La triple interinidad de la Costa

Alcaldes encargados gobiernan tres grandes capitales del Caribe colombiano porque sus titulares fueron separados de sus cargos por diferentes razones. Esa interinidad está causando inestabilidad y traumatismos en la administración y desarrollo de Cartagena, Santa Marta y Riohacha, debido a que esos reemplazos no tienen la legitimidad ni el poder de los elegidos en las urnas.

A Fabio Velásquez Rivadeneira, alcalde de Riohacha, lo detuvieron el 27 de enero de 2017 por irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar de los colegios urbanos y rurales de la capital de La Guajira. A pesar de llevar casi diez meses en la cárcel La Picota de Bogotá, no ha sido posible adelantar elecciones para escoger a un nuevo burgomaestre. Velásquez fue capturado en compañía de la secretaria de Educación, Dilcey Acosta Novelis, a quienes les imputaron los delitos de contratación sin lleno de requisitos y peculado por apropiación. Además, la Procuraduría les formuló pliego de cargos porque pudieron incurrir en falta grave a título de culpa gravísima o dolo, es decir, tuvieron la intención de hacer daño.

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Por su parte, Manuel Vicente Duque Vásquez, alcalde de Cartagena, fue suspendido del cargo el 17 de mayo de este año por la Procuraduría General de la Nación por su presunta responsabilidad en la caída del edificio Blas de Lezo II, en el que murieron 21 obreros y 30 más resultaron heridos.

Pero la suspensión de la Procuraduría era lo menos grave que tendría que afrontar Duque. El primero de agosto, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se trasladó a Cartagena con una tropa de fiscales y agentes del CTI para detenerlos a él, a su hermano de crianza, José Julián Vásquez, a la contralora distrital y a dos concejales. Les imputaron los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer, asociación para cometer delitos contra la administración pública y usurpación de funciones, entre otros, por la elección fraudulenta de la contralora distrital que, además de no reunir los requisitos, sirvió para firmar un pacto entre todos para repartirse la burocracia de la administración de la Heroica y no hacerse daño.

Si estos dos alcaldes están en semejante situación, ¿por qué no ha sido posible hacer elecciones y las ciudades han tenido que quedar en interinidad? A pesar de la gravedad de los delitos que le imputan, el alcalde de Riohacha sigue siéndolo mientras no renuncie ni la justicia lo condene. Es más, esta incertidumbre ha dado lugar a un interminable enfrentamiento político no solo local, sino con el gobierno central. Cambio Radical, partido al que pertenece el alcalde imputado, está enfrentado con la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior para que nombren a un alcalde de ese grupo político, mientras se logran adelantar elecciones. Pero esto no ha sido posible.

Amparado en la amplitud y zonas grises legales, el gobierno ha decidido mantener en esta ciudad a alguien cercano. Cambio Radical ha enviado dos ternas: le devolvieron la primera porque directivos del partido en Riohacha manifestaron que dos de los opcionados tenían inhabilidades. Sin embargo, la dirección nacional del partido envió una nueva desde el mes de julio, pero el gobierno no ha decidido al respecto. Frente a esto, Cambio presentó una acción de cumplimiento y el fallo, expedido el 16 de noviembre, ordena al presidente designar un alcalde de esta terna, pero aún no lo ha hecho.

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El ministro del Interior, Guillermo Rivera, en diálogo con SEMANA, dijo que estaban estudiando las hojas de vida para designar alcalde. Durante estos diez meses ha gobernado a Riohacha una alcaldesa del grupo del representante a la Cámara Alfredo Deluque, del Partido de la U.

El caso de Cartagena muestra otras facetas de las dificultades y falta de claridad, y de tiempos a la hora de resolver la suerte de una ciudad cuando su mandatario debe dejar su silla. El alcalde Duque, quien sigue detenido, renunció el 31 de octubre. El Movimiento Primero la Gente elaboró una terna que, de forma absurda, consultó en la cárcel al hermano de crianza de Manolo Duque, lo que se filtró a los medios y los ternados dimitieron antes de que llegara a Presidencia. Este escándalo llevó a la renuncia colectiva de los directivos del movimiento, y a la fecha no existe una terna ni convocatoria a elecciones, que no se sabe cuándo se realizarán, pero ya hay en Cartagena 20 candidatos.

Mientras esto ocurre, el gobierno encargó a Sergio Londoño Zurek, director de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y miembro del Partido de la U, quien tiene en sus manos la posibilidad de decidir temas tan importantes como el futuro de la Base Naval, que ha enfrentado en los últimos años a los cartageneros con el gobierno. El lío de este tipo de encargos es que la administración de una ciudad no se puede detener, pero si se toman grandes decisiones, estas quedan sin la suficiente legitimidad.

Precisamente, lo ocurrido en estas dos capitales muestra varias problemáticas: primero, las debilidades en los partidos y movimientos que postulan o avalan candidatos; segundo, los grandes vacíos por definir cuando el mandatario debe dejar el cargo; y tercero, que todos, desde el gobierno nacional hasta el local, además de los políticos, usan las zonas grises para sacar provecho de estas situaciones. Se requiere con urgencia claridad. Además, la designación del reemplazo en el caso de las ciudades capitales debería ser más ágil y no estar sujeta al arbitrio presidencial.

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Ahora bien, más actuaciones también tienen en vilo a otras ciudades del Caribe. En Santa Marta, la Procuraduría General suspendió por tres meses al alcalde, Rafael Martínez, porque estaría participando en política a favor del exalcalde Carlos Caicedo, quien se encuentra recogiendo firmas como aspirante a la Presidencia de la República. Los dos asistieron a varios actos con motivo de la entrega de los escenarios de los Juegos Bolivarianos. En un comunicado, el alcalde Martínez dijo que acataba la decisión, que acudiría a la audiencia el próximo 30 de noviembre, pero advirtió que no ha incurrido en falta alguna porque Caicedo no se ha inscrito y porque ha ido a esos actos por invitación de Coldeportes o de la propia Presidencia de la República.

El caso de Martínez abrió en la ciudad un debate, aumentado por el reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana en el caso del exalcalde Gustavo Petro, sobre si una autoridad administrativa puede suspender a un alcalde elegido popularmente cuando no pesan acusaciones penales, sino políticas o administrativas. La Procuraduría ha contestado diciendo que no es una autoridad administrativa, sino disciplinaria.

Lo que ocurre en estas ciudades se repite a lo largo y ancho del país, en Alcaldías y Gobernaciones, y deja en claro que el Estado y el sistema democrático son una colcha de retazos. Para el constitucionalista Juan Pabón, profesor de las Universidades del Norte y del Atlántico, todo se debe precisamente a un mal diseño institucional porque el presidente de la república termina resolviendo las crisis políticas y administrativas de los distritos, municipios y departamentos, cuando lo deberían hacer los Concejos y Asambleas. “En Colombia tenemos un presidencialismo excesivo, pero débil, que nombra y destituye, aunque no resuelve el problema. Al mismo tiempo, los órganos representativos locales no tienen facultades para resolver los vacíos políticos ni administrativos, que sumados a la debilidad de los poderes regionales y el excesivo poder central, terminan judicializando la política”, dice Pabón.