"A veces digo cómo he aguantado dos años": presidenta de la JEP

María Jimena Duzán: Hablemos del caso de la famosa alias Mata Hari, Marilú Ramírez Baquero, que supuestamente hizo explotar el carro bomba en la Escuela Superior de Guerra. La JEP le otorga la amnistía y además niega el reconocimiento como víctimas a los militares afectados de la escuela. El expresidente Álvaro Uribe ha salido a decir que están totalmente en desacuerdo y que hay que liquidar a la JEP. ¿Usted qué opina de esto?

Patricia Linares: Le contestaría dos cosas. La primera, es que precisamente no puedo hablar sobre el tema, pero sí dar un poquito de contexto que creo que es importante para la opinión pública. Es decisión de primera instancia que adoptó la jurisdicción a través de la sala competente que es la Sala de Amnistía o Indulto a partir de las fuentes de derecho que le señala la propia Constitución, entre ellas el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Nacional e Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, etc. Somos un tribunal, un espacio judicial que siempre debe cumplir con sus tareas y con sus propósitos, atenidos al debido proceso, la seguridad jurídica y al principio de doble instancia. Esa decisión ha sido apelada tanto por el Ministerio Público como por el propio Ministerio de Defensa, que presentarán los argumentos que correspondan ante la Sección de Apelación, de la cual yo hago parte. Lo que quiero señalar con esto es que surtirá todo el procedimiento que ordena la Constitución y la ley con las garantías debidas y que la sección de apelación tomará la decisión que corresponda a partir de los argumentos presentados por quienes ya impugnaron esa decisión.

M.J.D.: El expresidente ha dicho en Twitter que para negar la amnistía puede decirse que la acción criminal contra la Escuela Superior de Guerra incluyó civiles en su objetivo y que fue fuera del combate. Pero hay que ir más allá, dice el expresidente Uribe, “no puede seguir la indulgencia de quienes atacan a las Fuerzas Armadas, no a la JEP”.

P.L.: Hace año y medio largo, tal vez en la primera entrevista que yo tuve oportunidad de tener con usted, debatíamos una serie de temas muy fuertes, en donde se cuestionaba de manera fuerte a la jurisdicción por motivos totalmente ajenos y diferentes a la operación judicial de la jurisdicción. Afortunadamente, creo yo, todas esas situaciones se han superado de manera positiva. La jurisdicción está funcionando al 100 por ciento.

M.J.D.: Hablamos de esa época, cuando estaba la investigación del juez Bermeo…

P.L.: Muchísimas cosas, tenemos una jurisdicción en pleno funcionamiento, con disposición de todos sus integrantes, los magistrados, funcionarios 24 horas al día consagrados a esta tarea. Yo solía decirles a mis colegas en aquella época: ‘En el momento en que lleguemos a que sea la opinión pública, los expertos, las víctimas, las que debatan nuestras decisiones, se debatan en los medios de comunicaciones creería que hemos llegado a buen puerto y habremos superado esos primeros obstáculos tan difíciles’. Estamos en ese momento, en que empieza a administrarse este modelo de justicia atípico, diferente, con el cual no está familiarizado ni el país ni el mundo, que genera muchas expectativas, reservas, preguntas y eso para mí es positivo. No se trata de un modelo que se ocupe de lo histórico, como puede ser el mandato de la Comisión de la Verdad, o como puede ser en España o en otros países del mundo.

Aquí estamos administrando justicia para miles de víctimas que están vivas reclamando sus derechos y participando activamente en los procesos y frente a comparecientes que están vivos, debiendo responder por los delitos que cometieron, contribuyendo de manera clara, nítida con la verdad. Es una justicia viva para víctimas vivas que están reclamando sus derechos. Estamos esperando decisiones judiciales que pueden encontrar controvertir en sede judicial, haciendo uso de los instrumentos que brinda el Estado Social de Derecho y yo creo que eso es positivo. Las críticas, las propuestas que se hacen en el ámbito político, incluso, en algún momento exacerbadas como siempre las recibimos con mucho respeto y tranquilidad. Nuestra tarea es seguir adelante, atendiendo las observaciones, las críticas, lo que dicen los observatorios de las universidades, los expertos, las víctimas y cumpliendo ante todo con el mandato que nos es propio.

