EL TIRE Y AFLOJE DE LOS FUSILES

Recuperando la autoridad del Estado, que para buena parte de a opinión venía saliendo bastante maltrecha del proceso de tregua, el ministro de Gobierno Jaime Castro exigió la semana pasada a la guerrilla la entrega de las armas. Hubo grandes aplausos en la prensa: por fin, un "hombre fuerte" en el gobierno. Y del lado de la guerrilla las reacciones fueron en el primer momento menos negativas de lo que podía esperarse. Como lo expresó el comandante del EPL Ernesto Rojas en una reunión con la Comisión de Diálogo celebrada en el caserío de Anchica, sobre el rio San Jorge, en Córdoba: "si se trata de una propuesta, sí, estamos dispuestos a discutir la entrega de las armas; si se trata de una exigencia, no".
Y se inició la discusión. En su memorando enviado al presidente de la Comisión de Diálogo, el ministro planteaba que "la entrega o desaparición de las armas debe tener lugar durante la tregua, a más tardar en el momento en que la guerrilla se incorpore a la vida civil". Y sugería un "plazo cierto"--tras señalar que así lo han aceptado ya las FARC--: "con suficiente anterioridad a las elecciones de 1986". Los grupos guerrilleros replicaron diciendo, en resumen, que lo que Castro pedía era que se ensillara antes de traer las bestias. Para el M-19, "el gobierno presenta un sofisma de distracción al plantear la discusión alrededor del desarme de la guerrilla y no sobre el verdadero dentro del problema actual de la paz: las transformaciones democráticas".
El EPL es de la misma opinión: según dijo en Anchica, Oscar William Calvo, "si sólo se tratara de entregar las armas, no hubiéramos combatido durante diecisiete años. No hemos combatido para tirar las armas al mar; ni tampoco para preparar la campaña electoral del año 86". Por eso "la solución al problema de las armas no puede ser previa al de la apertura democrática". Las propias FARC, presentadas en el memorando del Ministro como las "buenas" del paseo, fueron las más enfáticas. En la entrevista publicada por el semanario Voz, del Partido Comunista, dijo Jacobo Arenas: "Esto es asombroso". En ningún momento de las históricas discusiones de La Uribe que condujeron a los acuerdos que abrieron la puerta para la etapa por la que estamos discurriendo, el gobierno del presidente Belisario Betancur hizo semejante estrafalaria petición. O se quiere la paz, y entonces se pacta el alto al fuego y la tregua con el movimiento armado, como en efecto se ha hecho... o se quiere la guerra y entonces se exige la rendición incondicional como es lo que parece desear el actual ministro de Gobierno. Del lado de las FARC-EP no se ha hablado de entrega de armas, de lo que se ha hablado es de las grandes reformas que el gobierno del presidente Betancur anunció y que hasta hoy estamos esperando".
Hasta el ELN, que no ha firmado los pactos, hizo una rueda de prensa de encapuchados en los alrededores de Medellín para terciar en el tema, presentando la exigencia del Ministro como "una maniobra del gobierno para declarar rota la tregua y responsabilizar de ello al movimento guerrillero ".
Sin embargo, sobre el fondo del asunto, el ministro de Gobierno tiene razón en plantear el tema del desarme, rompiendo el implícito tabú que lo había rodeado en los últimos meses: sólo los militares habían insistido machaconamente en él, recordando una y otra vez que las leyes de Colombia no permiten el porte de armas. En ese sentido, el memorando del Ministro tiene la virtud de homogeneizar el lenguaje del gobierno y las FFAA y disipar ambiguedades. Empieza por reconocer que el desarme de la guerrilla no se planteó en los acuerdos, pero recuerda que se trata de un punto que, obviamente, forma parte del proceso de la paz: "El problema del porte de armas, que no admite dudas de su regulación jurídica, debe entonces plantearse desde un punto de vista práctico, así en la imposibilidad de conseguir, mediante el uso de la fuerza física o de la persuasión, que la guerrilla entregue o desaparezca las armas, dicha entrega o desaparición debe tener lugar durante la tregua, a más tardar en el momento en que la guerrilla se incorpore a la vida civil".
Tal incorporación, evidentemente, no puede ser con armas, agrega el Ministro: "por ello debe decirse categóricamente que las autoridades no permitirán la presencia de partidos políticos que tengan apoyo armado.
Dicha hipótesis repugna al sistema democrático, que supone igualdad de oportunidades y de condiciones".
El problema está en lo de "igualdad de condiciones". Los jefes del EPL señalaban al respecto a la comisión de Diálogo que si la DLN se queja de que por falta de puestos burocráticos el Partido Liberal va a ir en desventaja a las elecciones, y el ex presidente Pastrana se queja de que lo mismo le pasa al partido conservador por la falta de imparcialidad de la prensa, ¿qué no podrán decir los grupos guerrilleros? Y concluían: "en las condiciones actuales, y mientras no haya reformas políticas, la única garantía política que tenemos son las armas". El M-19 argumenta en el mismo sentido cuando protesta ante la exigencia de "la entrega o desaparición de las armas en un plazo cierto, trastocando lo acordado en la primera etapa del proceso, mientras no se aceptan plazos ni contenidos para éfectuar la apertura democrática".
"Ni siquiera ha sido levantado el estado de sitio, compromiso que sí estaba en los acuerdos" apunta el EPL.
Y hasta el dirigente liberal Santofimio Botero parece darles la razón señalando que "se ha gastado más tiempo en la propaganda de la paz que en las reformas".
Hay voces discrepantes. En el reciente Banquete Liberal, el ex canciller del gobierno de Turbay, Carlos Lemos Simmonds, advirtió que "no se puede confundir la paz, que se basa en el respeto a las autoridades legítimamente constituídas, con el apaciguamiento, que es una abdicación ante el chantaje". Y el diario conservador El Siglo editorializó a fines de febrero diciendo que "se escuchan reclamos porque no están ya en marcha las reformas solicitadas por los voceros de los grupos alzados en armas... como si al exponerlas tuvieran que aceptarse automáticamente, sin deliberación de ninguna clase". Porque el problema sigue estribando en una divergencia óptica: el desarme de la guerrilla es para un sector de la opinión la base de partida del proceso de paz, cuando para los alzados en armas se trata exactamente de lo contrario: del punto de llegada. El ministro Castro, que antes de viajar acompañando al Presidente en su visita a Uruguay aclaró para SEMANA que no pensaba "reaccionar a las reacciones" de su memorando, dejó claro en todo caso que el gobierno no está esperando ni una respuesta ni unos compromisos inmediatos de la guerrilla: hay tiempo. Tiempo para, entre tanto, seguir adelantando las discusiones sobre las reformas. En realidad, quien tiene ahora la palabra no son ni el gobierno ni las guerrillas, sino los partidos, el parlamento, y en general todos los participantes en el diálogo nacional, que en los últimos días andaba nuevamente de capa caída. Porque el problema verdadero no es ni de las guerrillas ni del gobierno, sino de todo el país. Que no puede --como dijo recientemente el general Vega Uribe--sentarse a mirarlo "como si se tratara de un partido de fútbol". -