EN LA ENCRUCIJADA

Hace dos semanas el presidente de la Corte Constitucional, Vladimiro Naranjo, calificó como inexacta la versión periodística según la cual cinco magistrados de esa corporación crearon una especie de bloque mayoritario para imponer sus decisiones. En su mensaje el jurista sostuvo que "el que en algunas decisiones importantes de los últimos meses haya habido coincidencia de nombres no pasa de ser eso: una simple coincidencia".
Sin embargo poco después los magistrados Alejandro Martínez, Antonio Barrera, Carlos Gaviria, Fabio Morón y Alfredo Beltrán impusieron su voluntad en un tema trascendental: votaron a favor de que esa corporación revise una tutela interpuesta por la congresista Viviane Morales contra la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual investiga la conducta de los 111 parlamentarios que en junio de 1996 absolvieron al entonces presidente Ernesto Samper. Según el alegato, la opinión y el voto de los congresistas es inviolable y por lo tanto la Corte se excedió en sus funciones.
La votación en el seno de la Corte Constitucional parece corroborar la tesis según la cual los cinco magistrados actúan coordinadamente frente al bloque minoritario compuesto por los juristas Vladimiro Naranjo, José Gregorio Hernández, Hernando Herrera y Eduardo Cifuentes, quienes en este caso se opusieron a revisar la tutela de la congresista liberal.
La acción jurídica iniciada por la senadora Viviane Morales empieza a poner en serios aprietos a la Corte Constitucional porque fue justamente este organismo el que hace dos años le dio herramientas jurídicas a la Corte Suprema de Justicia para investigar a los congresistas. En aquel entonces, mayo de 1996, la Corte Constitucional produjo un fallo en torno a la ley 5 de 1992, que regula el funcionamiento del Senado y la Cámara, en el que determinó que cuando actúan como jueces los congresistas adquieren responsabilidades jurídicas y que en esa medida podían ser penalmente encausados. La sentencia fue adoptada por unanimidad.
Lo anterior significa que si se abre paso la revisión de la tutela _la decisión final será adoptada en octubre por los magistrados Beltrán y Morón, quienes ya se pronunciaron a favor_ en el seno de la Corte se da por descontado que los cinco magistrados del bloque mayoritario votarán a favor de Viviane Morales, y por lo tanto se hundiría el proceso contra los congresistas que absolvieron a Samper.
A este panorama se suma la presencia casi diaria por los pasillos de la Corte Constitucional del abogado de Viviane Morales, el ex magistrado de esa corporación Jorge Arango Mejía. El jurista ha adelantado un lobby muy activo con varios de los magistrados que conforman el bloque mayoritario para lograr que la Corte revise la tutela y, de paso, tumbe la investigación contra los congresistas. En diversas instancias de la Corte Constitucional ha causado malestar la actitud de Arango, pues él fue uno de los magistrados que aprobó por unanimidad la sentencia que penalizó las actuaciones de los congresistas cuando actúan como jueces. Según una fuente de la Corte, a pesar de que el reglamento de la corporación indica que los magistrados no se pueden reunir con las partes interesadas en una tutela, la semana pasada numerosos funcionarios observaron que Arango se entrevistó por más de dos horas con el magistrado Beltrán. Sin embargo el abogado de Viviane Morales se defiende con el argumento de que no existe nada irregular en su actuación y que la Corte puede reversar sus sentencias, pues éstas no hacen tránsito a cosa juzgada.
En fuentes judiciales SEMANA estableció que este cúmulo de hechos aparentemente irregulares fue el que obligó al presidente de la Corte Suprema, José Fernando Ramírez, a pedirles a sus colegas de la Constitucional que no revisen la tutela de Viviane Morales porque ello significaría "hacer protagonismo, y eso no me cabe en la cabeza". El magistrado agregó que es un imposible jurídico que la Corte Constitucional vuelva a debatir una decisión que adoptó hace dos años.
Es evidente que empieza a hacer carrera la existencia real de un bloque que impone sus mayorías en la Corte Constitucional. Y por eso en diferentes sectores ya existe preocupación, pues al fin y al cabo la Corte Constitucional es una de las instituciones más importantes tras la reforma de la Carta en 1991. De ahí que sea comprensible la actitud del presidente de la Corte Suprema. Lo más preocupante es que lo ocurrido hasta ahora deja el sabor de que en el interior de esa corporación han surgido alianzas políticas que empiezan a ganarle terreno al sano debate jurídico.