M.J.D.: ¿Cuáles eran esos momentos tan difíciles? ¿Cree que cada vez que trabaja la JEP se enfrentan a nuevos desafíos?

P.L.: Cuando empieza la operación de la jurisdicción, si yo lo miro en retrospectiva y como siempre me puedo equivocar porque es el análisis que hago, hubo una serie de estrategias de deslegitimación, de desprestigio, que acudieron a una serie de circunstancias y argumentos que obviamente no correspondían a la operación propia de un organismo judicial, desde quiénes no nombraron, cómo nombraron, si éramos idóneos o no, si ganábamos o no mucho presupuesto, sí contratamos a contratamos a A o B. Por fortuna, todo en el marco del debate democrático y siempre nosotros, en plena disposición de responder y de dar cuentas.

M.J.D.: ¿Era sobre todo una pelea que tenían con el fiscal anterior, Néstor Humberto Martínez?

P.L.: Yo no hablo de peleas, eso me da tranquilidad de espíritu, hablo más bien de debates que pudieron llegar a ser muy fuertes, que jurídicamente fueron supremamente intensos y que propusieron quienes en su momento consideraron que debían y tenían la competencia para hacerlo. Pero lo demás, fueron resueltos por quienes deberían, en las instancias que correspondía. Por ejemplo, las objeciones, las propuso el señor presidente, consideraba que debía hacerlo; las analiza y debate de manera muy intensa el Congreso, toma una decisión; y de ahí surge un otro debate jurídico que resuelve, en definitiva, la Corte Constitucional y que concluye con la negación de las objeciones.

M.J.D.: Vuelvo y repito, hay un interés del expresidente y su partido en hacer una reforma de la JEP, ahora con esta decisión en primera instancia de Mata Hari que molesta mucho a las víctimas que estuvieron en ese día del bombazo en la escuela, ¿cree que con ayuda de Cambio Radical van a reabrir el debate sobre las objeciones?

P.L.: A mí no me corresponde inmiscuirme en debates políticos. Nosotros, ante todo, lo que debemos hacer es trabajar y avanzar en el cumplimiento de nuestras funciones y responder a ese clamor de las víctimas verdad, justicia y reparación. Yo creo que el país, la sociedad, las víctimas -ellas mismas me lo han manifestado- lo que quieren es que esto funcione y para eso se necesita que haya la suficiente tranquilidad y serenidad para poder aplicar el modelo como se ha venido aplicando, no obstante, las múltiples dificultades. Si a pesar  las dificultades que hemos tenido, hemos avanzado, teniendo hoy por hoy alrededor de 20.000 decisiones judiciales adoptadas. Controvertible o no, discutibles o no, objeto de análisis profundos. Imagínese si podemos hacerlo en un contexto de serenidad, respeto a la institucionalidad y a la Constitución. Entonces yo dejo que los políticos avancen en sus propuestas políticas.

Sin embargo, no le voy a decir que no me ocupo del tema. Había mucho rumor de que Cambio Radical iría a presentar una serie de propuestas en el marco del proyecto de reforma constitucional en la Justicia que presente al Gobierno, ya referidas concretamente a la JEP, y con todo respeto, tuve la oportunidad de hablar con el senador Germán Varón, una persona muy seria y que se ha ocupado de estudiar este modelo, y le pregunté y me autorizó a comentarlo, que el partido Cambio Radical no tiene ninguna intención ni compromiso con el Gobierno Nacional de incorporar ningún tipo de modificación a la JEP. Es más, me dijo que él era consciente de que cualquier cambio en esta perspectiva a la propuesta de reforma a la Justicia implicaría hacer mucho más complejo ese procedimiento, en lo que tiene que ver con la reforma constitucional a la Justicia.

