Un mico en el Acuerdo de paz

La firma del nuevo acuerdo, en el que se pondría punto final a las controversias sobre la renegociación del primero –firmado en Cartagena por el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko–, terminó por abrir otro debate intenso. Y no sobre cualquier tema, sino sobre las características que tendrán en el futuro los juicios a miembros de las Fuerzas Armadas. En un proceso en el que se ha acudido a símiles zoológicos para buscar efectos políticos –los sapos y los conejos, sobre todo–, lo que en un principio parecía un mico terminó convertido en un verdadero orangután.

Todo arrancó con un pronunciamiento de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) que cuestionaba la redacción del nuevo acuerdo, el del Teatro Colón. A su juicio, un concepto “inesperado” se había agregado al parágrafo 44 de los principios básicos del componente de justicia. La redacción aludía al artículo 28 del Tratado de Roma que establece el principio de la responsabilidad de mando.

La preocupación no era menor. Desde que se negoció el punto de justicia, a los militares se les prometió que en el nuevo acuerdo no existiría la figura de responsabilidad de mando. Es decir, que no puede asignarse responsabilidad a los jefes por las conductas de sus subordinados. El tema era clave para ellos, porque en la mayoría de procesos penales contra sus altos mandos no se logra probar la comisión de un delito y los generales suelen ir a la cárcel más por omisión que por acción, pues ellos no están en el campo de batalla.

Mientras los miembros de las Fuerzas Armadas recibían el baldado de agua fría, desde Estados Unidos José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, cambió su posición crítica sobre el proceso de paz y a través de un comunicado felicitó al presidente Juan Manuel Santos porque este acuerdo “había quedado mejor que el original”.

Los ajustes incluidos precisaban la forma como se fundamentaría la responsabilidad de mando. El cambio derogaba cualquier vacío jurídico que dejara una puerta abierta para que el Ejército o las Farc eludieran su responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subalternos. También hubo pronunciamientos de Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, en los que le daban la bienvenida a la nueva redacción.

Pero en la medida en que aumentaba la satisfacción en los sectores protectores de los derechos humanos, se incrementaba el rechazo de Acore y de los militares. Horas antes del histórico encuentro con la guerrilla en el Teatro Colón, el gobierno acogió algunas de las quejas expresadas por asesores de estos últimos. En la práctica, volvió a excluir la responsabilidad de mando.

Un primer texto –comunicado conjunto entre el gobierno y las Farc– agregó una “fe de erratas” del acuerdo que aclaraba cómo se fundamentará la responsabilidad de mando. Aunque estas aclaraciones cobijan tanto a las Fuerzas Armadas como a las Farc, muchos confundieron esa precisión con la polémica que durante toda la semana venían exponiendo los militares.

Un segundo texto fue un comunicado del gobierno en la madrugada del jueves –cuando se firmó el nuevo acuerdo–, que terminó por absolver todas las inquietudes de los mandos militares. En el documento, compartido por la Casa de Nariño en su página web, el Ejecutivo borra la definición de “control efectivo de la respectiva conducta”, términos en los que se fundamentaba la responsabilidad de mando.

En ese sentido, el punto que los había escandalizado volvió a su estado natural y las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz ya no deberán demostrar que los comandantes tenían control sobre sus tropas, sino sobre los delitos cometidos por sus subordinados. Algo que será mucho más difícil de comprobar.

Para algunos sectores críticos del proceso de paz, el gobierno rompió nuevamente una de sus premisas, pues el presidente Santos había asegurado que el documento final era inmodificable. Para otros, sin embargo, el mandatario está en todo su derecho. ¿La razón?, la justicia especial para los militares no se discutió con las Farc en La Habana, y es un asunto de la potestad del gobierno. El problema del ‘mico’, estrictamente, pertenece a la agenda de las relaciones entre el gobierno y los militares, y no a la del gobierno con las Farc.