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| 10/21/2017 10:15:00 PM

Cartagena: entre el infierno y el paraíso

La heroica está en su peor crisis política y de liderazgo, con el alcalde preso y la mayoría del Concejo ‘sub judice’. El futuro de la ciudad puede ser muy próspero o tortuoso. Están en juego proyectos de gran envergadura que impactarán a toda la región Caribe.

Cartagena está en su peor crisis política La ciudad necesita, como nunca antes en su historia reciente, fortalecer sus instituciones y renovar su liderazgo político

Cartagena, el corralito que todos los colombianos quieren como si fuera su ciudad, pasa por un momento decisivo. Institucionalmente, está a la deriva y sin gobierno. Amplios sectores sufren problemas sociales y desigualdades muy profundas. Y la economía siente los vientos pesimistas del resto del país. Pero también hay grandes proyectos, oportunidades y un potencial enorme que, con una atención eficaz del gobierno nacional y de la región, podrían catapultarla como el epicentro del Caribe. La ciudad está en el filo de la navaja, entre un futuro próspero, y uno tortuoso y lleno de espinas.

La solución a la crisis política y de gobernabilidad no puede esperar más. La ciudad tiene un vacío de poder a raíz de la detención del alcalde, Manuel Duque, en la cárcel de Sabanalarga; de su hermano de crianza, José Julián Vásquez, quien funcionaba como burgomaestre en la sombra; de la contralora distrital, Nubia Fontalvo, y de dos concejales por haber hecho un pacto para elegirla y repartirse la burocracia. Y la mayoría de los concejales están ad portas de ser detenidos cuando la Fiscalía les impute cargos a otros siete cabildantes por haber participado en la trama de la contralora.

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La ciudad necesita, como nunca antes, fortalecer sus instituciones y renovar su liderazgo político. Según el Dane, Cartagena es la segunda ciudad de Colombia con el mayor número de pobres después de Quibdó, y es la tercera en ingresos bajos, solo superada por Santa Marta y Cúcuta. Además, el 5,5 por ciento de la población (más de 50.000 personas) vive en la pobreza extrema. Estas y otras cifras ratifican los planteamientos que el codirector del Banco de la República Adolfo Meisel-Roca y el economista Jhorland Ayala-García hicieron en el documento ‘La exclusión en los tiempos del auge: el caso de Cartagena’, publicado en octubre pasado. Allí ponen en evidencia cómo el apogeo del turismo y de los sectores industrial y portuario, que hacen de la Heroica la tercera más grande del país en PIB, no se ha traducido en bienestar para sus habitantes.

La crisis política e institucional amenaza a la única ciudad del país en la que están en juego inversiones que pueden superar los 8.000 millones de dólares en los próximos años. Los nuevos edificios y proyectos hoteleros, el traslado de la base naval, la ampliación e inversión de los puertos, la consolidación de la industria petroquímica de Mamonal o la expansión turística convierten a Cartagena en la gran oportunidad de Colombia y la región. Pero por donde se mire aparece desgobierno: playas y calles invadidas por vendedores ambulantes; una gigantesca informalidad en el turismo y el comercio; pandillas y bandas criminales que hacen de las suyas incluso en la ciudad antigua; empresarios que no encuentran reglas claras o que aprovechan las zonas grises; y una ciudadanía que hace rato viene perdiendo la paciencia. En lo que va del año, por concepto del impuesto de delineación urbana, la ciudad solo ha recaudado 2.600 millones de pesos, cuando tenía presupuestado recibir 7.000 millones.

Según el gerente regional del Banco de la República, Jaime Bonnet, Cartagena ha mantenido un gran atractivo para los inversionistas y siempre habrá recursos para nuevos proyectos que se reflejan en mayores recaudos por impuesto predial. El problema es la capacidad de su aparato oficial para ejecutar las obras. En el Emisario Submarino y en Transcaribe las demoras e ineficiencias incrementaron los costos.

Pero la mayor preocupación recae en el campo político. Desde hace siete años, cuando Judith Pinedo dejó la Alcaldía, Cartagena cayó de nuevo en una montaña rusa en la que los alcaldes o no terminan o no pueden gobernar porque tienen en contra al Concejo o a la clase política tradicional. La crisis institucional ya completa seis años: van tres alcaldes elegidos, uno en periodo atípico y otros siete como encargados.