M.J.D.: Usted dice que la JEP tiene que ver mucho con el sentir de las víctimas. Las Farc han ido varias veces a contar su verdad, en una ceremonia privada, pero se filtraron algunos pormenores de lo que dijeron. También me molestó mucho esa manera tan poco sincera de las Farc de aceptar que en el tema del secuestro, que era la primera aproximación a la verdad, había sido una cosa horrible. Eso produjo una carta de Íngrid Betancourt, diciendo prácticamente que es el colmo que sus victimarios se escudan incluso en el idioma, diciendo que fueron retenciones ilegales. ¿Cómo le explica usted a la gente que lo que está pasando en la JEP es positivo para el país?

P.L.: En la jurisdicción entendemos, porque además de funcionarios somos seres humanos que precisamente estamos en esta tarea de dimensionar el alcance de lo que significa una guerra tan cruenta y prolongada. Entendemos perfectamente los sentimientos de indignación, frustración que puedan tener las víctimas frente a la filtración que tuvieron de esas versiones colectivas e individuales, que en un caso concreto que es el de secuestro, presentaron los integrantes de las Farc. Debo aclarar que es la versión de ellos, en el marco de un proceso judicial a ellos se los convoca, hay una serie de etapas dentro del proceso. Este caso tiene como punto de partida el informe que en su momento presentó la Fiscalía General de la Nación. Ese informe se llama “Retención ilegal de personas por parte de las Farc”, la Fiscalía lo tituló así, porque eso que nosotros sabemos que obviamente son secuestros, tiene una multiplicidad de denominaciones técnicas y jurídicas. Entonces tiene el informe de la Fiscalía, siete informes de las víctimas, miles de observaciones, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, informes de universidades, en fin, cientos de informes con los cuales la Sala prepara el caso. Esa es una etapa, avoca conocimiento, prepara el caso, diseña el caso, traslada toda esa información a comparecientes y a víctimas.

Luego esos comparecientes, teniendo en cuenta toda esa información, precisamente convocándolos a que cumplan con su deber fundamental, que es decir la verdad completa, ellos presentan versiones individuales y versiones y colectivas. Las Farc acuden a esa denominación (retenciones ilegales), pero esa no es la calificación de la JEP, que es la que se va a imponer, se dará en el momento que corresponda. Ahora, esa es la versión de las Farc se va a contrastar con toda esta información que le comento y con las observaciones de la doctora Íngrid Betancourt y de 272 víctimas de ese mismo caso, que han manifestado también observaciones.

Pero además, después de que hacen ese análisis de las observaciones, de las versiones, la sala cita unas audiencias con víctimas donde van a poder expresar eso que han dicho y más. Esas audiencias van a ser transmitidas. Esa información se trasladan a los comparecientes para brindarles otra oportunidad de decir toda la verdad. El pilar de este modelo de justicia transicional y restaurativa es que digan la verdad y toda la verdad. Nosotros creemos, e incluso ya lo consignamos en una decisión de la sección de apelación, que hay una mala interpretación de los comparecientes y de sus asesores jurídicos a la hora de confrontarse con la aplicación del modelo.

M.J.D.: ¿Por qué?

P.L.: Porque en la justicia ordinaria, generalmente su abogado le dice al cliente: ‘usted no diga nada, porque quien tiene la carga de la prueba es el Estado’. En este modelo de justicia que nosotros administramos es todo lo contrario. Usted puede tener acceso a una serie de beneficios, a una serie de sanciones que no implican privación de la libertad, en la medida en que usted diga la verdad. Pero si no lo hace, o se tarda en decir, no solo se expone a la pérdida de beneficios, sino incluso a la salida del sistema. Entonces, en una decisión de la Sección de Apelación, decidimos pedirle a la Secretaría Ejecutiva que administra el sistema de defensa de los comparecientes que son elegidos por ellos, que los convoque a una especie de capacitación para justicia transicional, para que retomen el fundamento.

M.J.D.: ¿Usted leyó la carta de Íngrid Betancourt, es impactante?

