La deforestación, desafío en la implementación de la paz

SEMANA: ¿El aumento del 23 por ciento en la deforestación revela, como se dijo en 2016, el “efecto del final del conflicto”? O ¿cómo explica esa cifra tan dramática?

LUIS GILBERTO MURILLO: Los casos que hemos estudiado de países que firman procesos de paz nos muestran que la deforestación aumenta en periodos de entre 4 a 5 años posteriores a los acuerdos, por cuenta de las nuevas ocupaciones de la tierra. El más cercano es Guatemala, por ejemplo. De todas maneras, la cifra de 2017 revela también la lucha contra la deforestación: el último año disminuyó en el Pacífico 15.535 hectáreas; en el Caribe, 8.854 hectáreas al igual que la región Andina donde la cifra disminuyó 8.861 hectáreas.

SEMANA: En el Amazonas se duplicó: pasó de 77.000 hectáreas en 2016 a 144.000 en 2017. ¿Qué pasó?

L.G.M.: Ya atendemos esta situación de manera especial. Los resultados llegarán a largo plazo principalmente por las causas que ya identificamos y que tienen que ver con usurpación de baldíos de la Nación por parte de manos criminales; desafíos en la implementación de los acuerdos de paz; orden público; cambio en las reglas locales de uso del suelo (presencia o ausencia de actores armados); flexibilidad de los procesos notariales para la compraventa de tierras; intereses especulativos sobre la tierra; programas que funcionan como incentivos perversos.

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SEMANA: Vamos por partes. La nueva amenaza parece ser que los criminales tumban bosque para acaparar tierra. ¿En qué consiste y qué tan grave es?

L.G.M.: Encontramos predios deforestados de entre 150 y 600 hectáreas en Guaviare, Caquetá y Meta. Tumbar una hectárea de bosque le cuesta a un campesino por lo menos un millón de pesos. Hablamos de costos de motosierra, combustible, etcétera, y, por ende, de 150 a 600 millones de pesos que puede llegar a costar talar los árboles de igual número de hectáreas. Sabemos que se trata de bandas con grandes capitales que contratan campesinos a jornal para talar y adueñarse de la tierra.

SEMANA: ¿Qué quiere decir con desafíos en la implementación de la paz?

L.G.M.: Que los campesinos vean rentable conservar. No solo los predios destinados a ganadería son ‘productivos’. Las entidades del sector agropecuario y de implementación del acuerdo de paz deben coordinar iniciativas en ese sentido. El Instituto Sinchi y Visión Amazonia adelantan ese tipo de proyectos.

SEMANA: ¿Cómo están cambiando las reglas en el uso del suelo y cómo afecta la flexibilidad de los procesos notariales en la compraventa de tierras?

L.G.M.: Muchos territorios son reservas forestales por Ley 2 de 1959, lo que significa que no pueden ser titulados porque son del Estado. De ahí que la Agencia Nacional de Tierras tuvo que emitir un acuerdo para poder usar áreas no adjudicables. En esa misma vía, la flexibilidad de los procesos notariales le apunta a formalizar lo que se está saneando porque muchos terrenos son baldíos de la Nación.

SEMANA: ¿Qué programas están funcionando como incentivos perversos contra los bosques?

L.G.M.: Entidades que le ofrecen a la gente la ganadería como alternativa productiva. Hemos acordado con varias de estas entidades que no se propicien estos temas.

SEMANA: De ese coctel, ¿qué se ha enfrentado con mayor énfasis y qué resultados hay?

L.G.M.: Los cultivos ilícitos y el acaparamiento de tierras se originan en economías ilegales propiciadas por capitales de dudoso origen o bandas criminales. Con fuerza pública, Gobernaciones, Alcaldías, autoridades ambientales y Fiscalía, a instancias de la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales (Cicod), creamos unidades regionales para controlar la deforestación en Caquetá, Guaviare, sur del Meta, Antioquia, sur de Bolívar y Chocó.

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SEMANA: Y en materia de cultivos ilícitos y fronteras agrícolas y ganadería, ¿que se está haciendo?

