EPM está en deuda con las comunidades: Fernando Carrillo

La Procuraduría General de la Nación le ha puesto los ojos encima a EPM y a Hidroituango por presuntas irregularidades en la contratación de obras y en la atención a la crisis en la que entró el proyecto hace 10 meses y que tienen en vilo a miles de personas del bajo Cauca antioqueño. Por tal motivo, el ente realizó este jueves una audiencia pública en la que participaron las comunidades afectadas, académicos, autoridades y el propio EPM. SEMANA habló con el procurador Fernando Carrillo sobre el panorama de la crisis ingenieril más grande de los últimos años en Colombia.

SEMANA: ¿Cómo estuvo la audiencia? Era la primera vez que EPM se enfrentaba a sus afectados.

Fernando Carrillo: Al comienzo fue muy dura. Repartimos la jornada en cuatro segmentos, hablaron en total 45 personas. Fue muy plural. Arrancamos con las comunidades que básicamente eran Ríos Vivos y particulares que no pertenecen a esa organización; había voces de damnificados de todos los municipios del Bajo Cauca. Eso fue muy duro contra EPM. Después hablaron los académicos y expertos, llevamos a profesores de los Andes, la Nacional, profesionales de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, estaban todos los que saben del tema. Por la tarde estuvieron todas las autoridades, ministro Ambiente, ministra de Minas, IDEAM, directora de la ANLA, el director de la Unidad de Riesgo y, por supuesto, Jorge Londoño, el gerente de EPM. Después estuvimos la Contraloría y yo concluí. También nos acompañaron los cuatro gobernadores con quien vamos a interponer una acción popular contra EPM e Hidroituango para lograr unas medidas cautelares preventivas de defensa de derechos de los afectados, las 17 mil personas que en primer lugar resultaron afectadas por el desastre ambiental y eventualmente futuros afectaos, porque este desastre puede tocar municipios de Sucre, Córdoba y Bolívar.

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SEMANA: ¿En qué consiste la acción popular?

F.C.: “La acción popular es tan importante que fue el mecanismo con el que nosotros logramos que el Tribunal Administrativo le metiera una indemnización a Odebrecth por 230 millones de dólares. Es un mecanismo de defensa de derechos colectivos y se la vamos a presentar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el propósito es que mediante una orden judicial y una medida cautelar se den órdenes para que quien causó el daño, violentó derechos individuales o colectivos, de ahí en adelante se abstenga de hacerlo y se le dan ordenes en materia de derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la integridad personal. También se pueden disponer alertas tempranas frente a deslizamientos, inundaciones y sequías.

SEMANA: ¿Esto obligaría a EPM a tomar qué decisiones?

F.C.: Los obliga a tener un plan de acción imperativo, determinado por un juez, en donde tienen que determinar ante las cortes cómo van a atender a las comunidades afectadas. Mi conclusión de la audiencia, en la intervinieron doce representantes de las comunidades, es que EPM le ha incumplido a la gente, todos coincidieron que habían incumplimientos. Eso fue la letanía de los incumplimientos por parte de los miembros de las comunidades, y el propio Londoño reconoció en su momento que había mucho por hacer. Yo lo que concluí, es que estamos en deuda con las comunidades. Que se han hecho cosas, pero no se ha hecho todo lo que sea necesario ni para el restablecimiento de derechos de los afectados, ni para el restablecimiento y la normalidad de río Cauca. Porque varios de los científicos dijeron que el río nunca va a ser el mismo, que el golpe que se le dio a la calidad del agua, al ecosistema y al cauce fue tan grande que la modificación fue radical. Eso implica un daño que hay que reparar. Tenemos dos derechos violentados: los derechos colectivos al medio ambiente y a las comunidades ribereñas, y los derechos individuales de cada persona en las poblaciones afectadas.

SEMANA: EPM anunció que este viernes se conocerá el estudio causa-raíz, que fue contratado por ellos, ¿es confiable?

F.C.: Yo dije en la audiencia dos cosas de eso. Lo primero es que lo ideal de un estudio de esa naturaleza es que sea ideado por una agente completamente independiente y no pagado por quien está involucrado, en este caso lo pagó EPM. Y lo segundo, tiene que haber total transparencia en la presentación de este informe. Pedí transparencia absoluta en todos los documentos, porque hay unos documentos que incluso por seguridad ellos no quisieron entregar en su momento. Yo les dije a las comunidades que tenían todo el derecho a informarse, que EPM debe contar a la gente qué dice el informe. EPM habla de ese informe como si fuera la Biblia. Lo ideal es que eso lo hubiera hecho un ente independiente, una comisión de investigación, para que haya absoluta confianza. El 60 por ciento de los científicos siguen con todas las inquietudes.

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SEMANA: Y esos científicos mostraron duda importantes…

F.C.: Sí, como ese tema del licenciamiento ambiental del tercer túnel, que se dio a posteriori; la licencia la entregaron cuando la obra ya estaba al 80 por ciento de avance. Los técnicos sostuvieron que los planos del diseño no corresponden a lo construido y que se tomaron decisiones unilaterales desconociendo la presencia de autoridades nacionales, la existencia de un Puesto de Mando Unificado. Las comunidades deben estar en una mesa de trabajo, en una instancia de diálogo social.

SEMANA: ¿Ese túnel sin licencia da para una investigación?

F.C.: Eso tiene consecuencias disciplinarias, pero yo no puedo opinar en esos casos. Ahí hay sanción disciplinaria, claro.

SEMANA: ¿En qué se están concentrando ustedes?

F.C.: Son dos grandes investigaciones. Una por lo contractual, que es examinar todo el tipo de irregularidades en la contratación de las obras. Por otro lado está el daño ambiental, desde el año pasado nosotros solicitamos garantías de seguridad para 17 mil personas afectadas. En la emergencia de este año, hubo 120 mil afectados de 20 municipios, cerca de 100 mil peces muertos y 48 toneladas en pérdidas de material vegetal.

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SEMANA: ¿Investigarán la relación de EPM con el GEA y empresas como Conconcreto?

F.C.: Eso es algo que se menciona mucho en Antioquia, pero el GEA es una entelequia, no existe con una personería jurídica, por ejemplo. En el caso de Conconcreto y otras empresas, sí se puede investigar un conflicto de intereses, además de la llamada puerta giratoria para funcionarios de una empresa pública a una privada, que ahí no hemos entrado todavía, pero no podemos descartar que haya algo; el caso de Juan Esteban Calle, que pasó de EPM a Argos siendo la privada contratista de la pública, es un buen ejemplo, pero aún no estamos en eso, pero no es descartable que lleguemos allá.