P.L.: Sí. A mí me gusta salir a caminar en la jurisdicción donde se atiende a las personas que vienen a hacer consultas, uno habla con las personas y confrontarse con esa indignación, con esa frustración humanamente es muy fuerte. ¿Qué le puedo decir a la gente? Estamos en el marco de un tribunal conformado por personas idóneas, con doble instancia, con debido proceso. Confíen en nosotros. Es un tema difícil, vamos cumpliendo las distintas etapas porque estamos en sede judicial. Nosotros no podemos de un momento a otro tomar una decisión emotiva. Estamos en la etapa de observaciones, luego vamos a audiencia con víctimas. Se traslada toda esa información y seguirá ese proceso.

M.J.D.: ¿Ese proceso cuánto se demora?

P.L.: Esa es una ruta que fija la sala de reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Ese caso es el caso 01 que tiene previsto para este año avanzar incluso a resolución de conclusiones, en lo posible. Además de la doctora Íngrid Betancourt, 272 víctimas, de las 1957 acreditadas hasta ahora, presentaron observaciones. En la audiencia pueden presentar más y todas deben ser consideradas.

M.J.D.: ¿La mayoría de las víctimas están tan molestas como Íngrid?

P.L.: No sé decirle, le doy datos objetivos: hay 272 observaciones presentadas por las víctimas.

M.J.D.: ¿No hay por parte de las propias Farc una falta de decisión de hacer realmente el trabajo que tienen que hacer? Volver a oír lo que las Farc siempre he dicho en términos de secuestro es frustrante en términos de la verdad que está en capacidad de dar las Farc.

P.L.: No solo es frustrante, sino que no cumpliría con el propósito fundamental del sistema y de la jurisdicción. La verdad que vienen a dar los comparecientes implica una verdad que dignifique, la cual trasciende la justificación y el discurso político.

M.J.D.: Los militares tienen un régimen especial, porque se pactó en el acuerdo de paz, pero también hay un descontento sobre todo con los altos mandos. Da la impresión de que son los bajos mandos los que han contado la verdad, los coroneles, los cabos. Cuando comparece alguien como el general Montoya, diciendo sobre los falsos positivos, que era que los soldados eran ignorantes y no sabían cómo hacer las cosas. ¿Qué les dice a esas víctimas del Estado?

P.L.: Esto lo que muestra es que la operación de la jurisdicción avanza de manera importante. La apertura a una verdad tan dolorosa siempre va a ser eso, dolorosa, frustrante para unos, angustiante para otros, insuficientes para muchos. Los militares son tienen un trato diferente, porque mientras las Farc era una estructura ilegal que atentaba contra el Estado y que se desmoviliza como estructura bajo el compromiso de sometimiento a una justicia dentro del Estado, los miembros de la fuerza pública son una estructura propia de la democracia que hace parte de nuestra Constitución.

Entonces, una cosa son las Farc y obviamente otra esos miembros de la fuerza pública que en desarrollo de sus funciones dieron un paso más allá de la legalidad y tienen que responder por los delitos, ahí sí, bajo la premisa de decir la verdad. ¿Cuál es el punto que yo creo que a veces debemos aclarar? El hecho de someterse a la jurisdicción, no necesariamente lleva a la obligación de admitir la responsabilidad. A mí me lo dijo alguien así: Yo tengo tanta verdad que voy a demostrar que soy inocente. Pueden venir sin admitir responsabilidad.

M.J.D.: Muchos analistas dicen que es como un saludo a la bandera, que la verdad de los militares nunca va a llegar a la JEP…

P.L.: Tenemos los informes de víctimas hablando, los mismos compañeros de mayor grado o menor grado, diciendo esto pasó así y eso es lo que se contrasta. Además de múltiples investigaciones en la justicia ordinaria, informes de organismos internacionales, de organizaciones de víctimas. Esto se contrasta. Esto no se agota ni en la versión de uno ni en la versión de otro. Ese es el trabajo nuestro, es construir ese relato. Es complejo. A partir de esas distintas versiones, para llegar al relato verdadero en donde yo voy a poder, seguramente en algún caso, decirle a este señor: ‘Eso que usted vino a decir acá es absolutamente mentira. Luego usted pierde aquí todos sus beneficios y se va a la sede adversarial a asumir una condena que puede llegar a los 20 años o incluso quedar fuera del sistema’. Es un trabajo difícil, de cotejo, de organización, de información, de generación, diseño de matrices, de establecer patrones de criminalidad, hacer estudios de georreferenciación, llegar al núcleo de qué pasó, por qué pasó, quién lo determinó.