L.G.M.: Trabajamos con entidades ambientales y agropecuarias en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) para que la sustitución incorpore proyectos productivos sostenibles. De otro lado, con Minagricultura estamos definiendo la frontera agrícola, uno de los puntos de los acuerdo de paz. Así se detendrá la expansión de actividades agropecuarias en áreas de ecosistemas naturales. En el caso de la ganadería extensiva impulsamos procesos de reconversión ganadera, para mejorar la productividad por unidad de área.

SEMANA: ¿Qué se hizo en las zonas como el Chocó para disminuir la deforestación?

L.G.M.: En el norte del Chocó fortalecimos los consejos comunitarios y autoridades indígenas como beneficiarios de las autorizaciones de aprovechamiento forestal. A través de emprendimientos, ellos ahora tienen gobernabilidad sobre los bosques.

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SEMANA: Entre 2017 y 2018, al tiempo que disminuyó la deforestación en Atrato Medio aumentó en Nariño. ¿Hay nueva arremetida de la minería en el sur del país?

L.G.M.: Hemos visto que la principal causa de la pérdida de bosque en esa zona es la siembra de cultivos de uso ilícito.

SEMANA: Tinigua es uno de los parques nacionales naturales más afectados por incendios forestales y ganadería. ¿Cuál es la estrategia en los parques?

L.G.M.: Debemos estabilizar la frontera agrícola abierta y la gestión de acuerdos a nivel veredal y particular con cada uno de los ocupantes y sus familias. En Tinigua y parques vecinos las organizaciones criminales desarrollan una fuerte influencia porque aspiran a una mayor concentración de tierras. Se requiere rodear a Parques Nacionales con acciones de las entidades encargadas del control territorial.

SEMANA: No se menciona el tráfico de madera entre las grandes causas de la deforestación. ¿Disminuyó?

L.G.M.: Es quizás la menor de las causas de la deforestación actual. De todas maneras, desde abril opera el Salvoconducto Único Nacional en Línea que permite una única numeración y una capacidad de seguimiento a escala nacional de cualquier elemento de la biodiversidad que se movilice por carreteras o ríos. La Unión Europea nos ayudó a fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales y de las empresas forestales para que cada vez haya un mayor acercamiento a las condiciones de legalidad.

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SEMANA: Usted fue el último ministro de Ambiente que tuvo el país para la transición hacia la paz. ¿Qué le deja al próximo que llegue a enfrentar la deforestación?

L.G.M.: Dejamos la Estrategia Integral de Control de la Deforestación Bosques Territorio de Vida, que, como instrumento integral, relaciona los diferentes agentes y motores de la deforestación con las mejores oportunidades sectoriales que derivan en la toma de decisiones públicas responsables. Esto dinamiza la economía forestal y permite la existencia de bosques en los territorios ligados a los modelos económicos de las familias, las veredas y las regiones. Dentro de ellos, un sistema de monitoreo de bosques y carbono que tiene las mejores condiciones a escala de América Latina, lo que representa una fuente de información fiable para la toma de decisiones de los diferentes actores.

La deforestación en cifras

• 1.750 imágenes satelitales utilizó el Ideam para medir distribución y extensión de la cobertura boscosa y calcular la deforestación.
• 65,5 por ciento de la deforestación en 2017 corresponde al Amazonas.
• El Amazonas colombiano cuenta con más de 39 millones de hectáreas de bosque natural que equivalen al 66,6 por ciento del total nacional.12.000 hectáreas de bosques perdieron los parques nacionales naturales en 2017.
• El equivalente a la extensión de un parque como Tamá (Norte de Santander) o el Tayrona.
• 81 por ciento de la pérdida de bosque natural en 2017 se concentró en 6 departamentos: Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia, Putumayo y Santander.
• Caquetá concentró el mayor porcentaje por departamento (27,6 por ciento).
• 1 de cada 10 hectáreas deforestadas a nivel nacional está en resguardos indígenas.
• 6 millones de hectáreas de bosques perdió el país en los últimos 25 años.