El expediente de Rodrigo Mesa, el diputado del “bollo”

 

Esa fue la última aparición escandalosa de este hombre famoso por haber dicho en una sesión de la Asamblea de Antioquia que invertir plata en el Chocó era “como meterle perfume a un bollo”.

Rodrigo Mesa Cadavid ocupó titulares de prensa y fue investigado por la Procuraduría y la Fiscalía no sólo por sus comentarios tildados de racistas, sino porque en el transcurso de la indignación nacional, le aparecieron en su hoja de vida estudios que no había cursado.

Ahora cuando ha pasado el tiempo y la marea ha bajado, Mesa dice haber sido absuelto de aquello de lo cual se le acusó y promete denuncias contra quienes, según él, lo injuriaron. “Salí inocente de todo, ¿cómo le parece ese show mediático que me montaron?”, se pregunta. 

—¿Contra quiénes iniciará acciones legales, doctor Mesa?

“Yo creo que estamos hablando de unos 11 procesos. ¡¿Cómo es que se llama ese periodista de Teleantioquia que publicó el video?!”, le reclama Mesa en voz alta a su secretaria, que está del otro lado de la oficina. 

Sin embargo, la apreciación del diputado no es del todo cierta. Pese a que un Juzgado Penal del Circuito profirió sentencia absolutoria a su favor por el delito de falsedad en documento privado, el procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, Carlos Arturo Ramírez, suspendió a Mesa, en segunda instancia, por un período de cinco meses.

En el fallo, de diciembre del 2012, el procurador consideró que las expresiones de Mesa sí fueron ofensivas para un grupo significativo de colombianos, lo que configuró una falta grave a título de dolo.

En cuanto a las imprecisiones en la hoja de vida, el mismo procurador determinó que era un hecho debidamente acreditado. El fallo dice que el currículo que reposaba en la Asamblea, firmado por Mesa, consignaba datos falsos: por ejemplo, que era bachiller, con título de periodista, graduado en diciembre de 1994. Sin contar que en la página web de la Asamblea, Mesa aparecía con flamantes posgrados de la Universidad Pontificia Bolivariana y Eafit, en Medellín.

Pero la realidad era otra. En el proceso obra que la institución educativa San Marcos, de Envigado, certificó que Mesa Cadavid cursó hasta cuarto de bachillerato y que, en el año de 1973, se matriculó en quinto, pero no regresó aduciendo problemas familiares. En el expediente también se lee que a la segunda visita que hizo la Procuraduría para recaudar pruebas, a la hoja de vida le habían arrancado dos hojas.

Pero entonces, ¿por qué Rodrigo Mesa firmó esa hoja de vida con información que no era real? En los archivos del caso está que Blanca Cecilia Henao, auxiliar administrativa de la Asamblea, testifica: “La hoja de vida me la entregó personalmente la asistente del doctor, ella me la entregó”. Y Mesa se defendió diciendo que el día en que firmó la hoja de vida, estaba en plena sesión y no se fijó.

Uno de los tres abogados que trabajan para Mesa en la Asamblea es Iván Gómez Osorio. Según él, su jefe ha sido satanizado por la prensa sólo porque habla desabrochado. O ramplón, como dirían otros. Pero así ha sido de siempre. Mesa es un político liberal que lleva 22 años en la silla de diputado. En las pasadas elecciones obtuvo nada menos que 25.000 votos. Sus fortines electorales, hechos a base de favores, plata y puestos, como el mismo Mesa lo reconoce, están en Envigado y en el suroeste antioqueño. 

Pero Gómez Osorio va más allá y dice que Mesa no ha tenido más sanciones y que por eso está facultado éticamente para un nuevo período. “Incluso, hemos hecho estudios de mercadeo que nos dicen que sería un gran candidato para la Gobernación de Antioquia o para la Alcaldía de Envigado”, dice.

No obstante, en cuanto a sanciones e investigaciones, el historial de Mesa dice otra cosa: un antecedente desconocido tiene que ver con un contrato que tenía como objeto transportar al diputado. El 20 de marzo del 2007, el hombre que aparecía como conductor le dijo a la contralora auxiliar Margarita Betancur que él firmaba el contrato, hacía mandados y andaba con el diputado, pero que no sabía conducir.

“Yo le cobraba a Carlos Arturo y recibía el cheque, el diputado me mandaba a cambiarlo al Banco Popular, yo le entregaba toda la plata al diputado y él de esa plata me daba 60.000”, dice el testimonio. Líneas más adelante, la contralora consigna: “(El supuesto conductor) agregó que se retiró hace varios meses porque le dijeron que era muy peligroso, entonces le dio susto y no quiso firmar más contratos”.  

Luego de que el caso pasó por las manos de varios funcionarios que se declararon impedidos, en marzo del 2010, la contralora (e) general de Antioquia, Tatiana María Gutiérrez, ordenó el archivo definitivo del proceso, pese a que dos años antes, cuando el expediente había llegado a su escritorio, valoró: “No se logró desvirtuar que los valores pagados por el contrato cumplieron con el objetivo de la Unidad de Apoyo Administrativo y, por otra parte, no se sabe a ciencia cierta dónde fueron a parar esos dineros, pues el beneficiario último no se sabe quién es ni dónde se localiza, causándose así el presunto detrimento patrimonial y plenamente certificado de 43.000.000 millones de pesos”. 

Aquí no termina la historia. A Rodrigo Mesa también le pesa otra sanción con tintes aún más graves. El 27 de febrero del 2007, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia hizo una visita a la Clínica Total Help, una entidad investigada por la muerte de dos mujeres y 97 denuncias por supuestos errores médicos en cirugías estéticas. 

La sorpresa de los funcionarios que hicieron la inspección fue mayor cuando encontraron que, pese a haber sido sellada previamente por la Dirección de Salud, la clínica aún funcionaba gracias a una carta con membretes de la Asamblea de Antioquia que había firmado Rodrigo Mesa. “En calidad de presidente de la Asamblea me permito comunicarle que a partir de la fecha la Fundación Total Help en Salud, con NIT: 811.020.942-0, podrá prestar servicio de salud o de cirugías en dichas instalaciones hasta el 30 de septiembre del año que transcurre”. 

El caso pareció sepultado cuando la procuradora regional de Antioquia, Blanca Nubia Carvajal Mejía, declaró la nulidad del proceso, en una polémica sentencia que firmó el 6 de octubre del 2008. “Si hay nulidad en el proceso quiere decir que los hechos jurídicamente nunca ocurrieron”, dice aún hoy el abogado de Mesa. Sin embargo, eso no es precisamente en lo que terminó la historia. El 28 de octubre del 2010, la procuradora delegada para la Vigilancia Administrativa, Clara González Marroquín, en segunda instancia echó para atrás la nulidad y declaró responsable a Mesa de abuso de la función pública, a título de culpa grave. Aquello le valió al diputado una suspensión de seis meses.   

Pero, como siempre ha sucedido, Rodrigo Mesa ha vuelto de la sanción con baterías enfiladas, anunciando demandas y profiriendo frases que no pasan inadvertidas. La última que salió de su boca y que fue registrada por los micrófonos habla por sí sola: “Yo a ustedes los negros los quiero mucho, tengo 250 colocados en todo el departamento, de cuando premiaban a los buenos diputados con cargos burocráticos”, dijo en una rueda de prensa.