M.J.D.: Los paramilitares tienen su sistema de justicia y paz. Sin embargo, hay unas decisiones de ustedes muy claras en donde están de alguna manera abriéndole la puerta a los paramilitares. ¿Qué está pasando con paramilitares y qué está pasando con esos terceros, y si son los mismos o no?

P.L.: En el acuerdo final y en las normas que posteriormente lo desarrollaron queda absolutamente claro que los paramilitares no son sujetos de la JEP, que ellos tienen su juez natural en la justicia ordinaria y concretamente en justicia y paz. No obstante, el mismo acuerdo establece que aquellos que participaron como financiadores, promotores de grupos armados y demás, pueden eventualmente bajo presupuestos muy concretos acceder a la JEP en esa calidad.

M.J.D.: Como Mancuso…

P. L.: Debo reiterarle que yo no puedo hablar de casos. Lo que pasa es que en algunos casos esas personas vienen a la jurisdicción manifestando que trascendiendo esa condición fueron financiadores de la guerra o contribuyeron auspiciando grupos armados. Lo que se ha dicho acá es que cumpliendo requisitos especialmente estrictos se puede considerar el acceso condicionado al aporte a la verdad, que es el pilar fundamental del modelo. Eso es lo que se analiza a través de niveles de intensidad, hay un nivel para considerar el acceso y el sometimiento, un nivel más alto para considerar la posibilidad de beneficios tempranos, y así va subiendo el nivel de exigencia hasta que se comprometa esa persona con un plan de aporte a la verdad verificable, exhaustivo, que se examina de manera muy rigurosa por parte de la jurisdicción.

En lo que tiene que ver con los terceros. Usted tal vez recuerda que en el diseño inicial de este modelo los terceros eran comparecientes, pero la Corte Constitucional dijo que no, porque ellos no participaron en la negociación, como sí lo hicieron las Farc. Ellos tienen su juez natural en la justicia ordinaria, pero si quieren pueden ir voluntariamente. Eso no había pasado, entre otras cosas porque para poderse dar ese trámite de ingreso, de sometimiento voluntario de los terceros, necesitábamos la ley estatutaria. Una vez se sancionó la ley estatutaria, empieza a correr un término para que esos terceros voluntariamente se sometan o manifiesten su intención de someterse a la jurisdicción. Ese plazo venció en septiembre del año pasado y son aproximadamente poco menos de 1.000 personas que se someten en esa calidad de terceros.

M.J.D.: Todo el mundo decía cuando se estaba estudiando esto que no iba a haber nadie que quisiera ir a la JEP, pero hay 1.000…

P.L.: Sí, está a cargo en primera instancia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que tiene esa competencia. Ellos ya tienen una metodología diseñada para analizar esas novecientas y pico de solicitudes de terceros y definir a quiénes acepta el sometimiento. No basta con decir yo voy a decir la verdad de mi región. No, ellos tienen que decir, por ejemplo: ‘Yo voy a hablar de cómo se contribuyó a la conformación de tales grupos criminales, cómo actuaron, cuántas masacres cometieron, en dónde están los cadáveres, si hubo o no violencia sexual. Y eso es verificable, a partir de la información que nosotros hemos recopilando.

M.J.D.: ¿Todavía ningún paramilitar ha sido aceptado en la JEP?

P.L.: No, hay algunas de las decisiones que tienen que ver más con lo que la gente conoce como parapolíticos.

M.J.D.: Frente al tema de parapolíticos la Fiscalía ha dicho que están usurpando sus funciones. ¿Qué dice usted sobre esas críticas?