Y el Concejo municipal podría quedar sin miembros en los próximos meses si avanzan las acusaciones. El martes, la Fiscalía imputará cargos a los concejales Luis Cassiani, Américo Mendoza, Édgar Mendoza Saleme, Javier Curi, Eric Piña, Salim Guerra, William Pérez y el exconcejal Zaith Adechini por el presunto delito de cohecho propio. De acuerdo con el escrito radicado por la fiscal Liliana Hernández el 20 de septiembre, la audiencia de imputación contempla solicitud de medida de aseguramiento. En caso que el juez la acepte, los diez cabildantes que quedan podrían sesionar, pero de ellos otros cinco están en capilla por haber participado en la votación de la contralora. Si esto ocurre, el Cabildo quedaría sin quorum para aprobar proyectos, una situación inédita en la historia de la ciudad.

Otros horizontes

Lo más llamativo es que, pese a las dificultades políticas, de gobernabilidad y de falta de liderazgo, Cartagena mantiene un dinamismo económico que envidiarían otras ciudades del Caribe. La economía cartagenera tiene tres pilares: el turismo, el portuario, y el sector industrial y petroquímico de Mamonal. Cifras de la Cámara de Comercio muestran que en este momento están en obra, o en proyecto, 230 edificios, condominios o centros comerciales, entre otros, que implicarán una inversión superior a 3.000 millones de dólares en los próximos cinco años.

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De acuerdo con ese estudio, solo en la zona norte están en ejecución 38 proyectos por valor de 2.136 millones de dólares, desde hoteleros y residenciales hasta comerciales e industriales, como la ciudadela Serena del Mar. En la zona urbana existen 76 proyectos por 311 millones de dólares y en la isla de Barú hay contemplados 7 proyectos por valor de 132 millones de dólares.

El dinamismo se alimentaría también si entrara en juego la base naval, ubicada entre el centro histórico y una parte de Bocagrande. La construcción de la nueva base, ya sea en Tierrabomba o en Pasacaballos, según el gobierno debe financiarse con el desarrollo inmobiliario de una parte de las 31 hectáreas de su terreno actual. A cambio, Cartagena recibiría un gran parque, una marina internacional para cruceros, calles y andenes que desembotellarían esa zona. Sería el proyecto económico y estratégico más grande de todo el país.

El futuro de la base ha enfrentado a la ciudad con el gobierno y, al parecer, este jueves se anunciará la decisión final. Se cree que la nueva instalación y lo que se haga en sus antiguos terrenos podrían requerir inversiones de entre 4.000 y 8.000 millones de dólares, cifras solo comparables a las de la Refinería de Cartagena.

El sector portuario también pasa por un momento decisivo. Además de garantizar que Cartagena siga siendo el gran puerto colombiano, con la ampliación del Canal de Panamá las empresas tienen preocupaciones que no han sido escuchadas. Una de ellas consiste en que mientras por los puertos se mueve el 70 por ciento de las exportaciones del país, la ciudad solo recibe el 3 por ciento de lo que factura. El resto va para la Superintendencia de Puertos. Si el gobierno le dejara la mitad o más de los 120.000 millones de pesos que genera al año, ello permitiría financiar obras y programas para mejorar las condiciones de vida de los cartageneros.

El sector industrial, por su parte, no tiene problemas, pero en buena medida está de espaldas a la ciudad. En especial el enclave petroquímico de Mamonal, que genera el 36,5 por ciento de la producción industrial y el 16,2 por ciento de las exportaciones industriales de Colombia. Según un estudio reciente de la Cámara de Comercio, las 200 empresas más grandes de la ciudad triplicaron en los últimos 10 años sus activos hasta llegar a 51 billones de pesos. Reficar, la más grande del Caribe, lidera las empresas seguida de otras como Puerto Bahía, Zona Franca Argos, Contecar, Tenaris TuboCaribe, Yara Colombia, Biofilm, Surtigás, Mexichem Resinas, entre otras. Estas generaron ingresos por 16,8 billones de pesos en 2015.

Algunos analistas críticos resaltan que muchas de estas empresas son multinacionales con sede en otras ciudades, o dependen del Estado, como Ecopetrol. Muchas funcionan como enclaves y con directivos que no tienen arraigo en Cartagena. Lo cierto es que una verdadera estrategia de competitividad y de apoyo a la industria local hasta ahora ha brillado por su ausencia. Y con una institucionalidad política en crisis no va a ser fácil ponerla en marcha, a pesar de su urgencia.

El panorama es preocupante y el problema no es solo de los cartageneros. La Heroica es de todos los colombianos que la ven como su destino turístico preferido, y valoran y defienden como propio su patrimonio arquitectónico o cultural.

