En el nombre del Padre... y del Presidente

El jueves pasado el gobierno se levantó de malas pulgas con el Congreso. Desde bien temprano tanto el presidente, Alvaro Uribe, como el ministro del Interior, Fernando Londoño, amenazaron a los congresistas con acudir al pueblo y pedir la revocatoria si no se aprobaba para esa misma noche, a las 12 en punto, la totalidad del proyecto de referendo. En la asamblea de la Anif el primer mandatario afirmó que su gobierno llegaría al referendo "por una vía o por otra" mientras que, pocos minutos antes, en una entrevista radial el ministro Londoño dijo que "se aprueba el referendo o el pueblo dirá la última palabra".

Los trenes andaban a toda velocidad directo al choque. La más agresiva respuesta contra este ultimátum del gobierno fue la del senador Antonio Navarro Wolff. En una reunión a puerta cerrada con los ponentes en el sobrio recinto de la comisión primera del Senado Navarro le recordó a Londoño el famoso capítulo de Cien años de soledad que relata la masacre de las bananeras. En ese pasaje macondiano un capitán del destacamento del general Carlos Cortés le dice a la muchedumbre de huelguistas en la plaza: "Un minuto más y se hará fuego". En seguida José Arcadio Segundo grita: "Cabrones. Les regalamos el minuto que falta". El senador Navarro le dijo muy serio al ministro Londoño: "Les regalamos las 12 de la noche".

Sin embargo, de la virulencia de las declaraciones de la mañana, tanto Uribe como Londoño pasaron al diálogo sereno en la Casa de Nariño con la bancada gobiernista. Cual profesor de primaria, el presidente Uribe preguntó uno a uno a sus congresistas si apoyaban los polémicos puntos de la supresión de contralorías y de la congelación del gasto público por dos años. El senador Rafael Pardo y el representante William Vélez sacaron una lista con los nombres de los uribistas que con seguridad estaban a favor de las iniciativas. A los indecisos se les castigó con un cara a cara con el presidente Uribe. Al final todos estaban alineados, tanto los buenos de la clase como los indisciplinados. Esa noche la regañada mayoría uribista votaba los artículos.

Este episodio se ha percibido como un pulso entre el Congreso y el gobierno en el cual éste salió ganando. Esa ha sido la interpretación periodística y la sensación que ha quedado en la opinión pública. El musculoso antebrazo político de Alvaro Uribe triunfó. Lo que mucha gente no se imagina es lo que habría ocurrido si el gobierno hubiera decidido acudir directamente al pueblo para presentar el referendo.

A primera vista, una alianza entre el presidente Uribe y el pueblo no sólo no parecía descabellada sino que se vislumbraba como imbatible: sin intermediarios, sin clientelismo, sin mañas del Congreso? El Presidente liderando y los colombianos agitando banderas y siguiendo su melodía reformista, como en los mejores pasajes de El flautista de Hammelin. Pero a diferencia de los cuentos fantásticos, las democracias son más complejas. Y el escenario de un gobierno recogiendo firmas en Unicentro hubiera embarcado al país en un camino tan espinoso como apocalíptico.

Congreso: sarten por el mango

La imagen que tienen los colombianos del plebiscito, en el que el gobierno acude al pueblo y se salta el Congreso para adelantar sus reformas, es cosa del pasado. Con la Constitución del 91 todo proyecto de referendo, así sea respaldado por el voto popular, tiene que pasar por el Congreso. Aún así, el gobierno se podía sentir confiado de que un proyecto de referendo convocado por el Presidente y respaldado con firmas no iba a ser modificado por el Congreso. Pero el problema en este caso no es lo que decida hacer el Congreso una vez le llegue la propuesta de referendo sino el viacrucis del gobierno para llegar hasta allá.

Primero, el gobierno tiene que recoger 120.000 firmas para poder inscribir el referendo y sus promotores en la Registraduría: eso dura más o menos un mes. Segundo, la Registraduría tiene que revisar, una por una, la autenticidad de las 120.000 firmas: eso toma dos meses. Tercero, el gobierno tiene que recoger en la calle cerca de 1,2 millones de firmas -el 5 por ciento del censo electoral: alrededor de cuatro meses más-. Cuarto, los dactiloscopistas de la Registraduría revisan el millón y pico de firmas: eso no dura menos de cuatro meses.

Luego de 11 meses de trámite el gobierno puede ir al Congreso a radicar el proyecto de ley para el referendo. Una vez en el Capitolio, se inicia otro viacrucis: el de la retórica parlamentaria, que puede durar varios meses más. Si el Congreso le da el visto bueno sólo quedaría la revisión de la Corte Constitucional y el gobierno tiene carta blanca para llevar a cabo su referendo. Si, por el contrario, el Congreso niega el proyecto de referendo, se abre un profundo debate constitucional.