P.L.: Lo que le puedo decir es que nosotros hemos aceptado funcionarios públicos, no miembros de la fuerza pública, que es una categoría que puede ser sujeto de la jurisdicción. ¿Quiénes pueden ser ellos? Alcaldes, gobernadores, congresistas, que son los que en el argot popular en muchas ocasiones denominan parapolíticos. Ellos vienen y voluntariamente manifiestan la intención de someterse a la jurisdicción, se analiza si los delitos por los que ellos quieren someterse tienen relación con el conflicto, directa o indirectamente, porque así lo establece la Constitución y la ley. Si se trata de delitos cometidos antes del primero de diciembre de 2016 y si el compromiso claro, concreto, detallado de verdad que ofrecen, exhaustiva y comprobable, amerita que ellos sean aceptados. Entonces nosotros estamos trabajando sobre unas categorías que son las que están previstas en la Constitución y en la ley. ¿Que se impulsan conflictos de competencia como el que usted menciona? Sí, eso es normal en una jurisdicción que apenas empieza su operación. Hay dudas, la Fiscalía acude a quien debe resolver que es la Corte Constitucional. Le puedo contar que hemos conversado con el nuevo fiscal, con el doctor Barbosa, y él me dice presidenta, intentemos armar unas mesas de trabajo en donde podamos conversar jurídicamente, analicemos el alcance de unas y otras, y a lo mejor evitemos el conflicto de competencias que, yo entiendo que para la gente si se llama conflicto de competencias es como una pelea, pero no, es un debate jurídico que no pueden resolver las partes. Pero yo estoy muy optimista con la relación que me propone la actual fiscal. Creo que esta semana vamos a avanzar en conformar esa mesa de trabajo.

M.J.D.: Esa es una muy buena noticia, pasaron de una relación ríspida, por decirlo menos, con el fiscal anterior, una no tan buena con el fiscal encargado, a una muy buena relación con Barbosa. ¿El día que fue elegido él habló con usted?

P.L.: Sí, muy gentilmente habló conmigo el día que fue elegido. Fue un jueves. El lunes nos visitó a todos. Incluso ese día, casualmente, estábamos en plenaria y lo recibimos. Tuvimos la oportunidad de tener una conversación fluida y todo se reduce a una frase: cumplamos la Constitución.

M.J.D.: ¿Creen que ese es un gran logro institucional? ¿Ustedes sintieron que el anterior fiscal fue realmente un enemigo de la JEP?

P.L.: Yo no incursiono en esas calificaciones. Cuando tengo frente a mí a una persona, tengo un funcionario público de quien yo presumo buena fe y el cumplimiento estricto de su deber, que surgen interpretaciones diferentes, sí. Que cada uno trata de exponer los argumentos que sostienen su posición pretendiendo convencer al otro, también. Con algunas personas es más fácil, con otras es menos. Pero si se abren los espacios a una conversación fluida, respetuosa de la autonomía y de la independencia de unos y otros, y ante todo, como le digo, respetuosa de la Constitución, estoy segura que la operación, no solo de la jurisdicción sino del país, va a ser mucho mejor.

M.J.D.: Las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, apoyadas también por el anterior fiscal, causaron problemas en las relaciones institucionales, ¿cree que eso no la va a pasar?

P.L.: Lo que yo he conversado con el doctor Barbosa es lo que esperaría de cualquier funcionario público que se suple a la Constitución y a la ley, y es debatir entre nosotros los temas que haya que debatir o acudir a la instancia que haya que acudir, si no tenemos una interpretación unificada.

M.J.D.: ¿Eso nunca lo pudieron hacer con Néstor Humberto Martínez?

P.L.: Nosotros acudimos a las instancias que correspondían y él hizo lo propio.

M.J.D.: ¿Usted cree que la sociedad colombiana está lista para decir la verdad de lo que nos pasó?

P.L.: Le voy a contestar lo que yo siento, más desde lo emotivo, me voy a apartar un poco de lo jurídico. Si logramos sobrevivir a la verdad que vivimos, ¿por qué vamos a decir que no estamos preparados para recordarla en perspectiva de no repetirla? Si las víctimas han tenido la fortaleza para sobrevivir al horror de las actuaciones más degradantes, cómo no vamos a ser capaces de recordarlo para dignificarlas y para no repetir. Esa no puede ser una excusa.

