La oferta kamikaze que habría llevado a Conconcreto a ganar el contrato para el tercer carril Bogotá-Girardot

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Conconcreto y otras compañías por colusión o cartelización empresarial durante el proceso de selección para la construcción del denominado Tercer Carril Bogotá – Girardot. Un proceso de Asociación Público Privada (APP) de iniciativa privada de más de 2,9 billones de pesos y que fue adjudicado a dicha compañía el 26 de agosto de 2016.

En el pliego de cargos la SIC indicó que el consorcio del cual habría hecho parte la Constructora Conconcreto e Industrial Conconcreto habrían resultado adjudicatarios de la billonaria obra con la ayuda y mediante la colusión con otro consorcio conformado por las firmas Benton y China Gezhouba, quienes habrían presentado una oferta artificialmente baja (kamikaze) “y cuya única vocación era la de afectar, ilegal y anticompetitivamente, la media de adjudicación en favor de Conconcreto”.

Además, la entidad encargada de vigilar la competencia en las licitaciones públicas también formuló pliego de cargos contra Carlos Alberto Solarte y su compañía CASS Constructores, que haciendo parte de otro consorcio habrían intercambiado información sensible dentro del proceso de selección con Conconcreto y al inhabilitarse habrían facilitado la estructuración de su oferta ventajosa, “lo que junto con la presunta colusión le habría casi asegurado, como en efecto ocurrió, la adjudicación del contrato”, afirma la SIC en un extenso comunicado en el que también adjuntan mensajes de Whatsapp, correos electrónicos, documentos físicos y electrónicos, declaraciones, testimonios y los análisis matemáticos y económicos de las diferentes propuestas presentadas.

Finalmente, se formularon cargos contra 8 altos directivos de las compañías involucradas, incluyendo a Juan Luis Aristizabal Vélez, Presidente de Conconcreto, quien también fue acusado de haber obstruido la investigación al destruir y ocultar toda la información.

La presunta colusión o cartelización, además de violentar la transparencia del proceso de selección contractual, habría perjudicado los intereses de los demás oferentes, especialmente, del originador del proyecto: la estructura plural liderada por CONALVÍAS que era el originador del proyecto y que se vio imposibilitado de presentar una contraoferta, “habida cuenta de la forma tan precisa y calculada como se estructuraron de forma conjunta y complementaria las ofertas que presentaron las empresas coludidas o cartelizadas”, afirmó la SIC.

Sin duda, esto constituye un duro golpe contra el desarrollo de la infraestructura en el país y para el futuro de esta vital obra.

La Superintendencia aclaró que la investigación no involucra el comportamiento de ningún funcionario público ni de la Agencia Nacional de Infraestructura y, por el contrario, el Estado es una víctima de estas prácticas ilegales.

La SIC compulso copias de la actuación administrativa a la Fiscalía General de la Nación. De encontrarse responsables se exponen a multas de alrededor de 78.124 millones, en el caso de las compañías, y de 1.562 para las personas naturales. Las señalados tienen 20 hábiles días para presentar descargos y aportar y pedir la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.