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Desde la firma del acuerdo de paz, 224 exguerrilleros han sido asesinados, y se han presentado 20 desapariciones forzadas, además de 53 atentados de muerte fallidos. Estas son las cinco problemáticas clave que enfrenta el proceso de paz en Colombia, de acuerdo al informe de verificación.
Desde la firma del acuerdo de paz, 224 exguerrilleros han sido asesinados, y se han presentado 20 desapariciones forzadas, además de 53 atentados de muerte fallidos. Estas son las cinco problemáticas clave que enfrenta el proceso de paz en Colombia, de acuerdo al informe de verificación. | Foto: Jorge Restrepo

Justicia

Este año van 50 excombatientes y 48 líderes sociales asesinados: Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Desde la firma del Acuerdo de Paz, 224 exguerrilleros han sido asesinados y se han presentado 20 desapariciones forzadas, además de 53 atentados de muerte fallidos. Estas son las cinco problemáticas clave que enfrenta el proceso de paz en Colombia, de acuerdo con el informe de verificación.

14 de octubre de 2020

El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó el más reciente informe de la Misión de Verificación del proceso de paz, que abarca el periodo trimestral del 27 de junio al 25 de septiembre de 2020. Se trata del más autorizado corte de cuentas a los compromisos, logros y dificultades que entraña el Acuerdo Final de Paz firmado por el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.

El informe está cargado de datos interesantes que permiten revisar el estado del proceso a cuatro años de la firma y con especial énfasis respecto a lo ocurrido en los meses recientes. Estas son las cinco problemáticas más delicadas que revela el diagnóstico de la Misión de Verificación:

1. Las masacres persisten

El informe señala que a pesar de una disminución en las tasas nacionales de homicidio en el primer semestre, la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto continúa. La ONU condenó las masacres que se han dado –y que continúan presentándose– en diferentes departamentos en los últimos meses y que han incluido el asesinato de niños y jóvenes. El informe hace referencia a 42 casos verificados por la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lo corrido del año y otros 13 en proceso de verificación. Además, se han verificado un total de 48 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos este año, incluidos nueve de comunidades étnicas y cinco mujeres.

Estos crímenes suelen ocurrir principalmente en zonas con escasa presencia estatal, altos niveles de pobreza, economías ilícitas y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Adicionalmente, varias de las áreas donde ocurrieron fueron objeto de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, por lo cual la ONU insta a todos los actores institucionales a que trabajen de manera coordinada a fin de responder a los riesgos identificados para actuar en prevención de las masacres.

2. Van casi 300 atentados de muerte contra excombatientes

Esta es una de las conclusiones más dramáticas del informe: la violencia contra excombatientes no cesa y sigue afectando la consolidación de la paz. El informe destaca que la Misión verificó 19 asesinatos de excombatientes (todos hombres) durante este trimestre, para un total de 50 (2 mujeres) en 2020. Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado un total de 297 ataques contra exmiembros de las extintas FARC. Ese corte incluye 224 asesinatos (4 mujeres), 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio (4 mujeres). El informe resalta que en respuesta a estos ataques, en julio la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a varias instituciones estatales a tomar medidas de protección para exmiembros de la guerrilla.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha expedido 94 medidas urgentes de protección para excombatientes. Pero aun así, según la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, 19 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo Final mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de medidas de protección. El representante de la ONU señaló que es de vital importancia que la Subdirección Especializada cuente con suficientes recursos para que pueda tramitar las más de 400 solicitudes de protección pendientes.

El informe, además, reiteró sobre el alto riesgo que en particular enfrentan más de dos tercios de la población total de excombatientes que llevan a cabo su proceso de reincorporación fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Estos excombatientes enfrentan mayores riesgos, tanto por inseguridad como por acceso insuficiente al apoyo institucional y a oportunidades productivas.

3. ¿Quién dispara contra la paz?

Con respecto al avance en las investigaciones sobre ataques contra excombatientes, el informe de la ONU señala que hasta la fecha la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación ha reportado 31 condenas y 20 casos en etapa de juicio. En el periodo del informe fueron detenidos 4 sospechosos de ser autores intelectuales, con lo que en total suman 15 desde la firma del Acuerdo Final. Al respecto, el representante de la ONU en Colombia instó a “todas las instituciones relevantes a que apoyen a la UEI para que fortalezca su presencia en las regiones con mayor número de ataques a excombatientes y que así pueda continuar avanzando en llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de estos ataques”.

Sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el informe de la Misión de Verificación señala que el presidente Iván Duque convocó una sesión plenaria el 12 de agosto y que se realizaron tres sesiones regionales de la Comisión durante este periodo, en Nariño, Córdoba y Cauca. Para el delegado de la ONU se requiere que la Comisión formule y lleve a cabo una política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, teniendo en cuenta las contribuciones de la sociedad civil, con el objetivo de avanzar hacia su implementación en 2021.

4. Covid y los excombatientes

Sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en las iniciativas productivas de excombatientes, el informe señala que en las mesas técnicas del Consejo Nacional de Reincorporación se han tomado medidas para mitigar el impacto, incluyendo capacitaciones y apoyo a iniciativas de seguridad alimentaria a pequeña escala. Así mismo, se ha facilitado la conectividad digital a 53 proyectos productivos para mejorar su acceso a la asistencia técnica remota.

Sobre el contagio, el informe advierte que a la fecha al menos 88 excombatientes (33 mujeres) han dado positivo por covid-19, dos de los cuales fallecieron. En los ETCR, para contener la propagación del virus se han realizado brigadas de salud que han beneficiando por igual a las comunidades y a los excombatientes.

5. Proyectos productivos

En lo referente al proceso de reincorporación, el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó nueve nuevos proyectos productivos colectivos, para un total de 66 proyectos que benefician a 2.928 excombatientes (837 mujeres). De estos, 49 han recibido los fondos. En cuanto a proyectos productivos individuales, 158 fueron aprobados este periodo, para un total de 1.467 que benefician a 1.734 excombatientes (379 mujeres). Casi un tercio de las personas en proceso de reincorporación ha recibido apoyo financiero a través de proyectos colectivos o individuales. El secretario general reitera la importancia de la tierra como un requisito esencial para la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos productivos.

En esta misma línea, el secretario general señaló que es clave continuar con el proceso de consolidación de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, conocidos como ETCR. La Misión señala que la formalización de estos y la titulación de tierra ayudarían a reducir la incertidumbre y a construir perspectivas de largo plazo a miles de excombatientes y sus familias. Al respecto, se señala como “un avance positivo la compra de la tierra del antiguo ETCR de Icononzo (Tolima)” al tiempo que se señala que la meta es que el Gobierno compre tierras para otros nueve antiguos ETCR antes de finalizar el año.