Fiscal asegura que proyecto anticorrupción del uribismo es "limitado e insuficiente"

Desde la academia, la Universidad Externado elaboró un estudio que aborda en cuatro frentes la corrupción en Colombia. Las conclusiones, en manos de las cabezas de los entes de control en Colombia y del Gobierno, fueron discutidas en un foro en el que se pusieron en tela de juicio varias de las fórmulas de lucha contra la corrupción que existen en la actualidad y otras que comenzarán a discutirse. 

Hace una semana, el uribismo presentó al Congreso un paquete de iniciativas -algunas coinciden con puntos sobre los que los colombianos votarán en la consulta anticorrupción- que buscan llenar vacíos normativos urgentes. Una de estas disposiciónes establece, por ejemplo, que se elimine la imprescriptibilidad de delitos que atenten contra la administración pública. A este punto específico, voceros de la academia cuestionaron si en realidad representa una solución, y más teniendo en cuenta que en un alto porcentaje de hechos irregulares en contratación tiene participación la empresa privada. 

Ante interrogantes como estos, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, manifestó que en efecto esta medida es "limitada e insuficiente". Aplaudió que se frene la oportunidad que están teniendo los "pillos" para que con el paso del tiempo "consoliden sus estructuras delincuenciales" y se adueñen de fortunas ilegales. Sin embargo, aseguró que en Colombia no solamente hay peculados, cohechos, concusiones; "también hay delitos contra la administración de justicia" que requieren ser revisados. Al respecto, manifestó que estos casos también requerirán de la imprescriptibilidad. 

Entre los invitados a la presentación del informe del Externado estaba la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, quien manifestó que para evitar que se presenten una cascada de proyectos, se está trabajando con la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en una propuesta integral de lucha contra la corrupción. Este proyecto, en todo caso, incluirá la creación de un sistema nacional que garantice transparencia en nombramientos del Estado y un bloque de búsqueda contra los corruptos.

Sin embargo, también se prevén otras medidas que fueron aportadas por los entes de control y que están siendo estudiadas por el gobierno nacional. 

Aunque el informe académico recomendaba suprimir la UIAF y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia por su alto grado de inoperancia y por representar una alta cuota burocrática, la vicepresidenta manifestó que estas instituciones tendrán un nuevo rumbo en este gobierno y que serán protagonistas. En específico, se refirió al rol en materia de prevención que se liderará desde la presidencia. 

Rebarajar las penas a los corruptos

El fiscal general anunció que elevó una solicitud al gobierno nacional para que se creen jueces especializados de corrupción. Según el jefe del ente investigador, actualmente tienen un equipo de más de 100 fiscales que forman parte de la unidad que lucha contra estos delitos y que ha dado golpes importantes. Sin embargo, aseguró que los delitos de mayor tasa de crecimiento con relación al año anterior son precisamente los relacionados con corrupción. 

Al respecto, el fiscal manifestó que se necesitan jueces especializados anticorrupción. Esto para evitar que ante la congestionada agenda de los jueces penalistas del país, los imputados terminen en sus casas. Citó, por ejemplo, el caso de InterBolsa que lleva 33 meses en audiencia preparatoria, ante lo cual anticipa que los investigados van a quedar en libertad.  

El fiscal también lanzó una fuerte crítica al sistema de beneficios que tienen a su disposición los corruptos: "Es música celestial cuando Duque dice que vamos a revisar las penas en delitos contra la corrupción", indicó. 

Según Martínez, delitos como el cohecho propio, cuya pena se mueve entre los 6 y 12 años tiene los siguientes beneficios: Si el ciudadano se allana a cargos tiene beneficio del 50 por ciento de rebaja. De manera que la media -que es 9 años- pasa a 4,5 años. Si redime con estudio y trabajo la pena se reduce a 2 años. "Y si la libertad condicional la recibe dando cumplimiento a las 3/5 partes de la pena, le quedamos debiendo pena al cohechador", cuestionó. 

El procurador Fernando Carrillo también sentó su postura en defensa de las competencias que tiene el ente de control para  sancionar a quienes hayan sido elegidos por voto popular e incurran en delitos de corrupción. "Hay quienes creen que el voto popular da licencia para corromper y eso no lo vamos a pemitir".

En este foro quedaron lanzadas las cartas de quienes integran los órganos de control para luchar contra la corrupción. Y aunque hay una consulta y unos proyectos de ley listos para votarse (por los colombianos y por el Congreso) las baterías parecieran estar enfiladas a cambios normativos de fondo que serán presentados por el Gobierno al Congreso en breve.