M.J.D.: ¿Qué le dice a la gente que piensa que la JEP es todavía una especie de creación del castrochavismo, lavarles las culpas a las Farc y para de alguna manera servir de instrumento ideológico?

P.L.: Yo le diría dos cosas. Primero, que no puede ser gratuito, y lo digo también con humildad, que el mundo entero reconozca esta jurisdicción como un modelo que observan con mucha atención porque lo entienden como un posible referente en la medida en que le permitan funcionar. Eso no es gratuito, eso no basta con que un gobierno X o Y haya hecho lobby para que lo respalden o no. Llevo dos años largos al frente de la presidencia, semanalmente recibo embajadores. El último que recibí precisamente fue el embajador de los Estados Unidos que vino a presentar un saludo a la JEP. Estuvimos hablando hora y media y manifestó su respaldo al proceso de paz.

Eso no puede ser gratuito y yo llamaría a que escuchen, por ejemplo, los comentarios, las observaciones, quienes tengan tiempo y les interese, lean los documentos sobre qué es esta jurisdicción y por qué es tan importante no solo para Colombia como una oportunidad única, sino para el mundo. Gente de El Salvador, España, Guatemala, que vienen a observar qué estamos haciendo, porque ellos, que han tenido procesos similares, no logran cerrar el conflicto porque no tuvieron componente de justicia. Amnistía sin justicia.

Y lo otro que le diría, porque eso llega a ser tal vez lo que a mí personalmente me soporta más es que hablen con los hijos, con los más jóvenes. Ayer estaba en algún restaurante tratando con alguien un tema difícil. Estaba un poco inquieta y casi molesta no con la persona, sino con el tema, y yo me paré con esa sensación como de que empecé mal el día me molesté y al pararme habían dos muchachos jovencitos de unos 20 años. Me arreglaron el día.

M.J.D.: ¿Qué le dijeron?

P.L.: De todo. Me dijeron: ‘siga adelante, son la esperanza, los admiramos, estamos con ustedes, no pueden permitir que nos mantengan en esta guerra absurda. Y siempre me piden fotos. Yo no tengo hijos, entonces oigo mucho que hay queja de que no hay diálogo entre los padres y los hijos. ¿Será que no hablan de estos temas? Gente que es supremamente dura con el tema y va uno a universidades, que uno diría pronto allá mejor que no voy, no, la gente de menos de 30 años, especialmente, es gente que está añorando la paz de este país y que está dispuesta a luchar por este país. Esa gente, las mujeres, porque también han llevado la carga más dura de la guerra, también es otro segmento de la población que a mí me anima muchísimo, que me dicen: ‘ustedes no pueden dejarse vencer. No pueden claudicar. Se metieron y nos tienen que ayudar a salir de esto. Entonces es cuando uno está triste o afectado, porque hay momentos muy fuertes. A veces digo cómo he aguantado dos años.

M.J.D.: ¿Ha aguantado por la gente joven?

P.L.: Ellos me animan mucho. Tengo cartas, videos, mensajes. Ir a las universidades es muy alentador. Los sábados voy a hacer compras a un centro comercial. Las mujeres, especialmente, me dicen sigan adelante. Yo no creo que eso sea gratuito o no, eso no es casualidad. Los políticos hacen su trabajo. Yo me he reconciliado un poco con ese mundo, se lo confieso porque me he encontrado especialmente con políticos jóvenes de todos los partidos que están dispuestos no a apoyar a secas el proceso de paz y a la jurisdicción, sino con argumentos. Yo me siento con ellos acá y me dicen. En aquella época me decían mi partido no apoya las objeciones, pero yo quiero saber por qué, quiero que usted me explique una por una. Como cualquier ciudadano, de pronto tenía esa imagen de un Congreso vago que no hace nada. Yo me he encontrado con otro Congreso, con debates fuertes, con posiciones distantes, pero eso es lo que hace la democracia.

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