Unos, como la anterior Corte Constitucional, dicen que hasta ahí llega la iniciativa. Muere, y punto. Otros, como el Consejo de Estado, advierten que en una democracia participativa el referendo es un mecanismo de reforma del pueblo y no del Congreso. Por lo tanto, los promotores del referendo podrían recoger otro 5 por ciento del censo electoral (1,2 millones de firmas), hasta llegar a 10 por ciento, y con ese respaldo de firmas convocarlo. Todo el mundo está de acuerdo en que con 10 por ciento del censo electoral se pueden modificar las leyes vía referendo. Pero la cosa se vuelve a enredar cuando se trata de reformar la Constitución, ya que para algunos juristas, aun con el apoyo popular, sólo se puede hacer a través del Congreso.

Para el ex ministro Néstor Humberto Martínez, quien fuera la punta de lanza del referendo de Pastrana, una iniciativa de estas dura entre 18 y 19 meses.

Así que el garrote que presentaron Uribe y Londoño la semana pasada con el cuento de que acudirían al pueblo no era un espléndido camino de rosas sino una tortuosa trocha de espinas. Sobre todo luego de las lecciones que dejó el gobierno anterior, en el que el impulso reformista del referendo de Pastrana se apagó debido al pánico económico que generó el choque de trenes entre el Congreso y el gobierno.

La diferencia entre los dos referendos es que Uribe tiene más margen de maniobra política que Pastrana pero menos margen económico. Pero como bien lo recuerda Martínez, "uno puede hacer política si la economía lo deja". Y la economía es actualmente para Uribe como una espada de Damocles. En esas circunstancias, desafiar al Congreso lanzándose en una aventura de recolección de firmas que dura casi dos años, cuando están pendientes la reforma pensional, la laboral y la tributaria, cuando el endeudamiento externo está al tope, y cuando la situación de los países vecinos es tan frágil e incierta, sólo puede verse como un suicidio político.

Lecciones de una crisis

Con la aprobación de la congelación del gasto público por dos años el gobierno se sale con la suya con el referendo. En las últimas semanas se hizo evidente que las intenciones del presidente Uribe viraron drásticamente de la reforma política a la imperiosa necesidad fiscal. No es coincidencia que el Ejecutivo se endureciera la víspera de la discusión de los puntos que servi-rían para reducir los gastos estatales.

No obstante, es prematuro afirmar que el referendo ya esté del otro lado y que los puntos aprobados por las comisiones primeras del Congreso sean ya una realidad.

En primer lugar, la discusión de otras preguntas, como la congelación de los salarios de los altos funcionarios y la ampliación del mandato de alcaldes y gobernadores, están previstas para esta semana. Además, una cosa es el proyecto aprobado por el Congreso y otra muy diferente que salgan seis millones de personas a respaldarlo. Aunque el presidente Uribe ya anunció que saldrá a la plaza pública a hacerle campaña al articulado, el referendo es muy largo y la gran mayoría de la gente no lo entiende. De los 12 puntos hasta ahora aprobados, quizás el único que entienden es el más impopular y el más trascendental: la congelación del gasto.

Con el ultimátum el gobierno no hizo más que disciplinar a sus propios congresistas y aglutinar a una oposición tímida y en pañales. A pesar del ambiente de concertación entre uribistas, liberales oficialistas e independientes, lo cierto es que el trámite del referendo ha sido desordenado y el ministro Londoño ha dado continuas muestras de improvisación y desconocimiento del juego parlamentario. Aunque el voto del jueves pasado haya sido obediente, nada garantiza la solidez de la bancada uribista en el Congreso. No es un secreto el descontento de algunos congresistas gobiernistas con la actitud elogiosa del ministro Londoño con los serpistas y los del Polo Democrático.

Por otra parte, el rifirrafe entre Ejecutivo y Congreso le sirvió de excusa a Horacio Serpa para criticar al gobierno. El jefe del Partido Liberal no sólo lanza críticas a la política económica del presidente Uribe sino que también insta a los congresistas a resistir los ultimátums oficiales. "Más vale un Congreso revocado que uno acobardado", dijo el ex candidato presidencial. Serpa viaja velozmente en un tren que se aleja del gobierno rumbo a la oposición.

No deja de sorprender que un referendo que hace unas semanas estaba a un tiro de aprobarse haya terminado como manzana de la discordia entre el gobierno, su propia bancada, los serpistas y los independientes. Aunque no hay dudas después del jalón de orejas del presidente Uribe que las mayorías aprobarán el articulado, cabe preguntarse a qué costo. ¿Aguantarán los uribistas otro llamado al orden mientras el jefe de la cartera política trata mejor a la oposición?

La aprobación de estos 12 puntos del referendo ha sido lo más fácil. Ahora viene no sólo lo difícil sino lo prioritario: las reformas económicas. Si en la discusión del referendo, en la que había grandes puntos de acuerdo entre las bancadas parlamentarias, se llegó a un ultimátum intimidatorio, qué se puede esperar de los debates a las reformas tributaria, pensional y laboral. Está demostrado que los congresistas uribistas sólo le caminan al primer mandatario y que el segundo regaño siempre produce menos miedo que el primero.