El cartagenero Bruce Mac Master, presidente de la Andi, le dijo a SEMANA hace unos meses que “no hay una clase dirigente ni política genuinamente interesada en la ciudad. Por el contrario, una parte se la ha robado varias veces”. Con problemas graves de desigualdad y pobreza, y en un momento clave para su futuro, la política importa mucho. Tanto, que si no se endereza puede echar por la borda sus grandes oportunidades económicas.

“Tenemos que quitarnos la máscara”

El politólogo cartagenero Sergio Alfonso Londoño Zurek, director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, es el alcalde encargado de Cartagena. Esto piensa sobre la crisis y cómo salir de ella.

¿Hay posibilidades de un pacto de gobernabilidad con miras a 2033 cuando se conmemoran los 500 años de la ciudad?

Los cartageneros nos tenemos que quitar la máscara y ver la ciudad como es: una que va más allá de sus monumentos y playas. Hay una alta desigualdad social y mucha pobreza; tenemos que ver la debilidad institucional y la fragmentación social.

¿Qué tan factible es un pacto con los empresarios, líderes, políticos y el gobierno nacional?

Para hacer un pacto hay que sincerarse. La ciudad está mediada por intereses políticos y ese ha sido el mayor impedimento para su desarrollo y crecimiento, porque es una política concebida para usarla como banco, no solo electoral.

¿Qué se necesita para que los cartageneros se quiten la máscara?

Que nos veamos como somos.

¿Dónde está el sector privado, que se ufana de ser adalid de la democracia, ayudando a que en la ciudad haya procesos transparentes?

Más allá de sentarse frente al alcalde a darle cátedra, debe dar más. Avalamos los observatorios, pero ¿dónde está la verdadera vocación sin interés de la clase empresarial o del sector privado?

¿Qué propone a los empresarios y políticos para superar esta crisis?

La ciudad tiene que ponerse la megameta de superar la pobreza extrema en 2033. En ese propósito hay inversiones en infraestructura, educación, salud, vivienda y todos los sectores que nos permitan superar la inequidad. Esa meta conlleva una reforma administrativa porque las instituciones tienen que ser capaces de afrontar el ritmo y el crecimiento de la ciudad.

Aquarela borrosa

El pasado 4 de abril, 24 días antes del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II que dejó 21 muertos en Cartagena, el alcalde Manolo Duque y la secretaria de Planeación, Luz Helena Paternina, recibieron una carta de la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, en la que les advertía la preocupación por el proyecto de vivienda de interés social (VIS) Aquarela, en la manzana 186 del barrio Torices, a escasos 200 metros del castillo de San Felipe.

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Según el ministerio, ese proyecto que se construiría en un predio de 5.412 metros iba a tener cuatro torres de 31 y 32 pisos, con 772 apartamentos con áreas de 43 y 56 metros, más una torre adicional de 6 pisos para parqueaderos. La manzana donde ya se está construyendo la primera torre está a escasos 400 metros del centro histórico y no se entiende por qué, si desde Planeación se puede divisar el avance del proyecto, no lo vieron.

En un documento sobre Aquarela, elaborado por el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar, cuenta que el proyecto tiene concepto favorable del Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena (IPCC), porque se encuentra fuera del área de los 200 metros de influencia del castillo de San Felipe. Además, tiene certificado del Fondo de Vivienda de Interés Social Distrital (Corvivienda), que señala que el proyecto puede catalogarse como VIS.El ministerio sostiene que el Distrito, al responder una inquietud del curador urbano número 1, terminó validando a Aquarela a través de una circular de la Secretaría de Planeación de 2013. Sin embargo, el ministerio y varios expertos consideran que con esa circular, al igual que otras 9 que ha expedido desde 1990, modificó el POT sin pasar por el Concejo, lo que haría ilegal esa obra. Escobar manifestó que el ministerio denunció la inconveniencia del proyecto, y como la Alcaldía no tomaba medidas, presentó una acción popular para detener las obras. El alcalde encargado, Sergio Londoño, le salió al paso al ministerio y dijo que realmente ellos advirtieron sobre la inconveniencia de la obra. El alcalde dijo que el IPCC invitó al ministerio en 2016 para revisar el proyecto y enviaron a una asesora, pero que la entidad tardó un año en expedir la resolución que ampliaba el área de influencia del castillo para evitar las megatorres.

Lo cierto es que esta obra dejó al descubierto el caos y mal manejo que le ha dado la ciudad a la construcción, así como la obsolescencia del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, que debe adelantar el Ministerio de Cultura con Cartagena. Ojalá ahora el alcalde, que es más cercano al gobierno que a la clase política local, empiece a resolver parte de estos y otros problemas.

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