a atentar contra grupos de izquierda si yo mismo los he defendido", le dijo a SEMANA.
En su hoja de vida también figura que Pérez García fue uno de los parlamentarios que junto con el entonces procurador Horacio Serpa Uribe denunciaron ante el país la serie de matanzas de campesinos en el nordeste antioqueño. A ello se suma el hecho de que el parlamentario acaba de ser condecorado por los servicios prestados a ese municipio. El representante argumenta asimismo que, como lo informaron las autoridades y los medios de comunicación en su momento, la matanza de Segovia fue realizada por paramilitares ajenos ala región.
Pero incluso si se llegara a comprobar la participación de dirigentes cercanos a Pérez García en la masacre, una cosa sería eso y muy otra asumir que quien dio la orden fue el propio parlamentario.
La filtración de la información a los medios, cuando se trataba de un asunto delicado y que exigía reserva judicial, terminó por echarle más agua sucia a la rama más desacreditada del Poder Público y, de paso, le hizo un daño biengrande a uno de sus representantes más polémicos, aun antes de que la Corte Suprema decida siquiera si los indicios hallados por la Fiscalía ameritan que a Pérez se le abra una investigación. Algo que, sin duda, viola sus mas elementales derechos de defensa.