Por una institucionalidad para el transporte

Los expertos que participaron en el foro ‘Perspectivas de la infraestructura del transporte en Colombia’, organizado por SEMANA y el Ministerio de Transporte, coincidieron en la necesidad de fortalecer la institucionalidad entre el gobierno y las regiones para mejorar la ejecución de los proyectos y aprovechar los alcances de la Ley de Infraestructura para solucionar cuellos de botella como los creados por las consultas previas y la expropiación de predios. 

A pesar de que los recursos públicos para infraestructura pasaron de 3,7 billones de pesos en 2010 a 8,7 billones en 2014, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, aseguró que la inversión debe aumentar para enfrentar el rezago, y propuso considerar la venta de porcentajes de Ecopetrol para tener recursos.

La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, destacó la importancia adquirida por las vías secundarias y terciarias. Indicó que a través del Instituto Nacional de Vías se construirán 34.000 kilómetros de vías terciarias con una inversión de 2,5 billones de pesos.

Por su parte, Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, y Víctor Traverso, director de la Corporación Andina de Fomento, recomendaron poner en marcha “planes maestros de infraestructura” a largo plazo que se conviertan en políticas de Estado que no cambien según el gobernador de turno.

“Con la suficiente habilidad jurídica y la dosis adecuada de oscuridad pueden hacer lo que quieran con la plata del Estado”. Con esa escueta frase el gobernador de Antioquía, Sergio Fajardo, describió lo que busca evitar con su propuesta el programa Colombia Compra Eficiente (CCE).

La importancia estratégica de las adquisiciones que hace el Estado, tema del foro, requiere que dejen de ser un trámite administrativo engorroso y complicado, y pasen a ser procesos eficientes y transparentes.

Para la directora de CCE, María Margarita Zuleta, el modelo de las compras públicas atraviesa una “transformación en el paradigma”. Actualmente el único objetivo es evitar la corrupción, mientras que el nuevo esquema tiene como pilares que se cumpla el propósito del contrato que es entregar  bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Para ello es necesario planear bien, invertir eficientemente los recursos públicos, buscar rentabilidad y supervisar en línea. 

Varios panelistas coincidieron en que la participación de ciudadanos y proveedores es clave. Según Mauricio Casasfranco, asesor de  la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, “desde el colegio deben enseñar que los recursos públicos son nuestro dinero”.

La tecnología juega un papel clave, como destacaron Marc Eichman, presidente de UNE, y Juan Ramiro Martínez, de Bancolombia. El avance para enfrentar la oscuridad de las compras estatales puede consistir en que los proveedores (en especial las Pymes) y entes de control sigan en línea los contratos hasta que se terminen con la segunda versión del Sistema Electrónico de Contratación Pública.