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| 2/12/2006 12:00:00 AM

Espada de Damocles

Las nuevas normas sobre el equilibrio informativo durante las campañas pueden afectar gravemente la libertad de prensa.

Espada de Damocles El Presidente siempre tiene más atención de los medios que los demás candidatos, porque es noticia permanente. Esta desigualdad no se corrige con una norma. Los controles impuestos a los medios que usan el espacio electromagnético (radio y televisión), por parte del Congreso y de la Corte Constitucional,pueden crear más problemas de los que pretenden resolver.
No resulta fácil explicar por qué una entrevista de Darío Arizmendi al presidente Álvaro Uribe, el martes pasado en Radio Caracol, desató semejante tormenta. En cuestión de horas, precandidatos y observadores señalaron que se había violado la ley de garantías electorales. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía, se apresuró a descalificar la entrevista y tuvo que rectificar. El organismo, sin embargo, abrió una investigación contra la cadena. Y entidades gremiales como Asomedios y el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), publicaron duras declaraciones sobre las consecuencias contra la libertad de información de la ley aprobada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional. El debate tuvo visos de tempestad en un vaso de agua. Uribe, como Presidente, les ha dado a las entrevistas radiales una prioridad en su política de comunicación masiva. Prefiere este medio, sobre la televisión y la prensa, porque no lo pueden editar y le dan tiempo para exponer sus opiniones. En las últimas semanas estuvo también en Todelar, Melodía, Colmundo, Radio Santa Fe, y en emisoras de Risaralda, Guaviare y Santander. En la oficina de prensa de la Casa de Nariño hay más de 20 solicitudes adicionales -desde la entrevista a Caracol se intensificaron los pedidos-, y frente a ellas el Presidente no ha dado ninguna instrucción diferente a la que dio desde el comienzo del gobierno: evacuarlas en la medida en que haya tiempo. Que el Presidente dé una entrevista, en consecuencia, no tiene nada de excepcional. Y que un medio la publique, mucho menos: raro e inexplicable sería lo contrario. La tormenta es precipitada, además, porque desde el punto de vista legal todavía no hay candidatos. Las inscripciones -incluida la del presidente Uribe- se prevén para finales de enero. La polémica de la semana pasada se debe a las sensibilidades que despierta la figura del Presidente-candidato y a errores que se cometieron en varias instancias durante la aprobación de la ley de garantías electorales. Uribe está en un limbo que durará dos meses. No es candidato y, por consiguiente, no puede hacer campaña, pero desde ahora se le aplican las restricciones previstas por la ley para limitar el desequilibrio que le da, a su favor, la investidura del cargo. La falta de experiencia del país con la reelección está convirtiendo las reglas de juego de la campaña en el gran tema, y está dejando de lado la discusión sobre los problemas nacionales. La sensibilidad de la oposición también amenaza con convertir cada cosa que el Presidente haga o deje de hacer en una nueva controversia. Y a este paso, de denuncia en denuncia llegará el día de las elecciones sin que los votantes se enteren de lo que piensan los candidatos. El Presidente tampoco ayuda. Carlos Holguín le había aconsejado "que se quedara mudo" hasta la inscripción de su candidatura, para evitar malos entendidos. Pero Uribe es un político de sangre caliente a quien no le resulta fácil bajar el ritmo de trabajo y de contacto con la gente. Una cosa es no aprovecharse de la condición de Presidente para hacer campaña y otra, muy distinta, dejar de ser Presidente. Por eso ha seguido con prácticas que les paran los pelos a sus rivales, como repartir subsidios, asistir a funerales, imponerle la medalla a María Luisa Calle, anunciar ayudas estatales a los damnificados del TLC, y con sus entrevistas radiales. Eventos que demuestran que el desequilibrio que existe entre un Presidente que es noticia a diario, y los demás competidores, no se corrige con una simple norma. El problema no es sólo de Colombia: el viernes pasado, el presidente de Brasil, Lula da Silva, fue multado con 22.000 dólares, por anticiparse a hacer campaña. El debate, sin embargo, puso al descubierto la debilidad de la legislación aprobada por el Congreso y por la Corte. En lo que se refiere a los medios de comunicación hay un exceso de controles. Y la experiencia demuestra que cuando a algún ente del Estado se le otorgan facultades para revisar los contenidos periodísticos, el remedio resulta peor que la enfermedad. La ley de garantías y las modificaciones que le hizo la Corte crean confusión, establecen censura para la publicación de encuestas y enredan las condiciones bajo las cuales se garantiza el equilibrio informativo entre las campañas presidenciales y se puede apelar al derecho de réplica. Crearon una maraña jurídica que inevitablemente reproducirá, en los meses que faltan antes de las elecciones, interminables controversias. El Congreso cometió el primer pecado. La ley fue aprobada a las carreras por una alianza de las bancadas gobiernista y el Polo Democrático. Al primero le interesaba que no faltara la reglamentación de la reelección para no poner en peligro esta figura. El segundo contribuyó a la aprobación con el argumento de que las reglas electorales se deben definir por consenso, y por la atracción de la financiación estatal. Y el oficialismo liberal no votó, pero de su seno vino la redacción del controvertido artículo 25, que fue el que desató la borrasca la semana pasada. La Corte también se equivocó. Aunque tumbó otras 'perlas' que había emanado del legislativo sobre prohibiciones y controles al contenido periodístico -la prohibición de la propaganda negativa, por ejemplo-, cambió en general su actitud sobre el artículo 20 de la Carta, que establece, a la vez, que "los medios tienen responsabilidad social" y que "no habrá censura". En varias ocasiones, la Corte le había dado más importancia a lo segundo: había frenado un intento para prohibir las encuestas, incluido en la Ley de Partidos; había tumbado la 'Ley Marta Catalina', número 335 de 1996, que obligaba a los noticieros a presentar informes sobre el tiempo que le dedicaban a cada candidato; y en 1996 rechazó una tutela que buscaba obligar a CM& y a QAP a invitar a Antonio Navarro a los debates que hicieron entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana. La Corte de ahora se fue más por el lado de "la responsabilidad social". Aceptó el veto a las encuestas en la semana anterior a las elecciones, y el artículo 25, que establece que los informativos de radio y televisión (que utilizan el espacio electromagnético) deben informar semanalmente al Consejo Nacional Electoral el tiempo que le han dado a cada aspirante presidencial. El CNE debe informarle a la opinión pública el resultado de estos reportes y, cuando lo considere necesario, acordar con el medio medidas para asegurar el equilibrio informativo. Los nueve magistrados (con dos salvamentos de voto, de Jaime Araújo y Alfredo Beltrán) agregaron que el equilibrio informativo se debe dar "no exclusivamente en términos cuantitativos, sino cualitativos, es decir, en términos del contenido de la información que se presenta". La norma no habla explícitamente de 'milimetría' (que cada candidato reciba el mismo tiempo, lo cual atenta contra el criterio periodístico), pero la fomenta cuando obliga a la presentación de informes precisamente sobre 'lo cuantitativo' (cantidad de tiempo). Y le abre la puerta a la intromisión del CNE en los contenidos de noticieros e informativos. Más allá del peligro que esto implica para la libertad de información, la confusa ley pone en manos de magistrados que no tienen conocimientos periodísticos, y que representan a los partidos políticos, la potestad de buscar acuerdos con los medios, sin definiciones sobre conceptos tan sensibles como equilibrio informativo y contenido de la información. Varios medios de comunicación pusieron en marcha iniciativas para disminuir el daño que podría hacer esta norma. RCN, Caracol y CM& presentaron ante el CNE un recurso de petición, que solicita información sobre los criterios con los que manejará su función. Hernando Corral, director de Ahora, presentó una tutela. El ex ministro Fernando Londoño, en su programa radial, anunció que no presentará informes ante el CNE. La salida no es fácil. Las normas ya están aprobadas. Y la experiencia demuestra que lo que mejor funciona es la adopción de criterios en forma libre y autónoma por parte de los medios. Los lectores y las audiencias cada vez exigen más equilibrio, exactitud y profundidad. Y el periodismo más exitoso es el que se sintoniza con estas exigencias.

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